La urgencia se justifica en la dinámica del negocio: sin permisos, no hay estaciones nuevas; sin estaciones, no hay desarrollo de proveeduría. Y eso tiene implicaciones directas en inversiones, empleo e infraestructura regional. “Nosotros como Asociación, nuestro punto de partida es el permiso. Atrás de esos permisos es donde acompañamos con toda la proveeduría, y por eso venimos dialogando con las autoridades para que esto se logre”, explicó Zazueta.
Regulador instalado, pero sin facultades
Aunque la CNE ya reanudó oficialmente sus plazos y términos desde el 6 de junio, lo hizo con una salvedad: no se emitirán nuevos permisos hasta que esté publicado el reglamento en materia de hidrocarburos. Ese documento clave —según estimaciones oficiales— podría conocerse hasta el tercer o cuarto trimestre del año, lo que complica la posibilidad de cumplir con las metas del sector.
En la práctica, eso implica un año a medio gas para las inversiones programadas. “Sabemos que tenemos ahorita una parálisis en el sector, hablando de lo que ya se había ingresado y de los nuevos proyectos. No ha pasado nada y lo que necesitamos es tener ese dinamismo y poder resolver los asuntos más en corto”, comentó Zazueta. A pesar de los intentos del gremio por destrabar el tema —como el envío de escritos libres a la oficialía de partes— la respuesta institucional ha sido nula.
Para la AMPES, el cuello de botella se encuentra precisamente en la falta de certidumbre normativa. La publicación de la Ley de la CNE en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la integración de su comité técnico fueron pasos iniciales, pero insuficientes. Sin el reglamento de hidrocarburos, el organismo está impedido jurídicamente para otorgar nuevas autorizaciones.
Una excepción parcial podría venir de la Secretaría de Energía (Sener), que está facultada para calificar proyectos como “de prioridad nacional” y así autorizar permisos antes de tiempo. Pero aún no está claro cuáles serán los criterios que utilizará la dependencia para determinar qué proyecto califica como prioritario.
Carlos Vallejo, socio fundador de la firma consultora Qua Energy, señaló que es positivo que el nuevo regulador haya comenzado a atender trámites, pero insistió en que se necesita más claridad sobre los procedimientos y excepciones. “Tal vez los permisionarios puedan exponerle a la Comisión sus consideraciones para que puedan priorizar sus proyectos en los que se tienen los reglamentos”, comentó.
El reloj corre hacia septiembre
Según Vallejo, la clave está en los plazos legales de la reforma energética del 18 de marzo, que establecen que la Sener tiene hasta 180 días para emitir los reglamentos faltantes. En el caso del de hidrocarburos, el Ejecutivo tendría hasta el 19 de septiembre para cumplir con esa obligación. Hasta entonces, el sector deberá navegar entre la incertidumbre y los proyectos en pausa.
Actualmente, hay 13,884 permisos gasolineros vigentes en el país, de acuerdo con datos de PetroIntelligence. Pero ese número podría estancarse si no hay nuevas autorizaciones en lo que resta del año. Y con la competencia en aumento, los actores más pequeños son quienes más resentirán la falta de dinamismo institucional.
El retraso también afecta a gobiernos locales y estatales, donde muchas estaciones en desarrollo ya cuentan con inversiones realizadas, pero no pueden operar sin la validación federal. En algunos casos, las obras ya están concluidas, pero el trámite del permiso sigue detenido, sin fecha concreta de resolución.
La AMPES confía en que el nuevo organismo no repita los errores de su antecesor, la CRE, señalada por la industria por su lentitud, discrecionalidad y falta de transparencia. “La esperanza está puesta en que se cumpla la promesa de la agilización de trámites, tanto pendientes como nuevos”, dijo Zazueta.
