Quiénes lo conforman
El diseño del Consejo incorpora a un grupo reducido pero altamente influyente de empresarios cuyos conglomerados marcan el pulso de sectores estratégicos de la economía mexicana. En primer lugar aparece Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, cuya presencia representa al mayor operador de infraestructura del país, con intereses que van desde telecomunicaciones y construcción hasta energía y retail.
En la reunión también estuvo Bernardo Gómez, co-presidente ejecutivo de Grupo Televisa, un actor clave en la industria de medios y telecomunicaciones. Su experiencia en regulación, competencia económica y relaciones corporativas lo coloca como una pieza relevante para discutir temas de inversión asociada a contenidos, infraestructura digital y conectividad.
Otro de los asistentes fue José Antonio Fernández Garza, presidente de Femsa y Coca-Cola FEMSA, uno de los conglomerados más grandes de América Latina. Su presencia implica que el Consejo tendrá voz desde una corporación que combina consumo masivo, bebidas, logística y retail con operaciones multinacionales, sectores que suelen ser termómetro del ánimo inversionista.
Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, representó al sector financiero en la mesa. Banorte es un actor decisivo en la canalización de crédito para infraestructura, vivienda y empresas. Su participación apunta al papel que el financiamiento y la banca jugarán en la implementación del Plan México.
Entre los perfiles también apareció Alejandro Soberón, presidente de CIE, la empresa líder en entretenimiento en vivo en el país; así como Guadalupe de la Vega, empresaria del sector salud con presencia relevante en el norte del país. Ambos representan industrias que apuntan al dinamismo del consumo interno y a la diversificación de inversiones regionales.
Laura Diez Barroso, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander México, también participó en el encuentro, reforzando la presencia del sector financiero internacional en esta interlocución. Su rol se perfila como un puente para evaluar inversiones de capital extranjero que busquen certidumbre regulatoria y estabilidad macroeconómica.
A esta alineación se suma una figura clave dentro del propio gobierno: Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional de la Presidencia. Gómez Sierra no solo funge como enlace entre regiones, empresas y gobierno, sino como promotora de la visión territorial del Plan México.
Objetivos alineados al Plan México
Detrás del Consejo también estarán los titulares de las secretarías de Economía, Hacienda, Energía y Gobernación. Su rol será agilizar permisos, coordinar regulaciones, destrabar conflictos y brindar certidumbre jurídica en los sectores donde históricamente se presentan cuellos de botella para la inversión.
La integración híbrida —empresarios dominantes en sectores clave y secretarías con capacidad de decisión regulatoria— apunta a un organismo pensado para intervenir directamente en la ejecución de proyectos y no únicamente como un espacio de consulta. Su mandato contempla promover, evaluar y supervisar iniciativas de inversión en infraestructura, energía, logística y servicios.
El contexto que llevó a su creación también pesa. Las cifras muestran una inversión fija bruta que no despega con la fuerza esperada y un entorno global en el que las tensiones geopolíticas reconfiguran cadenas de suministro. Para México, la oportunidad es evidente, pero también lo es la necesidad de acelerar decisiones, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y ofrecer reglas claras.
Por ello, el Consejo también actuará como una mesa de resolución anticipada de conflictos regulatorios. La expectativa es evitar que diferencias entre dependencias, estados o municipios retrasen la llegada de nuevas plantas, centros logísticos o expansiones productivas promovidas por la relocalización.
El gobierno busca que este mecanismo funcione como un puente institucionalizado de largo plazo, con reuniones periódicas y seguimiento puntual a proyectos que requieran cooperación público-privada. La presencia de empresarios con experiencia en sectores tan diversos apunta a un enfoque transversal para destrabar inversiones.
