Cuando la nota roja ocupa las secciones de información general y se convierte en el principal registro de la vida partidista, no puede menos que hablarse de un grave y avanzado proceso de deterioro institucional que enrarece el clima político.
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En muy pocas semanas pasamos del conflicto de intereses entre una institución pública y una fundación privada (Presidencia de la República y Vamos México) al cinismo de un senador nacional (Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde); del balconeo, destitución y graciosa huida del secretario de Finanzas del gobierno capitalino (Gustavo Ponce Meléndez, apostador en Las Vegas) a la escena del capo recogiendo los frutos de la extorsión o el tráfico de influencias (René Bejarano, operador político de López Obrador y ex jefe de la banda perredista en la ALDF).
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Es una espiral ascendente que precipita dudas obvias: ¿qué sigue?, ¿quién será el próximo blanco de la denuncia anónima?, ¿hasta dónde puede llegar esta guerra de lodo? El affaire perredista en curso (porque no concluye con el deslinde del apestado) es la pieza faltante de la decadencia política nacional: primero, la desviación de recursos públicos a la campaña electoral del PRI en 2000 (Pemexgate); después, el turbio financiamiento de la campaña presidencial de Alianza por el Cambio (Amigos de Fox); finalmente, la prueba de la corrupción que aceita la política clientelar del PRD en la ciudad de México y otras regiones del país.
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Si bien son asuntos divergentes, todos perfilan un preocupante estado de cosas. El telón de fondo que comparten los principales actores políticos es la más absoluta falta de escrúpulos: lucha por el poder a cualquier precio; pragmatismo como coartada. El fin declarado (demagogia populista, eficacia empresarial, retórica del cambio) que justifica todos los medios (dinero sucio, doble contabilidad, chantaje, compra-venta de candidaturas).
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Frente a esto, la primera reacción de la sociedad suele expresarse como condena moral. Pero la censura pública y el vacío civil contra quienes defraudan la confianza ciudadana –un hombre, un grupo, un partido, una clase política, un gobierno– no son suficientes.
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Es que la corrupción política debe abordarse como fenómeno estructural y no sólo como debilidad personal o flaqueza de los valores éticos. Es decir, la lucha contra la perversión de la política y la función pública debe concentrarse en el entramado jurídico e institucional que inhiba acciones ilícitas, clausure racionalmente los inmensos vacíos legales y cierre todo resquicio a la impunidad.
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* El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario.