Análisis electoral. Agárrese: ahí vie
Trazar los perfiles de un gobierno por venir implica analizar la personalidad del candidato, proyectar sus rasgos psicológicos en un eventual ejercicio del poder, evaluar su trayectoria... Pero lo cierto es que todo aspirante a la Presidencia de la República es, en gran medida, un enigma, un “tapado”. La omnipotencia de la investidura libera al animal político (o al déspota, al “maquiavelo”, incluso al estadista) oculto en las sombras de la carrera burocrática, la disciplina partidista o la seducción del cacha-votos.
Prometer no compromete -
Tampoco el programa de gobierno, la plataforma o las promesas de campaña permiten definir las coordenadas de un imaginario próximo gobierno. No, por lo menos, según los parámetros de la Presidencia monárquica. No existe ley que obligue al presidente de la República a cumplir el programa y los compromisos expuestos en campaña. Mientras se mantenga el presidencialismo, el ejercicio del poder seguirá siendo fuente de sorpresas, incertidumbre y riesgos.
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Por ello, nada garantiza que Cárdenas, Fox o Labastida estén dispuestos a respetar el contenido de sus promesas. Especialmente si la Presidencia viniera acompañada de una mayoría aplastante en el Congreso.
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De lo anterior se desprende otro elemento definitivo y definitorio del próximo gobierno: la correlación de fuerzas que surja el 2 de julio. No será lo mismo gobernar con una mayoría incontrastable, que hacerlo en condiciones de precario equilibrio y conflicto latente.
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De cumplirse las tendencias registradas hasta mediados de mayo, la elección presidencial se definirá por muy poco margen. Quien gane la Presidencia deberá enfrentar la poderosa presencia de la segunda fuerza en el Congreso y en gobiernos estatales, con grandes probabilidades de ruptura y parálisis.
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A partir de estas coordenadas es posible imaginar hipotéticos gobiernos de los tres candidatos principales.
Cárdenas: populismo acotado -
De operarse el milagro, el de Cárdenas sería el más frágil de los gobiernos posibles en la actual coyuntura. Su triunfo se habría dado por muy escaso margen: el tercio mayor, pero con dos fuerzas opositoras equilibradas. El escenario de la inestabilidad y la virtual impotencia del Ejecutivo.
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Alianzas PRI-PAN en el Congreso para contener las ansias radicales del PRD gobernante. Coaliciones efímeras del perredismo con franjas del tricolor (en materia económica y social) y con el panismo (político-electoral, reforma del Estado, federalismo).
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Desde la perspectiva opositora cualquier reforma en sentido democrático sería bien recibida, dado que fortalecería el pluralismo, el control del Ejecutivo… y la posibilidad de la alternancia.
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Más que plural, el gabinete sería representativo de distintas corrientes “progresistas”: personalidades sin partido, representantes de la “sociedad civil”, viejos cuadros de la alta burocracia, ex panistas abiertos a la convergencia, empresarios “nacionalistas”...
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Se descartan conflictos serios con los mandos del Ejército, que reconocerían en Cárdenas a un jefe de Estado con pedigrí revolucionario. Lo mismo con la jerarquía católica, pragmática y cuidadosa.
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Los medios de comunicación (concesionarios de radio y televisión, principalmente) se conducirían con cautela en un primer momento. La relación dependería de una buena operación política desde Presidencia y Gobernación.
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Sin embargo, también sería posible que la fragilidad “obligara” a mantener un Ejecutivo fuerte para garantizar la estabilidad. Ello dependería de la presencia legislativa del PRD y de eventuales desprendimientos del priísmo derrotado hacia la nueva mayoría. En tales condiciones el gobierno cardenista enfrentaría la férrea oposición del pan, de minorías de centro, de empresarios de la comunicación y de poderes fácticos.
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El apoyo de los sectores mayoritarios de la sociedad dependería de que las políticas económicas y sociales generaran resultados en el más corto plazo. Es decir, de la capacidad para articular con lucidez e imaginación las exigencias de esa mayoría con los intereses del poder económico nacional y las exigencias de la globalización.
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En los dos años escasos de administración capitalina, Cárdenas demostró prudencia en exceso –tanta, que derivó en desilusión– para gobernar sin radicalismos ni “sorpresas”. Por ello se habla de un “populismo acotado”. En las condiciones actuales de mundialización e interdependencia y dada la complejidad y diversificación de la sociedad mexicana, no todo es posible.
Fox: gobierno de transición -
El desarrollo de este escenario nos coloca en una posición difícil. Su alta probabilidad de ocurrencia obliga a imaginar cursos de acción y desenlaces en condiciones inéditas, sin mayores indicios que ayuden a prever las reacciones de un actor protagónico: el aparato de poder priísta.
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La alternancia sería una revolución, pacífica pero turbulenta. ¿Están preparados los priístas para abandonar el poder? ¿Asumirían responsabilidades con la estabilidad y la gobernabilidad? Los demonios podrían desatarse.
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No existen precedentes. Una cosa es perder elecciones estatales, incluso la capital del país, y otra muy distinta ser desplazado definitivamente de la fuente de todo poder.
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Del tamaño de la victoria de Vicente Fox dependerían los márgenes de maniobra del primer gobierno no priísta en la historia moderna del país.
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Diez o más puntos de diferencia y una mayoría panista en el Legislativo representarían una catástrofe definitiva para un “partido” que desconoce la vida en el abismo. Sólo a partir de semejante cataclismo el gobierno foxista podría neutralizar la amenaza del aparato sobreviviente: 21 gubernaturas priístas, control de la mayoría de los congresos locales, sindicatos, dominio corporativo-patrimonialista de empresas públicas y burocracia federal, red de intereses económico-financieros que atraviesan el Ejecutivo y la alta burocracia, mandos del Ejército, aparato de inteligencia, cúpula empresarial y jerarquía católica que apostó a la continuidad, medios de comunicación comprometidos con fracciones del grupo gobernante...
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Pero las tendencias no apuntan hacia una victoria contundente. Por lo que el gobierno de Fox enfrentaría enormes retos para controlar los hilos del poder.
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Un triunfo apretado implicaría una fuerte disputa por las mayorías absoluta y calificada en las Cámaras, lo que podría derivar en un Congreso dominado por la oposición PRI-PRD. En el mejor de los casos, se lograría un equilibrio con el pan como frágil primera minoría.
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Al triunfo en las urnas seguirían sacudimientos sociales que desbordarían el control corporativo tricolor. La “cargada” en favor del presidente electo se expresaría como apoyo de sectores organizados que no están dispuestos a quedar fuera de la jugada: sindicatos, centrales, agrupaciones campesinas, líderes populares que ratifican su compromiso con las instituciones y con el futuro del país...
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Una mezcla de oportunismo, instinto de conservación y pragmatismo multiplicaría las bases sociales de la Presidencia foxista. Oportunidad que, en última instancia, serviría al nuevo Ejecutivo para tender puentes y amarrar lealtades.
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El perfil populista de Vicente Fox se expresa, entre otras cosas, en un profundo recelo de la política, los políticos y los partidos. El peligro de un gobierno así radica en las debilidades intrínsecas al liderazgo carismático: no construye instituciones, desconfía radicalmente de burocracias y aparatos; abomina el desorden y el conflicto democráticos porque, en esa perspectiva, impiden u obstaculizan el cumplimiento de las metas.
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¿Cómo enfrentaría el presidente Fox el escenario de un legislativo dominado por la oposición? Enrique Krauze adelanta una hipótesis: “De darse una guerra sin cuartel del pan contra el PRI y el PRD en el Congreso, los rasgos carismáticos de Fox se acentuarían por encima incluso de su partido”.1
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No es un destino fatal, pero el riesgo es latente. Tampoco depende sólo de su voluntad, pues “el nuevo contexto democrático pondría diques a la acción del caudillo”.2
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El gobierno de Fox tendrá que operar con sumo cuidado la relación con un Congreso dividido. En ello se pone a prueba la vocación democrática del nuevo presidente.
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El clima político y social dependerá, igualmente, de la congruencia entre la acción de gobierno y los compromisos de campaña. De manera muy especial en lo que se refiere a la reforma democrática del Estado: nueva relación Ejecutivo-Legislativo, reforma profunda del poder Judicial, replanteamiento del federalismo y fortalecimiento de la autonomía municipal, reforma electoral definitiva, ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos, etcétera.
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No bastará con el apoyo del pan y sus pequeños aliados. Las verdaderas tensiones y amenazas vendrán de las oposiciones mayores, por lo que las coaliciones efímeras con el PRI y el PRD determinarán la marcha del nuevo gobierno.
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Lo que no es muy claro es el sentido y la profundidad de tales convergencias y combinaciones. ¿Cuál será la lógica de los nuevos equilibrios? ¿Qué intereses representará el PRI como segunda fuerza? ¿Fomentará el pan gobernante las reformas democráticas que impulsó desde la oposición? ¿Un priísmo desatado de la tecnocracia permitirá que Fox desarrolle y profundice el modelo neoliberal? ¿En qué casos, temas y puntos de la agenda nacional y legislativa podría formarse una mayoría opositora PRI-PRD y micropartidos?
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Es muy posible que el pragmatismo de Fox logre atraer y sumar fuerzas sindicales en proceso de modernización, pero también enfrentará la reacción de las viejas corporaciones. Este flanco podría cubrirse con una legislación laboral que logre el respaldo de nuevas y antiguas fuerzas sindicales no alineadas al viejo régimen (Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión Nacional de Trabajadores, FAT…) y promueva nuevos liderazgos “democráticos” o neocorporativistas.
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El talante neoliberal de Fox representaría la aceleración de muchos procesos políticos, sociales, económicos y productivos en curso. Más temprano que tarde recibiría el apoyo irrestricto de la sociedad que cuenta: gran capital y cúpulas empresariales, jerarquía católica, líderes de opinión, universidades privadas, medios de comunicación, sectores medios en ascenso…
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No obstante, la verdadera garantía de gobernabilidad reside en la capacidad de generar buenos resultados en materia económica y social: empleos, mejores salarios, proyectos de inversión para el desarrollo regional, recursos públicos y privados al agro, fortalecimiento del sistema de seguridad social, reforma educativa a fondo, capacitación para el trabajo, garantías de equidad para la mujer, respuesta a las necesidades vitales y productivas de millones de jóvenes.
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Por el simple hecho de tratarse del primer gobierno de origen opositor, las expectativas serán excesivas y la paciencia escasa. Como nunca, el Ejecutivo enfrentará el ojo escrutador de la sociedad; la presencia retadora de las oposiciones en el Congreso y en las calles; la presión de gobernadores priístas y perredistas; las fuerzas desatadas del corporativismo sin centro aglutinador y regulador.
Labastida: continuidad y ¿cambio? -
Francisco Labastida mantendría el modelo económico con un énfasis en el mercado interno y una estrategia social abocada a paliar los efectos de la concentración excesiva de la riqueza nacional y la marginación de millones.
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Reemplazo sin quiebre. Hito histórico: el partido hegemónico del antiguo régimen cruza el Rubicón democrático sin abandonar el poder. ¿Transición sin alternancia? Es posible, dando por sentado que se trata de una victoria transparente, legal y legítima, en condiciones de competencia equitativa.
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El voto mayoritario ratifica el rumbo de los gobiernos neoliberales, pero la pluralidad consolidada obliga a nuevos equilibrios: el pan como segunda fuerza indiscutible; el PRD como contrapeso menor, pero definitivo; las nuevas opciones partidistas como reconocimiento a las minorías políticas, sociales y culturales.
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Si el triunfo de Francisco Labastida es contundente, su administración contará con amplios márgenes de gobernabilidad: el PRI recupera el control de la Cámara de Diputados y la afinidad con el pan en materia económica facilita la puesta en marcha del plan de gobierno. Al mismo tiempo, la caída del voto perredista y su débil presencia en el Congreso reducen las posibilidades de un bloque opositor como el que funcionó a partir de 1997.
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Pero el comportamiento del electorado también manda otro tipo de señales. La continuidad sin ruptura plantea reglas y requisitos: diversidad, juego de pesos y contrapesos, corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno. La transición sin alternancia sólo se justifica como avance democrático con certidumbre, no como vía de retroceso.
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Siendo así, el gobierno de Labastida estará obligado a gobernar con el Congreso y las oposiciones. Asumir con naturalidad que, en un régimen democrático, el titular del Ejecutivo y los miembros del gabinete están obligados a rendir cuentas ante el Legislativo, como representación nacional. Que la fortaleza democrática y la vigencia del Estado de derecho son impensables sin un poder Judicial renovado, confiable, autónomo.
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Sin arriesgar posiciones ni debilitar al Ejecutivo, el gobierno podría conducir la nueva etapa de la reforma del Estado; adecuar la legislación electoral; revisar el capítulo de alianzas y candidaturas independientes; fortalecer el sistema de partidos en las nuevas condiciones; continuar el impulso al federalismo y la autonomía municipal… De la profundidad y congruencia democrática de este proceso dependerá, en buena medida, la relación del Ejecutivo y el PRI con el resto de los actores políticos.
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Desactivada la polarización PRI-PAN, las aguas vuelven a su nivel. El bloque gobernante recupera la iniciativa –extraviada en la contienda electoral– y puede negociar en posición de fuerza. Desde la Presidencia se marcan los ritmos y las intensidades: frente al pan se priorizan las coincidencias económicas e ideológicas y un buen trato para sus gobernadores; ante el PRD, el interés común de mantener niveles manejables de gobernabilidad en el DF.
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La calidad y el tono de la operación política dependerán, en gran medida, del perfil y la trayectoria de los miembros del gabinete. El pronóstico se dificulta por la reciente agregación de grupos, sectores y personalidades a la campaña de Labastida. ¿Quién mantendrá la hegemonía después del 2 de julio? ¿Qué intereses prevalecerán el 2 de diciembre?
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Se abren, pues, algunas incógnitas. El endurecimiento podría marcar la pauta para enfrentar y/o desactivar conflictos (Chiapas, guerrilla). La mano dura como respuesta a la protesta social (UNAM).
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Por supuesto, cualquier intento de restauración autoritaria enfrentaría la respuesta de un enorme conglomerado de fuerzas políticas, sociales, culturales y productivas. La transición democrática ha calado muy hondo, y el menor despliegue de fuerza (ilegal o ilegítima) sólo contribuiría a debilitar las bases de la gobernabilidad y a reducir los apoyos sociales del grupo gobernante. Además, la dureza no es una característica distintiva de Francisco Labastida Ochoa. Su tono y estilo, su trayectoria política y administrativa, no presagian un gobierno inflexible, rudo, intolerante.
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De ahí la preocupación por los hombres, grupos e intereses que encontrarán acomodo en su gabinete. La inquietud, no sólo priísta, ante la mera posibilidad de que un demócrata –presidente electo en los comicios más competidos de la historia– pueda terminar como rehén de una camarilla de oscuros y eficaces operadores de la vieja política.
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Riesgo que aumenta en un escenario, nada improbable, de una victoria cerrada: con Fox disputando la Presidencia por puntos y casillas; el pan peleando el control del Congreso; el PRD ratificando su hegemonía en la capital de la República y un tercer lugar no despreciable; nuevas gubernaturas en puerta (para la oposición coaligada), y el repunte de los movimientos sociales de tinte radical ante la debilidad del nuevo gobierno.
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* El autor es director de Carta Política Mexicana.
1 Enrique Krauze, "El caudillo contra el sistema", Reforma, 14 de mayo, 2000, p. 26A.
2 Krauze, op. cit.
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