A lo largo de estos 35 años es innegable que existieron sucesos económicos que vinieron a marcar la pauta en la toma de decisiones de la sociedad y los empresarios, desde el final del desarrollo estabilizador, pasando por el desarrollo compartido y la primera crisis en 1976, la nacionalización de la banca y la alta dependencia del petróleo que derivó en la crisis de 1982, los primeros pasos de apertura económica y el ingreso al GATT en 1985, el adelgazamiento del Estado con la venta de paraestatales en 1989-90, la entrada al TLCAN en 1993, y la crisis del año siguiente, que prácticamente desmanteló muchos sectores clave, hasta el resurgimiento de la economía y la estabilidad en los indicadores macroeconómicos a lo largo del siglo xxi, pero con bajo crecimiento debido a una recesión mundial. A continuación se presenta un breve resumen de estos sucesos.
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En la década de los 60, el Estado volvió a participar directa y crecientemente en muchas áreas de la producción y distribución. La industria eléctrica fue nacionalizada. Otros sectores de servicios, tales como transporte aéreo, y la compra y distribución de alimentos básicos, fueron estatizados. A la vez, la iniciativa privada y el gobierno conjuntamente formaron el milagro mexicano, que logró un crecimiento real del PIB en promedio de más de 6% anual. Esta tasa fue casi el doble del incremento demográfico, por lo cual nacieron expectativas de un alza sostenida en el ingreso real por habitante.
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Para principios de esa década el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había conseguido una inflación de solamente un dígito (4.87% en 1969), situación que continuaría hasta 1973, cuando el indicador pasó a 21.37%.
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1970-1976
Desarrollo compartido
En 1970, cuando Luis Echeverría tomó posesión como Presidente, se inició un ciclo caracterizado por el excesivo gasto público financiado con deuda externa y el alza en la inflación.
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Este sexenio también comprendió un aumento excesivo en el número de empresas paraestatales y fideicomisos oficiales, que intentaban resolver problemas específicos. El sector privado no tuvo mucho peso, al igual que el mundo desarrollado y las empresas extranjeras, el capital foráneo y las multinacionales. La Ley de Inversiones Extranjeras estableció fuertes limitaciones al ingreso de capitales. Comenzó una reducción en la tasa de aumento del PIB. El sistema bancario fue gradualmente sujeto a mayor control operativo por el gobierno, incrementando los encajes obligatorios y las reglas de integración de las carteras de crédito e inversiones. Hubo notables enfrentamientos entre el gobierno y el sector privado, nació el Consejo Coordinador Empresarial (1975) y empezó la fuga de capitales. Al fin del mandato de Echeverría se dio una devaluación de 76%.
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1977-1982
La administración de la abundancia
José López Portillo estableció al inicio de su gestión un calendario de bianualidades para recuperar el crecimiento: dos años para superar la crisis, dos para estabilizar la economía y dos para alcanzar altas tasas de crecimiento. Aunque el mandatario no abandonó la cuestión social, a diferencia de su antecesor, la enfocó no por el lado de la redistribución inmediata del ingreso, sino por el de la creación de empleos a través de un fuerte gasto público. Este proyecto fue respaldado por el petróleo, por lo que hubo una inversión alta en tal industria (financiada con deuda externa) para aumentar su extracción y aprovechar los altos precios vigentes. En el lapso entre 1977 y 1981 la economía creció a una tasa media anual de 8.4% y se generaron alrededor de cuatro millones de empleos. El gasto público como porcentaje del PIB aumentó de 39.5% en 1977 a 47.2% en 1981. A mediados de ese año empezó una caída fuerte en el precio del barril de petróleo conduciendo a un caos, una abultada deuda externa y una economía dependiente de la exportación de un solo producto. En 1982, México se declaró incapaz de seguir cumpliendo con los pagos de sus obligaciones. Se impuso el control de cambios. Fue estatizada la banca privada y se culpó a ésta y al sector privado de la mala situación. El periodo de 1970 a 1982 ha sido caracterizado como perdido para el desarrollo de México. La tasa de aumento del PIB se redujo a niveles cercanos a cero y en algunos años fue negativa. Las expectativas económicas, sociales y políticas de mejora se desvanecieron. El crecimiento de la población siguió todavía alto y los ingresos reales por habitante bajaron.
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1982-1988
Los primeros pasos
hacia la liberalización de la economía
Miguel de la Madrid Hurtado recibió al país en una grave situación económica, empeorada por la deuda externa y las circunstancias políticas y económicas a escala mundial. En un principio, el objetivo central fue aminorar y revertir los efectos inmediatos de la crisis y de la deuda externa, por lo cual se otorgó prioridad a la corrección del déficit fiscal para estabilizar la economía. En los primeros años de esta administración nació el programa inmediato de reordenación económica (PIRE). La política gubernamental nuevamente cambió. Se inició la deceleración del estatismo. Las empresas oficiales dejaron de crecer, pero hubo un aumento sin precedente de la emisión monetaria, la inflación y la devaluación del peso con respecto a las monedas extranjeras. La banca estatizada fue obligada a absorber enormes cantidades de valores gubernamentales de deuda interna, con la consiguiente expansión monetaria. Por otro lado, los excesos del populismo de antaño fueron frenados; se procedió a la renegociación paulatina de la deuda exterior a fin de restablecer la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. El sector bursátil, una forma de financiamiento privado paralelo a la banca aún estatal, fue estimulado. México se adhirió al GATT para señalar su intención de incorporarse a la economía mundial.
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En diciembre de 1987 se llevó a cabo el pacto de solidaridad económica, en el cual los obreros aceptaron moderar sus demandas de incrementos, los campesinos continuar con los precios de garantía vigentes en 1987 y los empresarios moderar precios y utilidades. El gobierno se comprometió a reducir aún más el gasto público y continuar con la racionalización de la administración y el proceso de liquidación, quiebra, fusión y venta de compañías paraestatales. El país inició la transición gradual del proteccionismo a la apertura comercial. En parte con fines de control inflacionario, comenzó una reducción de barreras arancelarias y cuantitativas a la importación. El aspecto más importante de esta etapa fue el reconocimiento del papel esencial del sector privado en el desarrollo del país y su creciente captación de recursos en el mercado accionario en vez de la banca.
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En diciembre de 1988 la economía mexicana presentaba síntomas de estancamiento prolongado, altas tasas de inflación y un severo deterioro en los niveles de bienestar de la población.
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1988-1994
Apertura económica y crisis
El primer objetivo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue sanear las finanzas públicas. Entre 1987 y 1994 el número de contribuyentes no asalariados subió de 1’760,000 a 5’660,000, es decir 222%. En ese mismo periodo la recaudación del gobierno federal creció 32% en términos reales, no obstante que se redujo la tasa marginal del ISR a personas físicas de 50 a 35%, el impuesto a la renta de las empresas de 40 a 34% y el IVA de 20 y 15% a 10%. En el último año de la administración se otorgó un subsidio fiscal a los trabajadores que recibían salario mínimo para elevar sus ingresos entre 7.5 y 10.8%, así como la exención del ISR a los que ganaban hasta dos salarios mínimos.
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La nueva negociación de la deuda externa con la banca privada fue, de hecho, extensión de la de 1986. Su efecto inmediato, junto a la política fiscal, fue la disponibilidad de recursos para el gasto público interno permitiendo, entre otras cosas, incrementar el gasto social con recursos internos, el cual pasó de 6.5% del PIB en 1989 a 9% en 1992. Al empezar a estabilizarse la economía, creció la confianza, empezó a fluir inversión extranjera y se intensificó la repatriación de capitales mexicanos que habían huido en las épocas de incertidumbre. La política económica viró más hacia la economía de mercado. Privatización y descentralización se convirtieron en norma. Destaca en este lapso la venta de Compañía Mexicana de Aviación, Aeroméxico (1989) y Telmex (1990).
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El sistema bancario fue reprivatizado. Concluyó la negociación para llegar en 15 años a una zona norteamericana de libre comercio. Se reconoció la funcionalidad de la economía de mercado, la iniciativa privada y la necesidad de exportar manufacturas en vez de productos primarios.
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A escala internacional se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La red de carreteras se reestructuró y se puso en marcha el programa nacional de solidaridad, que se encargó de dotar de agua, electricidad y banquetas a pueblos lejanos de la ciudad. Se inició una reforma agraria y se avanzó hacia la modernización en algunas áreas. La economía estatal fue adelgazada y la de mercado promovida sustancialmente.
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1994-2000
Crisis económica
A menos de tres semanas del inicio de su sexenio, Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo que hacer frente a una crisis financiera provocada por el embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio (23 de marzo de 1993), que alcanzó $24,000 millones de dólares. El peso, puesto en flotación el día 22 de diciembre, cayó en barrena y hasta el final de año perdió 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales (el popularmente conocido como efecto tequila) y situando al sistema financiero del país al borde de la quiebra.
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La devaluación y la salida de recursos tuvo como consecuencias que la inflación, que en noviembre de 1994 fue de 7% anual, pasara a 8% mensual en abril de 1995, y que la tasa de interés interbancaria, que antes de la crisis era de 18% se elevara en vertical a 110% en marzo de 1995. La brutal alza de las tasas de interés hizo que multitud de deudores se vieran en la imposibilidad de cumplir sus compromisos y que la banca se encontrara con una importante cartera vencida y con una caída de la demanda de créditos por parte del público, porque las altas tasas de interés los hacían incosteables. Esto puso a varios bancos al borde de la quiebra.
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Los factores anteriores provocaron que la economía cayera en una recesión. En el primer semestre de 1995 el PIB descendió 5.8%, el índice de desempleo abierto subió de 3.6% de la población económicamente activa (PEA) en diciembre de 1994 a 6.6% en junio y a 7.6% en agosto de 1995. El IMSS perdió 824,000 afiliados permanentes en los primeros meses de ese año. A pesar de la fuerte devaluación y de la elevación vertical de las tasas de interés, la salida de recursos continuó en forma acelerada en el primer semestre de 1995, lo que tuvo como resultado el desmantelamiento total de sectores clave en la economía, uno de ellos el de la construcción.
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El deterioro de la economía pudo agravarse, pero se logró evitar gracias a un apresurado plan de socorro internacional que, coordinado por el FMI y encabezado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó $51,000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad, consistente en la subida de los impuestos indirectos y en las tarifas de los servicios públicos, y la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios. En esta etapa se destaca el aumento al IVA de 10 a 15%. El mercado financiero volvió a estabilizarse, pero México cerró 1995 con una recesión económica de 6.9% del PIB y una tasa de inflación de 52%.
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Ante el mejoramiento de la competitividad comercial de México, derivada de la devaluación, y con el apoyo del TLCAN, muchas empresas empezaron a dirigirse al mercado exterior, concretamente al de Estados Unidos. Empezó un auge de compañías manufactureras principalmente instaladas a lo largo de toda la frontera norte.
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La recuperación se logró gracias a las inversiones privadas y al dinamismo de las exportaciones. El gasto público se destinó fundamentalmente a propósitos sociales (56% del gasto programable) y a tres operaciones costosas e ineludibles de rescate: las de autopistas concesionadas, la del IMSS y la de los depositantes en la banca y de la banca misma (Fobaproa).
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Para el cierre del sexenio se logró estabilidad en los indicadores macroeconómicos: bajas tasas de interés, inflación con tendencia a la baja, finanzas públicas sanas, etcétera.
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Prácticamente se resolvió la crisis de 1994, pero la necesidad de reformas estructurales y la grave dependencia de las exportaciones, del tipo de cambio y la no competitividad, traerían problemas fuertes al nuevo mandatario, Vicente Fox Quesada.
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2000-2003
Baja competitividad y reformas estructurales
El actual Presidente encontró, al inicio de su gestión, variables macroeconómicas estables y buena reputación en los ámbitos internacionales, pero un mercado interno muy dañado. Es indudable que las tres crisis de los últimos 20 años habían perjudicado la economía. Muchos de los países a los cuales México superaba han logrado sobresalir y son fuertes rivales en el mercado de Estados Unidos.
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La recesión que enfrentó la economía mundial, desde sus inicios en Asia en 1997 y su complicación en Estados Unidos en 2001, tuvo como consecuencia una caída constante en el PIB de México. La entrada de China a la OMC y su correspondiente auge en las exportaciones a la unión americana desplazaron a los productos nacionales. A la par, el mercado interno empezó a saturarse de estos productos traídos, en su mayoría, por contrabando. Las empresas perdieron competitividad al no poder contender en precio.
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2004-...
Futuro: el reto de la competitividad y el empleo
Los próximos años presentan a México un desafío ante el contexto económico mundial: alcanzar un crecimiento real del producto interno bruto de entre 6 y 7% para crear el millón de empleos anuales que el país necesita.
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Esas metas sólo se pueden lograr siendo competitivos a la misma velocidad que nuestros socios comerciales y adversarios. El mejor modo de conseguirlo es ofrecer trabajos productivos con mayor valor agregado a través de un esfuerzo de colaboración para desarrollos regionales, en el que los gobiernos federal, estatal y local, junto con el Poder Legislativo, empresarios, trabajadores y centros de conocimiento, nos propongamos esfuerzos comunes en la misma dirección.
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La mayoría de nuestros campesinos tendrán que realizar actividades distintas a las agropecuarias para que del 24% de nuestra población que depende del campo, emigre 17% a otras áreas de mayor valor agregado (turismo, servicios y manufacturas selectas) y sólo quede 7% en actividades del campo, pero produciendo lo mismo que el 24% actual, elevando por ese medio la productividad de todos.
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Un aspecto crucial del futuro de México está en que cada uno de los ciudadanos nos esforcemos en superar el “espíritu de contradicción” muy arraigado en algunos, que dificultan los consensos, para vivir un “espíritu de colaboración”, que necesitamos con urgencia por el bien de nuestras familias, nuestros pobres y nuestro país.
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La necesidad de reformas estructurales por muchos años retrasadas afecta directamente la competitividad. El gobierno a lo largo de estos tres años se ha dirigido a tres campos concretos: la reforma del Estado, la fiscal y la energética. Claro está que la forma como se aprueben tendrá efectos en la economía mexicana que repercutirán tanto en la toma de decisiones de la sociedad y empresarios, como en el modo de hacer negocios y crear empresas.
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Las compañías que han vivido estos últimos 35 años han tenido que sortear toda clase de obstáculos. El tesón por seguir adelante y crecer en participación para influir en el entorno han sido factores clave en el desarrollo de México. El futuro también estará caracterizado por incertidumbre, cambios y turbulencia. Sin embargo, el empresario mexicano ha aprendido a manejarse en todo tipo de aguas. Ahora necesita hacerlo en el mar global. Y con el tiempo, también ha sido consciente de su poder para influir en el tipo de reglas bajo las que quiere operar, siempre con un énfasis en la ética, la responsabilidad social y la solidaridad.
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* El autor es rector del IPADE