La CNE, que reemplazó a la extinta CRE, ha emitido siete permisos de generación desde su conformación: seis de ellos fueron para proyectos de la CFE y solo uno fue otorgado a una empresa privada para una planta fotovoltaica. La comparación revela un trato disparejo: el proyecto privado no solo recibió el aval más tarde, sino que tuvo que esperar más de dos años tras haber sido rechazado en dos ocasiones, en diciembre de 2021 y agosto de 2024.
Además, mientras la CFE construía sin permiso, al privado se le autorizó iniciar obras a partir del 18 de junio de 2025, ya con el documento en mano, y con una fecha estimada de operación hasta diciembre de 2027. Este desfase de criterios levanta cuestionamientos entre expertos y actores del sector.
Carlos Flores, especialista en temas energéticos, advirtió que adelantar la construcción sin tener en regla los permisos regulatorios representa un riesgo de inversión considerable, que usualmente los privados no están dispuestos a asumir. “Sin esos dos permisos como básicos generales –los de generación e interconexión– ningún proyecto privado se empieza a construir”, sentenció.
Flores explicó que, según las mejores prácticas internacionales, primero deben gestionarse los permisos antes de iniciar cualquier tipo de construcción. Esto se debe a que muchos proyectos pueden caer por razones técnicas, ambientales o de ingeniería. “Por múltiples motivos puede caerse un proyecto a la mitad del camino, y es por eso que las empresas van aumentando la inversión según los hitos que vayan logrando”, apuntó.
En el caso de las centrales móviles de la CFE, este principio no se aplicó. La empresa estatal no solo inició obras sin permisos, sino que operó sin un regulador formal durante las primeras etapas de sus proyectos. “Si operara como cualquier otra empresa, implicaría un riesgo muy importante de inversión”, señaló Flores.
El caso pone en evidencia que los proyectos públicos no enfrentan los mismos riesgos regulatorios que los privados. En la práctica, esto se traduce en una vía rápida para el desarrollo de infraestructura estatal, mientras que los particulares deben sortear procesos burocráticos inciertos y más estrictos.
“La entrega de esos permisos para proyectos públicos, sin restricciones, son la expresión más clara de que la política energética de la 4T dio preferencia legal y regulatoria a la CFE bajo el argumento de que era necesario fortalecerla”, dijo Arturo Carranza, también especialista en el sector energético.
Poder político
Esta política, impulsada desde la administración anterior, ha dejado en segundo plano a los proyectos de generación privada. Muchos han enfrentado retrasos, negaciones y largos periodos de incertidumbre para obtener sus permisos. El criterio, señala Carranza, no siempre ha sido técnico, sino político.
Ahora, con la operación formal de la CNE, se ha planteado una apertura regulatoria para los privados. No obstante, los expertos coinciden en que las condiciones financieras siguen atadas a las reglas del juego. “La banca está pidiendo los permisos para poder otorgar recursos. Entonces el primer paso tiene que ver con el permiso de generación y el contrato de interconexión”, explicó Carranza.
Esta diferencia de trato tiene implicaciones no solo para la competencia en el sector, sino también para la transparencia y la certidumbre jurídica que requieren las inversiones de largo plazo. Si bien los proyectos de la CFE pueden avanzar con respaldo gubernamental, los privados necesitan garantías regulatorias claras para destrabar financiamiento y mitigar riesgos.
En los hechos, el nuevo regulador ha comenzado funciones con una línea de continuidad respecto a la política energética de los últimos seis años. De los siete permisos de generación otorgados hasta ahora, el 85% favorece a la empresa estatal.
