Ante la gravedad de la crisis desatada por la devaluación del peso en diciembre pasado, la economía, como esfera de acción gubernamental, se ha convertido en la clave sobre el futuro de México. Como nunca antes, el manejo de las finanzas públicas se ha politizado, teniendo las autoridades (como el Banco de México) -hasta hace poco comunes a la opinión pública- que explayarse minuciosamente sobre la forma en que han conducido sus asuntos.
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El caso más sonado, como se sabe, había sido la defensa que el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, realizó hace unas semanas de la política que siguió la institución durante 1994, año en que la liberalización del crédito público por parte de las autoridades monetarias contribuyó a que ocurriera una devaluación sin control del peso. Por ello, la posición de Mancera comenzó a tambalearse desde entonces y la de Jaime Serra, primer secretario de Hacienda del gobierno de Ernesto Zedillo, se volvió insostenible.
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La situación cambió significativamente cuando el ex presidente Carlos Salinas de Gortari introdujo un elemento adicional a la discusión sobre la política económica aduciendo que en diciembre hubo un "error" al que se debía responsabilizar de la catástrofe actual. Si bien se trató de un movimiento reflexivo que tiene por objeto fortalecer su propia posición con respecto al gobierno de Zedillo y, mis que nada, frente a los principales empresarios y banqueros de México y el extranjero el debate queda planteado de manera muy interesante.
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Por principio de cuentas, la posición de Mancera se vio favorecida indirectamente, pues a él (y al Banco de México) le conviene sobremanera que el "error" se sitúe de en diciembre precisamente y no en ningún otro momento anterior al día 30 de noviembre (cuando Salinas terminó su mandato constitucional). Y esto porque al menos refuerza el argumento de que la política monetaria nunca dejó de ser consistente: lo que cambió a partir del 1 de diciembre fue la gestión hacendaría.
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El culpable de la crisis entonces resultaría ser evidentemente Serra, algo con lo que ni Salinas o Mancera, como tampoco el anterior secretario de Hacienda, Pedro Aspe, o el actual, Guillermo Ortiz, tendrían demasiados problemas. A fin de cuentas, ni Zedillo debería querer rebatir esto demasiado. Serra ya pagó su error y fuera del gabinete no representa un costo adicional para nadie.
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Sin embargo, la cosa se complica cuando el "error" pudiera llegarse a atribuir al gobierno actual en su conjunto, o al menos a los encarados de la actual conducción económica. Entonces, el debate sobre lo que sucedió el 19 y el 20 de diciembre (cuando se anunció primero una ampliación de 15% en la banda de flotación del peso y, después, tuvo que dejarse que flotara libremente la moneda) adquiere una importancia capital para el presente y el futuro político del país.
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Ello, porque es precisamente en la economía donde se sitúa la vulnerabilidad mayor del régimen de Zedillo. Y si resulta del debate que los problemas con la conducción de la política económica rebasan la responsabilidad individual de Serra, dañarían automáticamente la autoridad del presidente en un momento en que aún no se han resuelto las secuelas más graves de la devaluación.
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La debilidad de Zedillo se volvería evidente. Y la defensa que el actual equipo económico (en Hacienda y en el Banco de México) montó con relativo éxito para preservar un espacio mínimo de maniobra frente a sus acreedores externos representados por Robert Rubin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, se vería seriamente dañada.
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Sólo la presunción de que Zedillo, Ortiz y Mancera tienen la capacidad de, una vez quedado atrás lo acontecido en diciembre, retomar con firmeza la conducción de la política económica, le ha permitido al gobierno no tener que hacer concesiones adicionales (como la instalación de un Consejo Monetario).Si esta presunción desaparece como resultado de un debate amplio sobre el "error" de diciembre, podemos esperar cambios adicionales en el gabinete económico y en el Banco de México.
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El autor publicó el libro Banqueros y Revolucionarios: la soberanía financiera de México, 1914-1929, editado por el Fondo de Cultura Económica.