Derecho a la información. Reinicia el d
La crisis económica y política que enfrenta el país ha traído consigo un debate prácticamente olvidado desde el sexenio de José López Portillo, cuando se plasmó en el Artículo 6o. constitucional el derecho a la información: el papel que deben desempeñar los medios de comunicación dentro de un proyecto de nación.
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Así, actualmente algunos piensan que la reforma a los medios debería abarcar la reglamentación del derecho a la información, que quedó pendiente desde la década de los 80, y un código de ética realizado por los propios informadores.
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Para otros, cualquier tipo de reglamentación significa censura. Por ello, hay que buscar, dicen, otras instancias para regular la labor de los medios y normalizar su relación con el gobierno.
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Y para unos más, esta reforma es necesaria pero no se podrá dar hasta que no cambie el sistema político mexicano, porque la apertura y transparencia en los medios, señalan, es -"el harakiri del sistema".
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Legisladores del PRI, del PAN y del PRI, que integran la Comisión de Comunicación Social de la Cámara, así como algunos periodistas coinciden, sin embargo, en un punto esencial: es urgente un cambio en los medios de comunicación del país.
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"No habrá reforma del Estado si no se reforman los medios de comunicación", sostiene la diputada perredista Ana Lilia Cepeda.
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"La ley que rige actualmente a los medios es vieja e inoperante", agrega, por su parte, la diputada del PAN, María Teresa Gómez Mont.
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"Es fundamental establecer la obligación del Estado y de la iniciativa privada de informar sobre todos aquellos asuntos de interés público imponiendo como única restricción, pero bien delimitada, aquello que afecte a la economía del país o a la seguridad -nacional", dice el diputado priísta Carlos Reta.
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Origen del debate. Durante el sexenio de López Portillo el gobierno buscó impulsar, por primera vez, la creación de un nuevo orden informativo tanto a nivel nacional como internacional.
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Todavía antes de asumir el poder, en su Plan Básico de Gobierno 1976-1982, anunció un reordenamiento del derecho a la información. Dirigido por Jesús Reyes Heroles, más tarde secretario de Gobernación, el Plan establecía lo siguiente:
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"El derecho a la información significa superar la concepción exclusivamente mercantilista de los medios de comunicación; significa renovar la idea tradicional, que entiende el derecho de información como equivalente a la libertad de expresión; es decir, libertad para el que produce y emite, pero que se reduciría si ignora el derecho que tienen los hombres como receptores de la información".
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Bajo este planteamiento, el gobierno convocó a un amplio debate donde se esbozaron todo tipo de posturas sobre los medios.
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No obstante, lo único que se logró fue que el derecho a la información se estableciera como un artículo constitucional, sin que se hiciera reglamentación alguna al respecto o se definieran cuáles serían, al informar, las obligaciones del Estado, de la iniciativa privada y de los propios medios de comunicación.
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"Esta es una de las grandes fallas: nunca pasa de un simple enunciado constitucional", afirma el periodista Rafael Rodríguez Castañeda, autor del libro -Prensa Vendida. Los periodistas y los presidentes: 40 años de relaciones.
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La principal oposición para que el derecho a la información se reglamentara emanó de los propios medios: "Mencionemos como claves a los representantes de los diarios El -Heraldo de México y La Prensa, y de la Asociación Nacional de la Publicidad, los cuales querían que la responsabilidad en la realización del derecho se garantizase por medio de un autocontrol de los medios de comunicación y de una reformulación de la moral y ética entre los periodistas", señala Karin Bohmann en su libro -Medios de comunicación y sistemas informativos en México.
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Pero la actitud más férrea provino, quizá, de Televisa. Sus representantes ante la mesa de debates calificaron la mencionada ley como "sumamente peligrosa, innecesaria y sin duda inútil y redundante".
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Con ello, el derecho a la información quedó sin reglamentación y la discusión sobre el papel de los medios dentro de un proyecto de nación, prácticamente olvidada, hasta este año, en que se ha vuelto a abrir.
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En efecto, el alzamiento armado en Chiapas, los asesinatos políticos y la crisis económica registrados en el país han generado un debate sobre los medios y sobre el derecho a la información.
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Por un lado, miembros de la oposición y funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Ernesto Zedillo, han cuestionado en los últimos meses el manejo que ha hecho la prensa mexicana sobre algunos temas de interés nacional y han señalado que ésta distorsiona la realidad y esparce rumores sin fundamento. En pocas palabras, han reclamado por lo que llaman "su falta de ética".
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Carlos Castillo Peraza, presidente nacional del PAN, quien ha tenido fuertes diferencias con algunos comunicadores, ha solicitado una ley de responsabilidades. "Libertad, sí, pero responsabilidad también. No puede ser que batallemos en México para que no haya impunidad y quede un sector que impunemente puede hacer cualquier cosa. El objetivo sería que los medios se responsabilicen de lo que publican y que se les pueda exigir responsabilidad si uno es agraviado", exige.
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Por su parte, en sus conferencias de prensa, el presidente Zedillo se ha referido con claridad a la especulación y manejo de rumores en los medios, a quienes, de alguna forma, los ha responsabilizado de parte de la crisis que enfrenta el país.
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Frente a estas posturas, las empresas periodísticas han pedido, más que nunca, que se dé más información a los medios para evitar especulaciones sin fundamento, sobre todo en temas tan delicados pero tan preocupantes para la opinión pública, como son los asesinatos políticos Y el manejo de la economía.
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En este contexto, el Congreso de la Unión creó una Comisión Especial para estudiar las posibilidades de reglamentar el derecho a la información y estudiar una reforma de los medios.
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Todavía sin posiciones claramente definidas, legisladores de los tres principales partidos nacionales -PRI, PAN y PRD- plantean a EXPANSIÓN algunos de sus puntos de vista.
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¿Se debilitaría el sistema? Para Ana Lilia Cepeda, del PRD, la reforma de los medios es fundamental: "No habrá reforma del Estado si no se reforman los medios de comunicación", afirma contundente.
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Sin embargo, se opone a la elaboración de una reglamentación del artículo sexto constitucional, que habla sobre el derecho a la información: "La reglamentación puede traer censura y, además, muy pronto se volvería obsoleta, tomando en cuenta los avances de la tecnología". Propone, en cambio, la creación de un Consejo Plural de Comunicación Social, cuyo fin sería coordinar y encauzar todos los problemas relacionados con los medios de comunicación.
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Considera, asimismo, que la reforma es muy pretenciosa: son muchos temas con muchas aristas los que hay que tratar. Por ello, como legisladores, debemos dejar un órgano que no sea rebasado por la tecnología, como ocurriría con una ley, para que analice el problema de los medios de manera permanente y no analizarlo como una reforma coyuntural".
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Este Consejo estaría integrado de manera plural por representantes del gobierno, de los medios de comunicación y de gente destacada de la sociedad, todos los cuales tendrían el mismo derecho a voto en las decisiones.
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En él, indica Cepeda, se discutirían temas como el derecho de réplica, "que en los medios electrónicos es urgente" el otorgamiento y refrendamiento de las concesiones de radio y televisión, sus prácticas monopólicas y la posibilidad de dar un uso real y social al 12.5% de los tiempos que estos medios deben otorgar al Estado.
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Adicionalmente, estudiaría formas de apoyo económico a algunos medios de comunicación, particularmente a los escritos, "para que éste no sea arbitrario, como ha ocurrido hasta la fecha". La diputada sostiene la necesidad de definir criterios para que se transparenten los recursos que provienen de las entidades estatales.
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Carlos Reta, del PRI, coincide en la necesidad de reformar los medios y sostiene que es prioritario insertarlos dentro de un proyecto de nación: "No hay una política de comunicación explícita por parte del Estado y eso es fundamental para poder establecer las reglas del juego", apunta.
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Desde su punto de vista, esclarecer cuáles son los objetivos del Estado con respecto a los medios ayudaría a establecer reglas claras y a asumir compromisos explícitos, tanto por parte del gobierno como de los dueños de los medios.
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Para él, la creación de un Consejo Plural de Comunicación Social no sería muy útil para la reforma: "Sólo sería exportar un modelo que opera en otros países, particularmente en Estados Unidos, y adaptarlo a México sin que necesariamente sea adecuado a la realidad mexicana".
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Explica, sin embargo, que es urgente adecuar la legislación en materia de comunicación social, "para que esto pueda servir a los propios medios como un impulso hacia la modernización y puedan cumplir en mayor medida la responsabilidad que tienen en el desarrollo de la sociedad y de la democracia".
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No obstante, aclara que al elaborar la legislación en la materia "debemos ser muy celosos de no limitar la libertad de expresión y de imprenta".
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Encargado durante muchos años de las oficinas de comunicación social de algunas dependencias del Estado, el actual legislador sostiene que con respecto al derecho a la información es muy á importante establecer la obligación de los funcionarios del gobierno y de la iniciativa privada de informar, imponiendo como única limitación la seguridad nacional y el desarrollo de la economía. Asimismo, propone que se establezca como obligación el hacer transparente el gasto del gobierno en materia de comunicación social.
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Más concentrada en el problema de la ética de los medios, la diputada del PAN, María Teresa Gómez Mont, sostiene que como parte de la reforma, el comunicador debe formar conciencia de lo que representa su responsabilidad: "Una interpretación facciosa distorsiona la realidad".
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Con respecto a la libertad de expresión y el derecho a la información, señala que los comunicadores tienen una gran responsabilidad. "Por ello deben pasar por un proceso de análisis y reflexión, sopesar la realidad y no irse a la primera con la finta, porque la sociedad les cede su derecho a la libertad de expresión".
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Para la diputada es fundamental realizar un reglamento del artículo sexto constitucional. "En la historia de México se ha dado una libertad de expresión absoluta y lo que se quiere es que se reglamente para salvaguardar esa libertad". Indica que quienes se oponen a una reglamentación o los que dicen que esta no existe se equivocan, porque desde 1917 existe la Ley de Imprenta, "la cual es muy represiva y sólo reglamenta a los medios escritos".
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Las principales propuestas de su partido para reformar a los medios las resume de la siguiente manera:
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- Reglamentar el derecho a la información, siempre y cuando sea para salvaguardar la libertad.
- Las concesiones de radio y televisión no deben ser otorgadas de forma discrecional.
- Debe legislarse el derecho de réplica en radio y televisión.
- Debe haber equidad en los tiempos oficiales.
- Se deben transparentar los recursos que fluyen a los medios.
- Establecer los criterios necesarios para promover los valores y la identidad nacional en los medios de información.
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Adicionalmente señala que es urgente que se elaboren códigos de ética por parte de los informadores, para que estos se autoregulen.
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Más pesimista, el periodista Rafael Rodríguez Castañeda, durante años dedicado a estudiar los medios de información en México, sostiene que estos no podrán ser reformados hasta que no cambie el sistema político mexicano: "A pesar de los esfuerzos de algunos medios por ejercer su derecho de libertad de expresión, las cosas no van a cambiar mientras no cambie la naturaleza misma del sistema", sostiene. Añade que la libertad de expresión es una garantía constitucional que existe en México desde hace años; "el problema es que no es frecuente que los ciudadanos deseen, quieran y logren dicha libertad, o que el gobierno la respete".
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Desde su punto de vista, si el gobierno decidiera cumplir y la sociedad decidiera ejercer la libertad de expresión, el sistema político mexicano se debilitaría, porque su estructura autoritaria depende "del caos y la anarquía que hay en materia de comunicación social".
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Enfatiza: "Este gobierno no puede abrir sus puertas. Por ello, no puede haber reforma si no hay cambio del sistema, y como éste se sostiene en grupos de poder políticos y económicos lo que menos quieren es ceder sus espacios de poder".
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Según esto, y más allá de los afanes, proyectos y esperanzas de unos y otros, ¿será posible lograr una reforma en los medios de comunicación mexicanos y en los sectores relacionados con ellos y así contribuir al desarrollo democrático del país? Aún está por verse.