Este incremento, dicen los analistas consultados, es en parte un reflejo natural de los cambios demográficos y el aumento en la expectativa de vida. No obstante, también es resultado de decisiones políticas recientes. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha revertido algunas reformas anteriores que aumentaban la edad y el tiempo de servicio requeridos para la jubilación, medidas que habían sido implementadas durante la administración de Enrique Peña Nieto.
En concreto, se redujo nuevamente de 30 a 25 años de servicio y de 60 a 55 años de edad los requisitos para la jubilación. Estas modificaciones, aunque beneficiosas para los trabajadores, han incrementado los costos para Pemex, que tiene una base de más de 128,000 trabajadores.
Víctor Gómez Ayala, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), señala que "la presión al alza va a continuar mientras no haya un cambio en el sistema de pensiones de Pemex. Esto no va a cambiar pronto".
La situación financiera de Pemex se agrava por su alta carga de deuda, donde el pasivo laboral representa más del 30% de sus pasivos totales. A pesar de las aportaciones de capital que ha continuado recibiendo, la empresa enfrenta una presión creciente para financiar sus gastos operativos sin el apoyo adicional de Hacienda para cubrir los gastos de pensiones, como se había acordado en el sexenio anterior.
El récord de gasto parece que seguirá rompiéndose. De enero a mayo de este año, Pemex ha destinado 31,441 millones de pesos en jubilaciones y pensiones, un aumento del 7.4% respecto al mismo periodo del año anterior. La tendencia no muestra signos de desaceleración, y mientras no se implementen cambios sustanciales en el sistema de pensiones de la compañía, esta seguirá siendo una carga financiera significativa.
El impacto de estos gastos en las finanzas de Pemex y, por ende, en las finanzas públicas, es innegable. "Todos esos beneficios a favor del trabajo van en contra de la empresa. La compañía ahora enfrenta más presión por los derechos de los trabajadores y un menor apoyo de Hacienda en este rubro. Y la factura va completamente hacia las finanzas públicas", concluye Gómez Ayala.
