'Presunto culpable' enfrenta un 'futuro negro' por una lluvia de demandas
El documental Presunto culpable enfrenta 19 demandas que han retrasado su venta en DVD y que han ahuyentado a los distribuidores interesados en la cinta, informó la productora, Layda Negrete.
Las demandas, bajo la figura de daño moral por exhibir imágenes sin consentimiento, han sido interpuestas por Víctor Daniel Reyes Bravo, quien aparece como testigo en el documental; José Manuel Ortega Saavedra, el excomandante de la policía judicial que detuvo a José Antonio Zuñiga y la familia del hombre que fue asesinado y por quien Zuñiga pasó injustamente dos años en la cárcel.
“La queja es siempre la misma: ‘me grabaron sin mi permiso’. Ese reclamo se repite una y otra vez en todas las jurisdicciones posibles, le llamamos acoso judicial porque son los mismos demandantes, con los mismo hechos, el mismo reclamo, simplemente puesto una y otra vez en todos los lugares posibles lo que hace muy difícil la defensa simplemente en términos logísticos”, dijo Negrete en entrevista con CNNMéxico.
La resolución de los procesos judiciales podría tomar años, en los que el documental ganador de un Emmy en 2011 no podrá distribuirse ya que existe un amparo en contra del permiso dado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación que permite la proyección en cines y en DVD.
La impugnación contra el documental no existe aún para la televisión, donde en últimos meses se ha exhibido a través de canales de cable.
Las demandas, explica Negrete, son por cantidades millonarias, “cada codemandado exige más de 100 millones de pesos por daño moral, también conocido como daño genérico”, señaló.
Este miércoles, Negrete se presentará ante el juzgado 17 en una audiencia por la demanda de Reyes Bravo que asegura “es la más delicada” para ellos “por estar en la jurisdicción del Distrito Federal”, entidad donde se grabó el documental. Los medios de comunicación no tuvieron acceso a esta audiencia.
El documental Presunto culpable fue retirado de 200 salas de cine de forma provisional el 7 de marzo de 2011, tras un amparo promovido por Reyes Bravo. El documental muestra el juicio donde Reyes Bravo señala a Antonio Zúñiga como culpable del asesinato de su primo.
Posteriormente la juez 12 de Distrito en materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, negó la suspensión , luego de que la Secretaría de Gobernación consideró inválida la suspensión en los cines.
El documental retrata el caso de Zúñiga Rodríguez como un ejemplo de deficiencias en el sistema penal mexicano , al haber sido detenido y sentenciado a 20 años de prisión para finalmente ser exonerado porque no había pruebas de que fuera el autor de un asesinato que aún no se esclarece.
La cinta recibió también el Premio de la Audiencia del Festival de Cine de Los Ángeles en 2010 y el Premio al Mejor Documental del Festival Internacional de Cine de Morelia 2009.