Rechazo al fracking
Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, sostuvo que el país debe retomar la conversación desde una perspectiva estratégica. Subrayó que es indispensable abrir nuevamente el debate y contar con voluntad política para reconocer que estos proyectos son clave para sostener e incrementar la producción petrolera.
“Esperamos el momento adecuado para poder llevarlo (a la discusión) y nuestro papel aquí en Tamaulipas es ser ese punto de apoyo para que se pueda desarrollar y asumirlo con toda la responsabilidad. Somos un estado que está apostando por esta discusión, particularmente con el tema de yacimientos de baja permeabilidad y porosidad, abiertamente con el tema del fracking”, dijo, Ángel Jiménez.
El funcionario describió un escenario en el que la técnica existe, los recursos están identificados y parte de la regulación ya está desarrollada, pero falta la definición política. A su juicio, esa es la pieza que mantiene inactiva una oportunidad que otros países han aprovechado para estabilizar su producción.
Esa postura la reforzó con una advertencia de que sin claridad institucional la discusión se vuelve más compleja que la ingeniería. “Todo eso pasa cuando ya está incierto en la política pública, algo que legalmente está permitido pero no está materializado en la política pública”, aseguró, Ángel Jiménez.
Aunque no existe una prohibición legal explícita, la ruta administrativa no es sencilla. Desde la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) se han realizado análisis sobre la carga burocrática que implicaría solicitar permisos para explotar yacimientos no convencionales. Los procedimientos regulatorios y ambientales —que se multiplican ante la ausencia de lineamientos claros— podrían frenar cualquier intento por desarrollar proyectos que requieran fractura hidráulica.
En México no existe una norma que impida su aplicación; sin embargo, con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador al Ejecutivo en 2018, el fracking quedó descartado. El mandatario afirmó que la técnica generaba contaminación y requería un uso intensivo de agua, por lo que anunció que no se permitiría su implementación.
La promesa presidencial quedó inscrita como el punto número 75 de los 100 compromisos de gobierno. Aunque recibió apoyo de organizaciones ambientalistas y derivó en intentos de cambios regulatorios, nunca llegó a consolidarse como una prohibición legal.
Desde entonces, los yacimientos donde se concentra casi 60% de las reservas del país permanecen sin operar. Son recursos que requieren inversiones mayores, esquemas distintos de perforación y regulaciones específicas, pero cuyo valor estratégico no ha disminuido.
Ángel Jiménez reforzó este punto al señalar que, con tecnología más avanzada, podrían abrirse nuevas oportunidades. “No existe ninguna prohibición legal (del fracking) más bien es una prohibición de política pública, que lo sacó de la fase operativa. No existe ninguna ley o regulación que diga que está prohibido. Ahora buscamos que se habilite y creemos que con el estado actual de la tecnología podría haber un área de oportunidad para que se dé, e incluso el IMP está desarrollando una tecnología para ello”, explicó.
Yacimientos clave, tecnología disponible y un futuro en pausa
Gobirish Mireles, subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Desarrollo Energético estatal, subrayó los posibles beneficios para el gobierno federal, para las empresas y para las comunidades locales. “Esta ejecución de pozos no convencionales debe de ser compartida, el país, el gobierno van a llevarse sus barriles, su gas, las comunidades se van a llevar sus beneficios al tener a las compañías de servicio en las comunidades; estoy muy seguro que vamos a tener un resultado muy positivo, y por eso necesitamos llegar a buen término”, comentó.
El subsecretario también llamó a abandonar los eufemismos y discutir la técnica sin rodeos, una posición poco común en el debate nacional. “Estos yacimientos no convencionales, de baja permeabilidad, de fracturamiento hidráulico, al final es lo mismo y no tenemos miedo de llamar a las cosas como son, de hecho lo que queremos es una discusión técnica e informada sobre los faltantes que hacen falta en la parte regulatoria”, explicó.
La cuestión ambiental sigue siendo el punto más delicado. Aunque existe tecnología de mitigación, la fractura hidráulica continúa bajo escrutinio por su demanda de agua y los riesgos asociados al manejo de residuos. La experiencia internacional demuestra que estos factores exigen regulaciones robustas y vigilancia estricta, condiciones que los especialistas consideran indispensables si México decide retomar su uso.
