El autor es profesor y jefe del Área de Entorno Económico del IPADE.
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En estos difíciles momentos para México es preciso adoptar medidas de emergencia que mejoren la situación de la planta productiva y el empleo a corto plazo, teniendo éstas como requisito asegurar la estabilidad de precios después del brinco posdevaluatorio. Las ideas presentadas a continuación son fruto de una investigación realizada por los profesores del Área de Entorno Económico del IPADE y han sido confrontadas con más de 1,500 empresarios de todo el país.
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1. Estabilizar los precios rápidamente. Concertar reducción de precios con el sector productivo, a cambio de reducirles las tasas de interés y facilitarles la rápida reestructura de sus créditos (las UDIs que hagan falta) mediante trámites simplificados. Según encuestas levantadas por el IPADE y por Concamin, 60% de los industriales admitirían esta concertación si se les difiere el pago de capital a sus adeudos. Los precios disminuirán por reducción del costo del crédito repercutido en los precios, a cambio de tener un poco más de liquidez.
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2. Acelerar reestructuración de créditos con UDIs. La creación del mecanismo de las UDIs es un enorme avance para mejorar la situación de las empresas en México. Para que funcione plenamente conviene, en estos momentos, hacer a un lado las tres condiciones que puedan estar obstaculizando la reestructuración generalizada: la obligación de crear reservas adicionales; la exigencia por mayores garantías en la renegociación de créditos y la obligación de captar en estos momentos ahorro interno adicional a través de este mecanismo. El Banco de México debería apoyar todas las reestructuraciones que los bancos pudieran hacer, redescontándolas al 1.5% de tasa de interés en UDIs. Además, otorgar nuevos plazos de pago, entre uno y cuatro años.
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3. Convertir al sistema de crédito en principal impulsor de la inversión productiva y el empleo. Convertir al sistema financiero nacional en el principal instrumento impulsor de la planta productiva, mediante mecanismos de financiamiento a largo plazo, en pesos. Lo anterior podría realizarse en estos momentos vía las UDIs (ver puntos 1 y 2), y después, mediante la canalización de proyectos de inversión a largo plazo, de los fondos de ahorro personal a que se refiere el cambio propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (punto 5.5.3 Ahorro y Seguridad Social) respecto de la individualización de las cuentas de las contribuciones para el retiro del IMSS y la vivienda del Infonavit, y acumularlas en cuentas personales junto con el SAR, para que les paguen rendimientos del 1 o 1.5% real, en UDIs. Esta será en el futuro la principal base de ahorro nacional, aunque sus resultados empezarán a tener impacto sustantivo en la economía nacional después de tres años de su puesta en marcha.
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4. Pagar puntualmente adeudos del sector gobierno a proveedores nacionales. Es urgente que las dependencias públicas de los gobiernos federal y estatales, y organismos descentralizados como el Infonavit, hagan un esfuerzo por pagar puntualmente adeudos pendientes a proveedores nacionales. Conviene tomar medidas para agilizarlos y penalizar a funcionarios que retengan indebidamente esos pagos.
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5. Convertir la emisión de dinero en fuente de ingreso fiscal e instrumento de crédito a largo plazo. Canalizar la emisión de circulante a través de la banca comercial y de desarrollo, como créditos a largo plazo, de siete a 15 años, cobrando una tasa de interés real de 1.5% anual (a través de -UDIs), pidiendo a la banca que los preste en créditos a largo plazo a 7% sobre UDIs. El monto de los intereses cobrados por el Banco de México en la emisión, puede traspasarse a las autoridades hacendarias como contribución fiscal. Esta propuesta debería aprobarse a nivel mundial como mecanismo para los países como México. Lo importante del monto del circulante creado es que esté acorde con la expectativa inflacionaria y el crecimiento real esperado y no más. La canalización podría ser la sugerida aquí. El ingreso fiscal puede ser significativo con el tiempo.
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6.Criterio de destinar divisas para el extranjero y pesos para lo nacional. Promover el criterio de utilizar divisas sólo para el pago de factores de producción internacionales y productos importados, y dar crédito en moneda nacional para el pago de factores de producción nacionales mediante ahorro interno. Por ejemplo, que las carreteras sean financiadas con moneda nacional con productos del ahorro interno (puntos 3, 5 y 6). El crédito en dólares sólo debe solicitarse para los insumos extranjeros o maquinaria del exterior utilizados para construir esa carretera. Inclusive financiar los proyectos de exportación hasta donde se pueda con recursos del ahorro interno, para que la generación de divisas sea aún mayor.
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7. Criterio para equilibrar la balanza comercial y en cuenta corriente a alto nivel del Producto Interno Bruto. Este objetivo es principalmente responsabilidad de las empresas productoras, que ahora trabajan intensamente por exportar y sustituir eficientemente importaciones. Sin embargo, conviene tratar de convencer al gobierno de Estados Unidos sobre el criterio de equilibrio como una filosofía social --en su política exterior con México y con los demás países latinoamericanos-. Consiste en promover intensamente el comercio exterior en dos sentidos: facilitar y permitir que nuestras exportaciones lleguen a ser 30% del PIB, aunque también las importaciones lleguen a crecer a esos niveles; que el TLC no se limite a establecer reglas -para que gane el mercado el más capaz, sino que se constituya, con un verdadero afán de complementariedad, en un juego de colaboración de ganar-ganar. Infundir esta filosofía en las grandes corporaciones internacionales que hacen negocios en varios países: promover que no sólo se interesen en vender sus productos en el mercado interno de otros países, sino en comprar productos de esos países procurando equilibrar, cada empresa, sus balanzas comerciales.
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8. Política cambiaria que apoye a la planta productiva nacional. Debemos todos apoyar lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (punto 5.6.2 Política cambiaria): "La política cambiaria deberá evitar sistemáticamente una sobrevaluación del tipo de cambio real que inhiba el ahorro interno y la producción nacional", y (punto 5.5.5. Inversión y ahorro externo) que "el tipo de cambio real sea estable, congruente con una expansión dinámica de las exportaciones y un saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos financiable en el corto plazo". Es muy fácil y peligroso permitir que, con la entrada de capitales, rápidamente se vuelva a sobrevaluar el tipo de cambio. Conviene, por tanto, empezar de una vez el desliz, que a nadie debería extrañar, y terminar este año con un tipo de cambio de N$7.00 nuevos pesos por dólar. Mantenerlo por varios meses en N$6.20 hará que se vuelva a sobrevaluar y después las tasas de interés se mantengan altas.
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9. Reforma tributaria orientada a generar impuestos suficientes con características de simplificación y generalidad. Buscar el aumento del universo de contribuyentes mediante sistemas sencillos y generales, y otorgar seguridad jurídica plena, debe permitir que los impuestos contribuyan hasta un 17% del PIB. Una concertación a través de cámaras y asociaciones llevaría a aumentar el número de contribuyentes, a cambio de la simplificación tributaria. El modo de lograrlo sería aumentando las contribuciones mediante impuestos indirectos, que son los más generales, sencillos y menos costosos en su recaudación. Conviene considerar la posibilidad de que los impuestos directos fueran también sencillos; hacerlos sin progresividad y sin deducciones, por ejemplo, en un nivel de 17%, sin deducciones. Cuando se trata de alentar la reinversión y el ahorro mediante mecanismos fiscales de progresividad deducibilidad, se cae necesariamente en sistemas complejos. Hay que procurar evitarlos. El principal instrumento de fomento a la inversión debe ser el financiero y no el tributario. El instrumento de distribución del ingreso más eficaz ha demostrado ser el gasto público orientado a un destino social y no a la progresividad tributaria.
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10. Criterio de destinar los impuestos para el bien común (prestación unilateral para el bien común) y los derechos para otorgar servicios (como contraprestación). El gasto público, producto de los impuestos, debe ser destinado principalmente para la distribución del ingreso y principales externalidades --educación, salud pública e impartición de justicia-, mientras que el producto de los derechos debe destinarse para los servicios públicos que deben ser pagados por quien se beneficia directamente.
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11. Criterio de regular internacionalmente el flujo financiero de corto plazo. La velocidad con la que entran y salen los capitales internacionales --por la tecnología globalizada actual- en el mercado de dinero y capitales de países con economías emergentes como las latinoamericanas, crea condiciones potenciales de inestabilidad. El gobierno mexicano podría tomar el liderazgo a nivel mundial para plantear una posible regulación para el movimiento de capitales. Mientras tanto, conviene incentivar la atracción de capitales sólo sobre bases de permanencia mínima de un año y desalentar el movimiento de capitales especulativos de corto plazo.