Lejos de lo que se piensa, todo parece indicar que los primeros enemigos de la “privatización” no son los partidos de oposición o los críticos del sistema, sino los propios funcionarios del gobierno federal. Más allá de los paradigmas ideológicos pseudonacionalistas, el escaso éxito que han tenido en México los programas de privatización (carreteras, ferrocarriles, petroquímica) guarda una profunda relación con un problema nacional más añejo: la corrupción.
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Al mostrarse tan incapaz en la lucha contra el uso indebido de recursos e influencias, la actual administración sólo confirma las peores sospechas que mantienen inversionistas y promotores empresariales; esto es: que el régimen es presa de su propio pánico al cambio, que no hay una verdadera convicción democrática detrás de un discurso que apoya el libre mercado y que la descomposición del sistema ha derivado en que el Presidente aparezca como un virtual rehén de la vieja clase política (cuyos especímenes son mejor conocidos como -dinosaurios).
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Así, las cosas cambian para que todo siga igual: ni se esclarecen los asesinatos políticos, ni se sanciona a quien elige el camino de la violencia, ni, en fin, se aplica la ley sin distingos. Sin garantías para la inversión, sin reglas claras para los que consideran arriesgar su dinero y trabajo en el país, sin señales definitivas de cambio que confirmen la ruta económica, los funcionarios comparecen ante diversas audiencias nacionales e internacionales. Su discurso puede ser lógico, pero en los hechos no convence. Incluso, el gobierno ha cometido el error de caer en discusiones ideológicas, cuando las circunstancias le obligan a ser pragmático. El resultado es que no hay ni confianza ni garantías en la conducción política del país. Lo que prevalece es la falta de claridad.
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¿Es acaso casual que la primera fase de la privatización de la red ferroviaria haya derivado en un estrepitoso fracaso? ¿A quién le interesa ser socio de Pemex, cuando la paraestatal (a pesar de que es una empresa pública, propiedad de todos los mexicanos, sujeta por tanto a escrutinio) se administra como la empresa más privada de México? Aquellos que enarbolan las banderas de la soberanía y del interés público, ¿olvidan deliberadamente que los recursos derivados del monopolio estatal nunca han beneficiado al grueso de la sociedad y sí, en cambio, ha derramado su riqueza entre una élite, misma que curiosamente considera a Pemex como de -su propiedad exclusiva?
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En el proyecto del nuevo aeropuerto para la ciudad de México —necesidad largamente aplazada—, aún no se define nada. Para el suspicaz, esta situación le haría suponer que ya hay especulación con los terrenos y que la guerra tras bambalinas es entre los mismos terratenientes de siempre. A muchos les podrá sonar a derrotismo, pero es un hecho mil veces comprobado que en México no siempre ganan los intereses de particulares, aunque muchos funcionarios (y ex funcionarios) públicos nunca pierden. El gobierno puede dar como un hecho la crónica falta de memoria de gran parte de los mexicanos; pero la misma constante no tiene lugar entre muchos de los extranjeros.
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Alguien dijo que “infancia es destino”. A la luz de lo que sucede con las fallidas privatizaciones, el presidente Zedillo y sus colaboradores no han dejado atrás el trauma de diciembre de 1994 y caen en los mismos errores que cometieron durante las primeras (y fatídicas) semanas del actual sexenio. Continúa el envío de mensajes contradictorios, prevalece el cambio abrupto de señales, hay aún falta de claridad al momento de comunicar e informar a la opinión pública.
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Pero se debe considerar otro detalle: el horno ya no está para bollos y la sociedad rechaza que le sigan pasando la factura de este malhadado aprendizaje. El país necesita que el gobierno deje atrás actitudes infantiles y dé el paso hacia la madurez.
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