Mientras se discutió la posibilidad de forjar una amplia alianza opositora –con el PAN y el PRD como ejes– los partidos opositores se quejaron de que la ley electoral era sumamente restrictiva en esta materia. Comparativamente las legislaciones en otros países son más flexibles. La legislación mexicana solía ser bastante abierta, permitiendo la figura del candidato común, que podría ser respaldado por varios partidos sin necesidad de que formaran una estrecha coalición ni presentaran una plataforma común. No había en ello nada que representara un riesgo a la hegemonía del PRI; los llamados partidos “paraestatales”, PPS y PARM, solían adoptar como su candidato el mismo que el PRI postulaba. Pero tal figura se volteó contra el PRI en 1988, cuando en torno de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas surgió un frente que generó el mayor desafío electoral que ha enfrentado el PRI. El gobierno entendió el peligro que la figura de la candidatura común podría representar para su partido, por lo cual se procedió a modificar la ley en 1990, cancelando las candidaturas comunes y restringiendo la formación de coaliciones. Dicha modificación fue avalada por el PAN, que por entonces nada quería saber sobre una coalición con el PRD. De modo que las coaliciones, sin quedar prohibidas, fueron complicadas artificialmente por la ley. De ahí la iniciativa de la oposición en el Congreso para flexibilizar los requisitos para una coalición.
- Pero quienes en 1990 modificaron la ley para obstruir las coaliciones, tuvieron un descuido: pues si bien determinaron que los derechos de la coalición no deberían sobrepasar los de un solo partido, para no otorgarle ventajas excesivas o indebidas a la coalición, no hicieron explícita esa limitación en lo que hace al uso de los fondos públicos.
- La ley permite la acumulación de los recursos. El PRD, al coaligarse con otras cuatro formaciones partidarias, contará con $56 millones de pesos más que el PRI y $58 millones más que la coalición formada por el PAN y el PVEM, siendo que la distancia electoral entre el PRI y el PRD en 1997 fue de 14%. Si el PRI hubiera buscado aliados, contaría con muchos más recursos, pero para los partidos pequeños cada vez resulta menos rentable políticamente aliarse con el PRI.
- Así pues, el descuido de quienes modificaron la ley en 1990 da ventajas cuestionables a los partidos que se han coaligado. Si alguna ganancia arroja esto, es que un posible triunfo del PRI no tendría ya como explicación su ventaja en términos de fondos públicos. Desde luego, hace falta fortalecer los mecanismos de control y vigilancia del financiamiento de los partidos, para evitar que recursos de origen ilícito penetren en sus arcas, con lo cual la legitimidad del proceso podría ser puesta en duda, como ocurrió en 1994.
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El autor es investigador del CIDE