El campo requiere más que dinero
El presupuesto del Programa Especial Concurrente (PEC) para el año 2011 es de 294,526.3 millones de pesos, según lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El sector primario representa 3.67% del PIB nacional, con una tasa de crecimiento anual de 5.7%. Es importante preguntarse si el monto de recursos invertidos representa un retorno suficiente en cuanto a crecimiento del sector.
Si consideramos que una tercera parte del PEC (136,000 millones de pesos) está siendo gastada en cuestiones sociales de forma asistencialista (atención a la pobreza en el medio rural y condiciones de salud de la población rural y educación), nos quedan únicamente alrededor de 150,000 millones de pesos para detonar el sector primario.
Un tercio de los recursos disponibles, uno 50,000 millones, está siendo invertido en subsidios destinados a fomentar la productividad a través de la vertiente competitiva del PEC. Se trata, esencialmente, de recursos de transferencias individuales para elevar la competitividad, como Procampo, programas de activos productivos, programas de coberturas de precio y riesgos (por alzas ante desastres naturales) y comercialización.
Si bien el monto invertido por el Estado mexicano no es despreciable, valdría la pena cuestionarse si su uso puede ser más eficiente y redituable para la economía mexicana, ya que el modelo de agronegocios en el que tanto se invierte no resulta tan eficiente.
Uno de los problemas con que nos enfrentamos es la concentración de los recursos, tanto a nivel estatal como personal. Según información de la página www.subsidiosalcampo.org.mx, los subsidios que se otorgan a través de pagos directos individuales de cinco programas agrícolas están destinados, en su mayoría, a los estados del norte del país, particularmente a Sinaloa y Tamaulipas. Ambos estados son productores de maíz, sorgo y pasto perenne. Y al interior de dichos estados, los subsidios están principalmente concentrados en 20% de los productores que cooptan la mayoría de los recursos.
El modelo de agronegocios actual destina gran parte de los recursos estatales a bienes privados para subsanar algunos de los problemas de comercialización que enfrentan los grandes productores (ya sean excesos, fluctuaciones del mercado, almacenaje, transporte, exportación). Aunque no tenemos una idea clara del dinero que el Estado mexicano invierte en la generación de bienes públicos (como los sistemas de riego), dada la opacidad con los que se manejan éstos, tenemos la intuición de que los estados que son los grandes productores también son grandes receptores de este tipo de subsidios.
Sinaloa, por ejemplo, recibe 10.7% de los subsidios a nivel nacional (de los programas que se encuentran en la citada página web), pero contribuye apenas con 7.6% del PIB primario nacional. Además, tiene apenas 1.8% de las unidades de producción agrícola del país.
Sin embargo, las cifras oficiales nos dicen que tres de cada cuatro productores agrícolas en México no se encuentran en estos estados, ni son grandes productores a los que se destina la política de agronegocios. Es decir, 75% de los productores agrícolas en México son de pequeña escala, con menos de cinco hectáreas y, además, 80% de ellos se encuentra en los municipios más pobres.
Una pregunta importante que debemos hacernos es si existe una forma en la que se potencie la productividad agrícola, pero a través de la potencialidad de los pequeños y medianos productores. Un modelo de desarrollo rural que fomente los mercados locales podría ser una solución, no sólo a los problemas derivados de la productividad agrícola (un sector cuyo crecimiento ha sido relativamente pobre: 1.2% en el primer trimestre de 2011), sino también como un detonador del mercado interno.
Esto significa dejar de producir en Sinaloa el maíz que se come en Oaxaca, con los altos costos que esto genera. La propuesta es desatar el análisis y la discusión sobre la eficiencia de que el mercado de Oaxaca produzca el maíz que se consume localmente e intercambiar solamente los productos que ahí no pueden producirse.
La autora es investigadora del área de Transparencia y Redención de Cuentas de Fundar.
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