Los procesos de desarrollo económico con frecuencia priorizan el apoyo industrial, desconociendo la enorme contribución que puede y debe hacer el sector agropecuario para lograr un crecimiento sólido y con equidad en el contexto nacional.
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La falta de políticas claras y estables hacia la agricultura y el desarrollo del sector rural se deben con frecuencia al desconocimiento e incomprensión de lo que este sector representa y puede aportar al país. En las líneas que siguen trataremos de entregar un aporte que contribuya a mejorar el conocimiento de la problemática del campo mexicano, de su extraordinario potencial, y de los principales ajustes político-institucionales que deberían ponerse en práctica para impulsar el desarrollo rural sólido y sostenido.
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La población rural en el país representa cerca de 30% del total y la dependencia de actividades relacionadas con la agricultura hace que exista una población mucho mayor ligada a los destinos del agro. Por eso, lo que suceda en este sector será mucho más importante para el país.
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Los principales problemas que enfrenta el campo son los siguientes:
Educación y empleo. Debe reconocerse la deficiencia en la educación de la población rural –que al emigrar a las ciudades, conforma la fuerza de trabajo en el país–. Recientes datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social señalan que 73.8% de la fuerza de trabajo ocupada en México no cuenta con educación básica terminada, factor de fuerte incidencia en la productividad laboral, que repercute a la larga en la competitividad de México en el contexto mundial. La tasa de analfabetismo en el país, que alcanza 10%, es una medida de este problema, y si se considera además al analfabeto por desuso –aquél que ha olvidado su capacidad de leer y comprender–, situación común en el campo, es posible apreciar que el área educativa representa uno de los principales problemas para el desarrollo nacional.
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Otro factor importante que influye en la capacidad de aprendizaje es la alimentación y nutrición de la población. Un reciente estudio del Instituto Nacional de Nutrición señala que en seis estados de la República los niveles de alta desnutrición alcanzan entre 67.5 y 88.5% de la población, a pesar de tener estos recursos naturales en abundancia y de calidad (se trata de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Guerrero).
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Teniendo presente el fuerte crecimiento de la población en la década de los 70, para el próximo decenio el gran desafío del país será aumentar la creación de puestos de trabajo, los que cada vez tienen mayores requerimientos de capacitación y, por lo tanto, de mayor nivel educacional. Según un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), las estadísticas de empleo y desempleo utilizan indicadores sesgados, ya que consideran que tienen empleo a quienes lo hacen uno o dos días de la semana, lo que debería considerarse como desempleado o subempleado. Hay que señalar que en esta situación se encuentran 21 millones de personas, de un total de 38 millones de Población Económicamente Activa (PEA). El alto déficit de empleo actual presiona la generación de nuevos puestos de trabajo, lo que exigirá que para los próximos 20 años la generación de empleo deberá crecer 3.8 veces más que la economía, para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo.
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Descapitalización. Este es y será un serio problema para la agricultura mexicana de la próxima década. La crisis económica que afectó al país al inicio del actual sexenio, junto con la falta de recursos financieros para el sector, y una competencia originada en el Tratado de Libre Comercio (TLC), para la cual la agricultura no estaba preparada, han llevado a este sector a un creciente deterioro, que se verá agravado aún más con las recientes lluvias e inundaciones que han destruido extensas zonas agrícolas. Si se analizan las colocaciones de crédito del sistema bancario nacional en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tabasco, se aprecia que reciben tan sólo 3.74% del financiamiento bancario del país. A su vez, dichos estados tan sólo contribuyen con 6.5% de los recursos captados por el sistema financiero.
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En contraposición a este desastre de lluvias e inundaciones, otro serio problema que afecta a la agricultura es la fuerte sequía que ha asolado este año a los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Sonora, lo que tendrá también un efecto negativo sobre la producción, contribuyendo aún más a la ya generalizada descapitalización del sector a escala nacional.
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Otro aspecto importante en este rubro es la disponibilidad de recursos financieros para la agricultura. En el periodo 1993-1998, los recursos canalizados a través del sistema financiero (banca de desarrollo y comercial) tuvieron un crecimiento modesto en pesos. La distribución de esos recursos sufre, sin embargo, una importante modificación en cuanto a la institución canalizadora. La banca de desarrollo, que mantiene una participación entre 26 y 28% de las colocaciones entre 1993 y 1997, tiene una fuerte disminución en 1998, cayendo a 18% y llegando casi a 20% en lo que va de 1999.
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En cuanto a las colocaciones totales de crédito en la economía nacional y la participación que en ese renglón tiene la agricultura, se aprecia una tendencia decreciente: recibió 8.6% en 1990 y terminó con 4.1% en 1998 y 4% en lo que va de 1999, lo que refleja una aguda restricción crediticia, o una incapacidad del sector para cubrir las altas tasas de interés que han predominado.
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Tecnología. La introducción de tecnología en los procesos productivos representa uno de los principales mecanismos para incrementar la productividad de la agricultura. Esto implica, sin embargo, contar con los capitales necesarios para hacer las inversiones requeridas y con gente preparada, dos variables fuertemente limitadas por la baja educación y la descapitalización ya mencionadas.
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El acceso a la tecnología requiere, por lo tanto, contar con una política de incentivos, ejecutada bajo un concepto que atienda los requerimientos de las principales variables que inciden en su adopción y uso.
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Marco institucional. Varios factores han hecho que el marco institucional en que se desenvuelve la agricultura mexicana adolezca de limitaciones y vacíos para incentivar la operación de una agricultura moderna. Sin duda, entre los más relevantes, debe señalarse la tenencia de la tierra, factor que influyó por largos años en la producción, desincentivando la inversión, excepto aquella que proviene del Estado y que no siempre se aplicaba con criterios técnicos y de eficiencia. La modificación constitucional de 1992 abrió una nueva perspectiva en el agro, al permitir la asignación de la propiedad individual entre los ejidatarios y la inversión conjunta entre éstos y el sector privado.
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Otro factor institucional importante ha sido el de los mercados y la comercialización de los productos del agro. La concentración de la comercialización de las cosechas agrícolas más importantes del país en manos del Estado fue un factor que inhibió la competencia, y repentinamente dejó de hacerlo y abrir a los mercados al libre juego de la oferta y la demanda, realidad para la cual los productores no estaban preparados.
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La existencia y calidad de la infraestructura es otra de las variables de importancia en el desarrollo y operación de una agricultura moderna y competitiva. La red vial, los sistemas de irrigación, la disponibilidad de energía eléctrica son, entre otros, elementos de gran importancia para el mejoramiento de la agricultura y su proceso de integración hacia una agroindustria de transformación y procesamiento que pueda crear mayor demanda de productos y más valor para éstos, al nivel de las comunas rurales, generando además nuevas fuentes de trabajo.
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Contribución al desarrollo económico y social
Una rápida mirada a los países más desarrollados permite percibir un sólido sector agropecuario que jugó siempre un papel fundamental en el proceso de desarrollo.
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Las contribuciones básicas de la agricultura estuvieron ligadas en primer lugar a la alimentación de las naciones en la medida en que éstas se fueron conformando. Como segundo aporte estuvo el crecimiento de la población, que permitía la emigración desde el campo a la ciudad de jóvenes nacidos, crecidos, y a veces educados en el medio rural, que se incorporaban a la fuerza de trabajo en otras actividades económicas como la construcción, la industria, el comercio, etcétera, sin que esos sectores tuvieran que asumir los costos del desarrollo de esas personas. Al analizar en el tiempo los cambios en la distribución de la población entre urbana y rural, se aprecia el crecimiento urbano frente a la disminución rural. En 1960, México tenía 49.3% de población rural, porcentaje que bajó sostenidamente hasta 28.7% en 1990 y 25.4% en 1998.
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Aun cuando el Estado contribuya en aspectos como educación y salud, son las familias rurales las que asumen la mayor parte de los costos que significa alimentar, vestir y llevar a un niño desde su nacimiento hasta la adolescencia o la edad adulta, para que después se desempeñe en otras actividades no vinculadas al sector de sus raíces.
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Un tercer aporte de la agricultura al desarrollo es su contribución como generador de recursos para el Estado, por la vía de los impuestos, y generación de divisas en la medida que se fortalecen los sectores exportadores de productos agrícolas. Dos experiencias relativamente recientes en países de América Latina permiten apreciar estos aspectos:
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Chile fue por muchos años un país monoproductor, cuyo futuro estaba fuertemente ligado a los mercados del cobre, cuya exportación en los inicios de la década de los años 70, durante el gobierno socialista, representaba el 85% de las divisas del país. Los cambios político-económicos impulsados por el gobierno militar durante la segunda mitad de la misma década incentivaron la diversificación de la economía a través de la iniciativa privada, y la agricultura se transformó en uno de los sectores más dinámicos, después de haber sido por años considerado el sector “lastre” que impedía el despegue económico del país. La proyección de la agricultura como centro y motor del sistema de agronegocios, permitió al país convertirse en el principal exportador de frutas frescas del hemisferio sur, desarrollando posteriormente una fuerte agroindustria procesadora de productos agrícolas y forestales que a la fecha representan 39.7% de las exportaciones totales del país, contribuyendo, hasta el año de 1998, a mantener un bajo nivel de desempleo que fluctúa entre el 4.5 y 5.5% anual.
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El potencial de la agricultura también se percibe en México, cuyas exportaciones agrícolas crecieron de $1,961 millones de dólares en 1993 a $3,435 millones de dólares en 1998, y esto a pesar de los problemas que ha enfrentado el sector y sin haberse desarrollado plenamente todavía la integración agroindustrial que debería agregar valor a los productos y mayores oportunidades de empleo a la población rural. En cuanto a la balanza comercial agropecuaria, en el primer semestre del presente año, creció en 270.9% en relación a igual periodo de 1998, generando un excedente de $638 millones de dólares.
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Adicionalmente, hay que destacar que en el primer semestre del presente año la generación de divisas por exportaciones agrícolas alcanzó los $2,754 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de 9.2%. Entre las principales exportaciones destacan las legumbres y hortalizas frescas, frutas, ganado vacuno, tabaco en rama y otras especies menores.
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Ningún país podrá desarrollarse de manera firme y sostenida si no tiene una agricultura sólida, con niveles de productividad que la hagan competitiva en el contexto mundial. México debe estar consciente de esto, como también de que dispone de los medios para ocupar una posición importante en la agricultura mundial.
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Impulso al desarrollo agrícola mexicano
La riqueza en los recursos naturales del país, y las cifras antes mencionadas, demuestran que existe en México una gran potencialidad para que la agricultura –y los agronegocios– vaya tomando un liderazgo en el desarrollo nacional, en la medida en que se den las condiciones para que la iniciativa privada desarrolle su creatividad, adopte las mejores tecnologías y asuma los riesgos que implica la producción agrícola.
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Las prioridades de política agrícola deben estar centradas, al menos, en las áreas que se señalan a continuación:
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1. Apoyo a la educación. Esta es una tarea de largo plazo y debe enfatizarse el mejoramiento de la capacitación del trabajador y pequeño empresario agrícola. El fortalecimiento de las escuelas técnico-profesionales será una medida en la dirección correcta, para que la juventud reciba en su educación media conocimientos que les preparen para su trabajo agrícola con mayores niveles de productividad. Estas mismas escuelas y otras iniciativas pueden (y deben) desarrollar una importante labor de capacitación técnica.
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2. Mejoramiento de la productividad. Ante una agricultura cada vez más globalizada y competitiva, los esfuerzos para ser más eficientes en la producción son fundamentales. La adopción y uso de las tecnologías de punta será el principal instrumento para alcanzar los niveles de competitividad internacional necesarios para promover la exportación de productos agrícolas mexicanos, y sustituir las actuales importaciones en la medida de lo posible. Mecanismos de incentivos para el uso de tecnologías deben ser parte fundamental de cualquier política agrícola.
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3. Mercados. Especial atención debe darse al conocimiento de los mercados y las formas de mejorar los procesos de comercialización de los productos agrícolas, tanto a escala nacional como internacional, priorizando las exportaciones, y el Estado debe jugar un rol importante en la promoción de los productos mexicanos.
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El sector privado, a su vez, debe buscar mecanismos de asociación y coordinación, que permitan enfrentar mejor la competencia en los mercados de destino. La rigurosa aplicación de normas de calidad será un elemento vital en la búsqueda y consolidación de los mercados externos. México ya tiene una trayectoria y participación importante con algunos productos hortícolas y frutas, situación que podría continuar su expansión y diversificación hacia el procesamiento y venta de dichos productos.
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4. Recursos financieros. El aumento en las inversiones es una urgente necesidad para aprovechar los extraordinarios recursos agrícolas del país, lo cual requiere contar con líneas de financiamiento compatibles con las realidades de la producción agropecuaria en términos de plazos, tasas de interés y términos de pago. Los recursos deberían estar disponibles para actividades que aumenten las exportaciones y el empleo, preferentemente rural, favoreciendo las tecnologías de punta y las actividades del sistema de agronegocios, las que, basadas en la agricultura, proyectan a ésta hacia productos agroindustriales u otros con valor agregado.
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El campo mexicano tiene un papel fundamental en el desarrollo económico y social del país durante la primera década del próximo milenio. Los recursos naturales existen y la población mundial sigue creciendo, por lo que se requieren cada vez más alimentos. Los países más avanzados con altos niveles de ingresos, cambian sus patrones de consumo buscando nuevas dietas que mejoren los niveles nutricionales y contribuyan a la prevención de enfermedades, manteniendo en mejor forma a una población cada vez más longeva. Los países en proceso de desarrollo representan mercados reales o potenciales para los productos agrícolas en la medida en que su población continúa aumentando y se incrementen sus ingresos per cápita, para modificar también sus patrones de consumo.
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La agricultura de México tiene un gran desafío para la próxima década: consolidar su posición como la piedra angular del desarrollo nacional.
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Claudio Barriga
es miembro del comité ejecutivo del Centro de Información Estratégica para Negocios de la Universidad de Chile. Asesor de Pulsar Internacional y Miembro del Consejo académico de Duxx.