Desapareció. La última vez que se le vio oficialmente fue en Mérida, el 27 de marzo. Y eso que días después debía entregar a su sucesor, Joaquín Hendricks, la gubernatura de Quintana Roo. Por increíble que parezca, un gobernador estatal, Mario Villanueva, se desvaneció y le dio un nuevo significado al término “carrera política”. Desde el inicio de año eran insistentes los rumores de que se le investigaba por supuestos vínculos con el narcotráfico. Poco antes de que terminara su mandato fue citado a declarar en la PGR. Nunca llegó. Ni siquiera al cambio de poderes. Reapareció en un video transmitido por Televisa y firmó una carta, reconocida por su abogado, en la que se declaraba “acosado por una investigación dirigida a incriminarme a toda costa en delitos de tráfico y consumo de drogas”. La Procuraduría lo acusa de delitos contra la salud en diversas modalidades y relación con actividades de delincuencia organizada. A principios de abril, tres presuntos cómplices de Villanueva fueron detenidos en San Luis Potosí. El desenlace está ahora en manos de la Interpol –se especula que el ex gobernador salió del país– y es del interés ya no sólo de las autoridades mexicanas, sino también de las estadounidenses.
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