Energía: el pilar fundamental
De acuerdo con un estudio en conjunto de BBVA Research y la AMPIP, más de la mitad de las empresas consideran que la falta de suministro eléctrico confiable y acorde con la demanda es el factor más crítico para las empresas interesadas en nearshoring.
El presupuesto destinado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra un aumento a 545,471 millones de pesos, un incremento del 10.6% frente a 2024. Más de la mitad de este monto, 277,667 millones de pesos, se destinarán a la generación de electricidad, mientras que 28,897 millones (5.3% del total) se enfocarán en la transmisión. Aunque el aumento es relevante, analistas señalan que aún es insuficiente.
“Creemos que se requieren muchos más recursos porque con esto no estaría garantizado el suministro eléctrico que demandan las empresas”, comentó Judith Senyacen Méndez, coordinadora de investigaciones en finanzas públicas del CIEP.
Aunque el gobierno aún no ha delineado una estrategia clara hacia la descarbonización y la generación de energías limpias, el Plan Sonora se perfila como un proyecto clave en este ámbito. Además, el perfil de la presidenta Claudia Sheinbaum y el aumento en el presupuesto destinado a la CFE representan "señales alentadoras" para avanzar en la reducción de emisiones de carbono en las cadenas de valor empresariales.
“Es un tema que la presidenta ha defendido consistentemente a lo largo de su carrera, lo que permite anticipar que México apostará de manera más decidida por una transición energética ordenada”, destacó Gilberto Lozano Meade, managing partner de Roland Berger.
Logística: un nodo estratégico
Otro pilar del éxito del nearshoring es la logística. Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana han enfatizado la necesidad de mejorar la infraestructura logística en el país para agilizar las cadenas productivas y el intercambio de mercancías.
En el PPEF 2025, se asignaron 1,024,705 millones de pesos a grandes proyectos de infraestructura, con énfasis en el desarrollo ferroviario.
“El tema de los nodos logísticos es fundamental. Debemos identificar dónde estarán estos nodos y cómo conectarán con zonas clave para detonar el desarrollo económico y facilitar el comercio”, explicó Lozano Meade.
Sin embargo, las regiones rezagadas, como el sur-sureste, enfrentan mayores barreras. Proyectos de desarrollo en estas áreas, aunque prometedores, requieren inversiones adicionales en infraestructura y formación de talento para convertirse en polos industriales competitivos.
“La región sur-sureste está muy desconectada industrialmente, salvo algunas excepciones en ciertos indicadores, y necesita inversiones importantes tanto en infraestructura como en formación de talento”, destaca el Índice de Desarrollo Industrial de Finsa.
Inseguridad y agua: desafíos persistentes
La inseguridad es otro factor crítico que limita la llegada de inversiones. Según el estudio realizado por BBVA y la AMPIP, además del suministro eléctrico, la inseguridad fuera de los parques industriales es el segundo factor más relevante que considera la iniciativa privada al decidir dónde invertir.
No obstante, el presupuesto conjunto para las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública sufrió un recorte del 36.7%, quedando en 288,305 millones de pesos. Este ajuste presupuestal podría enviar una señal poco alentadora a los inversionistas, según Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP).
“Si la pregunta es si el presupuesto refleja a la seguridad como una prioridad, la respuesta es no. De hecho, la Secretaría de Seguridad también enfrenta un recorte significativo, y no se vislumbra una estrategia clara para combatir la inseguridad en el país”, declaró Macías en una conferencia de prensa organizada por Expansión.
El suministro de agua es otra preocupación para la industria. En 2022, sequías severas afectaron actividades productivas en estados como Nuevo León. Sin embargo, el presupuesto para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refleja un recorte del 43%, quedando en 37,119 millones de pesos.
“Ante una crisis hídrica, recortar recursos no es una buena señal. Necesitamos fortalecer los ingresos públicos para atender este tipo de problemas críticos”, advirtió José Luis Clavellina Miller, director de investigaciones del CIEP.
