Para lograr el objetivo del mandatario, la iniciativa de reforma señala que CFE Telecomunicaciones, hasta ahora encargada de cerrar la brecha digital del país, dejará la figura estatal para convertirse en una empresa pública para “preservar la seguridad nacional”.
Hasta ahora CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos mantiene un estatus de empresa estatal que tiene la obligación de desplegar infraestructura y red de fibra óptica en sitios donde no hay cobertura para cerrar la brecha digital. También tiene un título de concesión que sólo le permite operar en zonas remotas donde aún no llegan los grandes operadores de telecomunicaciones como Telcel, Movistar y AT&T, cuya restricción ha sido incumplida desde hace dos años cuando comenzó a comercializar servicios de internet.
Pero la propuesta que ha llegado al legislativo cambiará el carácter jurídico de la empresa. Expertos consultados por Expansión explicaron que al convertir a CFE Telecomunicaciones en un ente público implicaría que reciba mayores recursos del erario público. Además la compañía dejaría de tener la limitación de comercializar servicios de telecomunicaciones en ciertos lugares.
Sin embargo, la iniciativa no especifica si CFE Telecomunicaciones, al convertirse en un ente público tendrá la facultad de compartir o arrendar su red, así como la obligación de entregar reportes de sus avances y el papel que jugará Altán Redes con los cambios jurídicos de la estatal.
¿Competencia desleal?
Con las nuevas propuestas de reformas constitucionales CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos se colocaría en una posición de ventaja. El nuevo regulador de la industria de la conectividad sería el propio Estado a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT). Además el proyecto en materia de internet señala que no podrá señalarse como “monopolio el servicio de internet que provea el Estado, el cual tendrá prevalencia sobre las empresa privadas”.
La redacción del documento blinda y otorga mayor poder a CFE Telecomunicaciones sobre sus competidores del sector.
“Esto no es nuevo. El Estado a través de sus iniciativas como lo hemos visto con las energéticas da preferencia a las empresas del Estado y ahora se pretende favorecer a la compañía de internet sobre las empresas privadas. Lo que se propone es que la mano izquierda controle a la derecha con parte del mismo cuerpo”, lamenta Fernando Borjón, excomisionado del IFT.
De aprobarse las reformas, la industria de las telecomunicaciones entraría en un capítulo de incertidumbre. El árbitro encargado de vigilar la libre competencia mostraría una clara inclinación a favorecer a la empresa del Estado dejando en la ‘indefensión’ a los operadores de telefonía móvil como de servicios fijos.
“La redacción del documento hasta ahora genera interpretaciones ambiguas. El Ejecutivo cuando habla de monopolio puede interpretarse que es el único que podrá dar el servicio de conectividad dejando a un lado las compañías que ahora operan en el mercado y eso es peligroso porque puede asustar a la inversión”, asegura Jorge Moreno Loza, abogado
Para los expertos no es una coincidencia que el Ejecutivo muestre un interés en las telecomunicaciones. Esta industria se ha convertido en un punto estratégico para los Estados gracias a los miles de datos que son transportados a través de las redes de las compañías y los cuales son el nuevo petróleo de los gobiernos.
Cabe aclarar que para que esta reforma se apruebe, el presidente requiere de dos terceras partes del Congreso, pero no cuenta con los votos necesarios; en la Cámara de Diputados, Morena y partidos aliados cuentan con 273 votos de los 334 que se requieren para la mayoría calificada; en tanto que en el Senado de la República sólo tiene 71 de los 84 que se necesitan. El número final puede variar y dependerá de los miembros presentes en las sesiones en las que se voten estas reformas.
