El funcionario añadió que esta acción también forma parte del combate al robo y contrabando de gasolinas. “Como nos ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzamos en el combate al huachicol”, publicó en su cuenta de LinkedIn.
El nuevo acuerdo establece que los permisionarios deberán realizar muestreos periódicos de los combustibles almacenados en sus estaciones, para verificar que las mezclas y aditivos no alteren parámetros como la presión de vapor, un factor que incide directamente en las emisiones.
Los análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados, y reportados cada trimestre a través de la oficialía de partes electrónica de la ASEA. Para las estaciones que cuenten con sistemas de control volumétrico —software que verifica las cantidades de combustible que entran y salen—, el reporte será semestral.
Los concesionarios no podrán negar el acceso a los inspectores de la ASEA, y deberán proporcionar todos los medios necesarios para la revisión. El incumplimiento podría derivar en multas o en la suspensión total de operaciones.
El lado B
Aunque la medida fue bien recibida por algunos sectores como un paso hacia un mayor control ambiental, también generó dudas sobre su aplicación técnica y legal. Javier Govea, socio del despacho GMB Abogados, señaló que el reto estará en justificar legalmente una clausura basada en parámetros que originalmente no son competencia de la ASEA.
“Será un reto para la agencia encuadrar su actuación en materia de emisiones a la atmósfera, porque la vía documental del cumplimiento se hará con reportes sobre la calidad del combustible, lo que es competencia de la CRE”, dijo durante un conversatorio organizado por Onexpo Nacional.
Según Govea, los verdaderos focos de contaminación podrían estar “aguas arriba” en la cadena de valor, es decir, en las terminales o centros de distribución, no necesariamente en las estaciones de servicio.
Desde el sector técnico-operativo, Andrés Gutiérrez, CEO de Ciefsa, consideró que la medida es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente sin cambios en la norma. “Las mezclas que estamos encontrando generan una contaminación mayor, pero para ello sería ideal que se establecieran otros parámetros de medición que hoy no se solicitan”, dijo en entrevista.
Para que la ASEA pueda hacer valer sus nuevas facultades de forma efectiva, Gutiérrez planteó la necesidad de reformar la NOM-016 para incluir variables ambientales como presión de vapor, azufre y benceno.
“El gasolinero se va a enfrentar a un nuevo vigilante sobre la calidad de los combustibles, pero probablemente la información que va a recibir no será suficiente para determinar si el producto va a contaminar más”, añadió.
El sector gasolinero, conformado por unas 13,000 estaciones de servicio en el país, deberá adaptarse a este nuevo entorno de fiscalización ambiental. Para muchos empresarios, eso implicará invertir en nuevos controles, laboratorios acreditados y procedimientos de cumplimiento.
A la par, la ASEA enfrentará el reto logístico de ampliar su capacidad de inspección, análisis de informes y aplicación de sanciones en campo, lo cual podría requerir mayor personal, presupuesto y coordinación interinstitucional.
