También, en abril de 2022, el presidente envió al legislativo una reforma constitucional para cambiar de fondo los lineamientos establecidos en 2013 y con los cuales se abrió el mercado eléctrico y petrolero a la iniciativa privada. Pero este intento fracasó desde un inicio. Morena no reunió los votos de la mayoría calificada y entonces el presidente se decantó por dejar la tarea de una reforma a nivel de la Constitución para quien le sucediera, según declaró en ese momento.
Pero ahora, se ha puesto como objetivo de nueva cuenta favorecer a la estatal CFE a través de un cambio constitucional, que también requerirá de la aprobación de una mayoría calificada en ambas cámaras. Aunque, a diferencia de los intentos pasados, la nueva reforma toca menos puntos contra las compañías privadas y pretende en lo general modificar la forma en que se concibe a la compañía eléctrica nacional.
En el documento menciona como principal objetivo eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, como se denominó a la CFE y a Pemex con la reforma de 2013 para que ambas compañías funcionaran bajo la premisa de crear beneficios económicos al Estado y para que las decisiones se tomaran con base en ello. Desde la crítica obradorista, esto último sólo ha hecho que la CFE sea una empresa que tiene como finalidad una “mera obtención de utilidades, sin ninguna función social”, según el texto entregado ayer al legislativo.
El documento no propone un nuevo concepto para la empresa estatal. Pero en su conferencia de ayer lunes, López Obrador dijo que buscará que la CFE sea una “empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional”.
¿Qué significa ser una empresa pública?
Dos abogados consultados explicaron que este cambio podría implicar deshacer algunos mecanismos en la compañía como la separación de segmentos de negocios en distintas filiales o las figuras de los consejeros independientes. También, dicen, que podría tener como finalidad regresar la rectoría del mercado a la CFE en actividades como la comercialización, la planeación del sistema y el despacho eléctrico –la elección de qué plantas surtirán y en qué momento energía al sistema–. Todo ello se intentó hacer vía distintos mecanismos de manera previa sin que estos fueran aprobados o que fueron frenados por jueces o la Suprema Corte.
La iniciativa no específica si este cambio también modificaría la forma en que se concibe a la estatal Pemex.
El documento también propone eliminar el concepto de “mejores prácticas” y dejar de lado lo relacionado con la definición de gobierno corporativo. Pero no menciona algunos de los puntos álgidos incluidos en otras iniciativas como la cancelación de los permisos de autoabasto, la eliminación de los certificados de energías limpias, la revisión de los contratos y tampoco denomina a la CFE como el único abastecedor de electricidad.
Pero sí retoma la mayoría de los principales puntos propuestos en el proyecto de reforma de 2022 que no logró pasar el legislativo: la eliminación del concepto de empresa productiva del Estado y la desaparición de los dos reguladores del sector, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
En la iniciativa relacionada con la desaparición de los organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el ejecutivo ha decidido sumar a los dos reguladores del mercado eléctrico y petrolero, bajo el objetivo de continuar con el principio de “austeridad republicana”.
