El consejero más buscado

Durante seis años conoció algunos de los más íntimos secretos de México. Ahora, Ernesto Zedillo suma al menos una decena de empleos en los principales cuerpos directivos de empresas multinacionales y organismos internacionales. ¿Hasta dónde puede llegar su influencia dentro y fuera del país para defender los intereses que ahora representa?

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A diferencia de otros ex presidentes que guardaban un voto de silencio tras su sexenio, él aparece con frecuencia en distintos espacios públicos por sus posiciones como asesor o miembro del consejo de administración de grandes grupos, como la empresa de aluminio Alcoa, el gigante de productos de consumo masivo Procter & Gamble, la automotriz DaimlerChrysler o la ferroviaria Union Pacific.

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Su participación en organismos financieros internacionales también es activa: Koffi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, lo designó el pasado 22 de febrero para encabezar el comité de expertos que harían propuestas para financiar el desarrollo de los países pobres en los próximos años gracias a “sus sólidas capacidades intelectuales  en las esferas económica y financiera”.

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Por “tener los conocimientos necesarios para entender y explicar el complejo proceso de la globalización”, Richard C. Levin, rector de la Universidad de Yale, invitó a Zedillo a encargarse del Centro de Estudios de la Globalización. Y por si fuera poco, Mike Moore, actual director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo tiene como asesor y lo candidatea para sucederlo en el cargo.

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A la fecha, entre todas sus chambas privadas –como él mismo les llama– y la jubilación que cobra en México como ex mandatario, sus ingresos ascienden a $11.8 millones de pesos al año, según cálculos del Senado de la República.

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La sombra de Zedillo está presente en el país, a pesar de que, a decir del senador panista César Jáuregui, su estilo era de cerrazón al diálogo con los partidos políticos; su carácter caprichoso y grosero para los opositores, según el líder sindical de los telefonistas Francisco Hernández Juárez, y su personalidad, según el senador priísta Óscar Cantón Zetina, la de “un mediocre afortunado” y sin carácter que manipuló al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tuvo factores externos que lo favorecieron –como instituciones nacionales y militancia partidista sólidas y la bonanza económica estadounidense–.

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Méritos e influencias
Mientras en el extranjero se le reconoce por hacer posible la alternancia en el poder, consumar el proceso de reforma política y económica de las últimas dos décadas y por poner a México en el mapa económico mundial, dentro de las fronteras sus nombramientos en diferentes organizaciones han levantado polémicas.

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Para Carlos Elizondo Mayer-Serra, director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la influencia que Zedillo podría tener en los organismos internacionales, empresariales y en el país es limitada: “Su papel principal será el de académico en la Universidad de Yale.” Lo que podría hacer la diferencia es que fuera elegido para dirigir la OMC y “aún así estaría  lleno de restricciones porque (sus actos) dependerían de la aprobación de los gobiernos de los países”. Mientras, en México, “cualquier iniciativa que fuera apoyada por Zedillo tendría a todo el mundo en contra”.

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En opinión de Cantón, el compromiso del anterior Presidente con el neoliberalismo hizo que “tuviera como candidato a sucederlo en la Presidencia a Vicente Fox”, no para seguir gobernando, sino para continuar su proyecto político-económico, “y en eso Fox ha cumplido a cabalidad”.

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A Jáuregui, actual vicepresidente del Senado, no le extraña la inclusión de Ernesto Zedillo en empresas e instituciones multilaterales, por “el deslumbramiento que tienen estos organismos comerciales ante lo que consideran políticas públicas exitosas”.

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Arturo Wadgymar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que la continuación de la carrera de Zedillo en los grandes grupos privados es natural por su empatía ideológica con “ese grupo oligopólico”, mientras que para las empresas es una forma de “retribuir y compensar sus servicios mientras estuvo en el gobierno, como un convencido difusor de su ideología”.

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De igual manera, Hernández Juárez cree que el ex mandatario reunió altas calificaciones y méritos a ojos de esos organismos y empresas por ser un operador muy eficaz de las políticas globalizadoras impuestas por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o la propia OMC.

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La guerra
La hiperactividad del ex Presidente ha motivado que sus contrincantes y antiguos compañeros de partido pretendan revisar su actuación e incluso establecer leyes que impidan nuevamente “el descaro en la tarea de un ex mandatario”, como dice Cantón.

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La pérdida del poder que el PRI había retenido durante 71 años devino en una guerra intestina dentro de ese partido; los grupos llamados dinosaurios se han ido con todo en contra de los denominados tecnócratas, lo que ha causado la marginación e incluso la salida de quienes optaban por esta corriente de pensamiento, abanderada por el anterior Presidente. “Hay una posición muy negativa contra la tecnocracia de parte del PRI, pero al final eso le va a acostar más que darle bonos –observa Mayer-Serra–. Siento que ni Zedillo ni su grupo están en intento alguno de agruparse en ninguna forma; ellos, por lo que percibo, tienen muy claro que su tiempo en la política ya terminó.”

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Lo que sí puede prevalecer es el recurso de la venganza de quienes quedaron huérfanos de poder. El pasado 5 de junio, Cantón presentó una iniciativa ante el Senado para regular las pensiones presidenciales –$1.8 millones de pesos al año por cada ex mandatario–, y aunque asegura que su propuesta “no lleva dedicatoria”, anexa a la exposición de motivos un análisis del caso Zedillo. Ese mismo día, en la Cámara de Diputados, el legislador perredista Martí Batres presentó otro proyecto de ley con el fin de prohibir a los ex gobernantes aceptar un empleo en la iniciativa privada.

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El 14 de marzo último, el diputado priísta Jesús de la Rosa Godoy pidió a la Secretaría de la Contraloría revisar la concesión de la vía ferroviaria Pacífico-Norte, otorgada por 50 años durante el sexenio anterior en $524 millones de dólares a la compañía estadounidense Union Pacific, a la cual ahora se integró Zedillo. Además, pidió que se verifique si el ex Presidente contravino la prohibición para funcionarios públicos de tomar un empleo o comisión en una empresa privada hasta un año después de haber dejado su cargo, como lo expresa el artículo 88 de La Ley federal de servidores públicos.

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Si bien esta última propuesta no procedió, pues en dicha ley no se menciona a los ex mandatarios como sujetos a esta norma, legisladores de varios partidos condenaron la actitud “éticamente irresponsable” de Zedillo al aceptar el puesto, ya que genera un conflicto de intereses, afirma Cantón, pues “no se trata de cualquier mexicano, sino de un ex gobernante que conoce lo más íntimo de un país, tiene información privilegiada y eso tiene que ver con la seguridad nacional”.

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Jáuregui piensa que la iniciativa de ley propuesta por Cantón podría tener un elemento de revancha política en contra de Zedillo, por permitir que la oposición tomara el poder presidencial.

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En el fondo, apunta Alejandro Poiré, jefe del departamento de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), lo que está cambiando es la organización de un sistema político donde aún existe una enorme cantidad de lagunas legislativas acerca de hasta dónde los políticos y ex políticos pueden tener participación en la actividad privada: “El caso de Zedillo nos ilustra la importancia de dar claridad y transparencia a las reglas del juego.”