Uno de los mayores retrocesos se dio en la inversión en exploración, que cayó 11.5% durante 2024. El monto destinado a esta actividad bajó de 452.9 millones de dólares en 2023 a 437.7 millones el año pasado, lo que Camimex atribuye principalmente a obstáculos regulatorios y falta de certeza jurídica.
Entre los factores que han frenado las inversiones exploratorias está la ausencia de nuevas concesiones por parte del gobierno federal, así como la reforma a la Ley Minera publicada en 2023, la cual estableció que el Servicio Geológico Mexicano será el único autorizado para realizar exploraciones. La medida ha sido señalada como un punto crítico para la atracción de capital.
A pesar de este panorama, el valor de la producción minero-metalúrgica creció de forma significativa: un 19.6% anual en términos reales, al pasar de 261,061 millones de pesos en 2023 a 312,461 millones de pesos en 2024. Este aumento fue impulsado principalmente por mejores precios internacionales de varios metales estratégicos.
Sin embargo, la recuperación en la producción no logró traducirse en una mejora sustancial en otros indicadores. El empleo en el sector apenas varió, con una disminución marginal de 0.1%, al pasar de 416,875 trabajadores en 2023 a 416,663 en 2024, según el reporte del gremio.
La Camimex subrayó que persiste un entorno adverso tanto a nivel interno como externo. “La minería en 2024 siguió enfrentando un escenario con condiciones poco favorables… lo que ya se está manifestando en un impacto en indicadores sensibles como empleo, aportaciones fiscales, inversión [y] exploración”, advierte el documento.
El informe también destaca que existe una cartera de más de 6,800 millones de dólares listos para invertirse en nuevos proyectos, pero que están detenidos a la espera de autorizaciones ambientales. Camimex consideró que este capital podría dinamizar la economía si se agilizan los trámites regulatorios.
Pedro Rivero González reiteró que la industria minera puede desempeñar un papel estratégico en el desarrollo económico del país, pero para ello se requiere mayor certidumbre legal y operativa. “Estamos convencidos de que el fortalecimiento del Estado de derecho, la certeza jurídica, la seguridad en las regiones mineras y una política pública integral para el sector son elementos indispensables para liberar todo el potencial que la minería puede aportar al país”, señaló.
La organización enfatizó que México cuenta con un potencial geológico considerable, pero que sin condiciones adecuadas de competitividad, las inversiones seguirán estancadas. El llamado es a una política pública que incentive y no inhiba el desarrollo del sector.
