Bancos Reestatización silenciosa
Durante 10 años el gobierno administró a la banca, luego de la nacionalización, e irónicamente, en 10 años más podría retomar el control de las instituciones que no logren sanear sus carteras y recuperarse de la crisis económica más severa que ha vivido México desde la época revolucionaria.
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Vista desde cualquier ángulo, la reestatización de la banca comenzó en 1995, disfrazada de Programa de Capitalización Temporal (Procapte) y Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
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Desafortunadamente para todos, el costo de la decisión de “salvar” bancos en el año que recién ha terminado, será infinitamente mayor al que tuvo “comprar” instituciones en los tiempos de José López Portillo, cuando el objetivo final se planteó con claridad.
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Esta vez, ni los dos “gigantes” del sistema bancario --Bancomer y Banamex- lograron salvarse. Información confidencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estima que sólo estos dos bancos requerirán de apoyos gubernamentales cercanos a los $25,000 millones de pesos entre 1995 y 1996, para regresar a niveles convenientes de capitalización. Peor aún, estimaciones internas de la Secretaría de Hacienda prevén un programa de capitalización total para los bancos superior a $100,000 millones de pesos, antes de lograr la estabilización de las entidades bancarias.
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Baste decir que la reprivatización arrojó ingresos totales para el sector público de $38,500 millones de pesos, casi un tercio de lo que ahora inyectan a la banca para que sobreviva.
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Sólo en 1995 se la habrá apoyado con unos $7,000 millones de dólares (aproximadamente $55,000 millones de pesos), con lo que se habrá saneado 90% de los activos del sistema bancario sin la garantía de que no se sigan deteriorando en los meses por venir.
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¿Paternalista yo?
-Eduardo Fernández García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, han dicho hasta el cansancio que no se trata de una actitud paternalista del gobierno. Al contrario, explican que lo único que están haciendo es salvaguardar el interés de los inversionistas y ahorradores. Esta afirmación es cierta si se tiene en cuenta que bajo este esquema ningún banco podrá quebrar jamás.
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Sin embargo, ¿cuál es el límite de tolerancia y capacidad financiera de las autoridades en este pozo aparentemente sin fondo?
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Un argumento más. Los Criterios Generales de Política Económica 1996, el documento más importante que emite anualmente el gobierno para fijar las metas económicas de cada año, refiere: “Mientras más oportuna sea la respuesta de las autoridades menos oneroso será el costo de atender a la banca”. Señala también que los programas de capitalización forman parte de una estrategia integral para superar la crisis y sentar las bases de una recuperación sólida y perdurable de la economía.
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Sin embargo, sólo en diciembre se realizó una capitalización del orden de los $4,000 millones de dólares a Banamex, Bancomer, Banco Mexicano, Inverlat y Banorte-Bancen.
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Más pronto cae...
- Hasta los banqueros de abolengo están sumidos en el problema. Y si no, habría que cuestionar a don Agustín F. Legorreta, cuya experiencia valió poco en el esfuerzo por seguir administrando Inverlat, ahora en manos del Fobaproa. Sin embargo, el mecanismo de apoyo no es suficientemente claro. Muchos piensan que estas cantidades multimillonarias están siendo inyectadas directamente a los bancos.
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Pero no es así. Hasta ahora, el compromiso del gobierno es comprar dos pesos de la cartera de un banco --vencida y vigente- por cada peso de capitalización que canalicen los accionistas.
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No obstante, las autoridades no desembolsan formalmente recursos: “Comprar” parte de la cartera de los bancos sin dinero, esto es, emite un pagaré capitalizable a un plazo de 10 años que entrega a los bancos y que permite a las instituciones de crédito “contar” con esos recursos para mejorar su situación en los libros contables. Pero aun así, los bancos siguen administrando la cartera que vendieron al Fobaproa (gobierno) a cambio del bono y los ingresos provenientes de la recuperación de cartera son pagados a esta institución.
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El costo del gobierno surge del compromiso que asumió de absorber 80% de la diferencia que hubiera entre el monto del pagaré y el valor de la cartera recuperada al final de los 10 años. Bajo este esquema se ha propiciado ya la capitalización de Probursa, Serfin, Promex, Atlántico, Bital, Bancrecer y Banoro.
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Si bien el proceso reestatizador no tomará uno o dos años, es claro que el gobierno salinista que vendió todos los activos del sector público al mejor postor heredó una tarea más a su sucesor: replegar discursos y asumir que en 10 años más el gobierno tendrá que retomar las riendas de todas las instituciones que de no haber sido apoyadas, hoy estarían en quiebras inminentes.