El SIEM, en la mira
Se antojaba pretencioso pensar que en tres meses, como se había previsto inicialmente, la plantilla empresarial del país estuviera en su totalidad afiliada al Sistema Informativo Empresarial Mexicano. El SIEM contaba, al nacer, con numerosas deficiencias: las cámaras y confederaciones no fueron sus mejores aliados; aun cuando las tarifas de inscripción se establecieron en su debido plazo, las sanciones no se definieron –ni se han definido–; la Constitución cuenta con artículos que permiten justificar la no afiliación. Y, además, los plazos para la afiliación no han hecho sino prolongarse como un claro indicio de la falta de respuesta del empresario mexicano.
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En medio de este clima de confusión y desorden, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados acaba de determinar por unanimidad que si bien la inscripción al sistema sigue siendo obligatoria, es necesario que la cuota de registro desaparezca. Esta Comisión tiene derecho a enmendar la iniciativa o incluso revocarla.
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UN SALTO PA’ LANTE, ¿DOS PARA ATRÁS?
-En enero de 1997 entró en vigor la nueva Ley de Cámaras y Confederaciones –que reemplaza a la obsoleta Ley de 1948– que en su título IV establece la creación del SIEM: “Un instrumento de planeación del Estado; de información, orientación y consulta para el diseño y aplicación de programas enfocados principalmente al establecimiento y operación de las empresas; de referencia para la eliminación de obstáculos al crecimiento del sector productivo y, en general, para el mejor desempeño y promoción de las actividades comerciales e industriales”, reza su artículo 27.
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La creación del SIEM surge en el momento en que, por decisión de la Suprema Corte, la afiliación a las cámaras deja de ser obligatoria. No es extraño pues que haya quien sospeche que se trata únicamente de una forma de maquillaje. El SIEM es obligatorio y la Secofi ha delegado en las cámaras la “captura de afiliados”. Las empresas, como antes, se dirigen a una u otra cámara dependiendo del sector al que pertenezcan. En el fondo, las cosas han cambiado bastante poco.
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A cambio de ciertos datos proporcionados por las empresas y mediante una cuota de inscripción por concepto de alta y actualización, los empresarios tienen acceso a la información proporcionada por otras compañías. Este intercambio de información parece, a primera vista, de gran interés para los diferentes sectores. Sin embargo, contra el pronóstico oficial, de los 2’400,000 inscritos potenciales censados por el INEGI, muy pocos han cumplido con la obligación de registrarse.
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Según la Secofi, el SIEM cuenta a estas alturas con 463,000 afiliados. Sin embargo, un informe de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación (ANIT) sugiere que del total de los registros se repiten entre 30 y 35%, lo que reduciría el registro a poco más de 300,000 empresas, lo que representaría un registro real de tan sólo 13%.
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A esto, Secofi responde que por errores al digitar la información algunas empresas pueden encontrarse repetidas. No obstante, asegura, en ningún caso el número de empresas repetidas supera el 3%. Pero, para la ANIT, lo más difícil de explicar es que entre las empresas registradas no todas parecen existir.
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Por su parte, Roberto Cuevas, director del Centro Tecnológico de Información y Enlace (Centindustria) de Concamin, ve las cosas desde otra perspectiva: “En ningún caso el margen de error es tan elevado como lo estima el informe de ANIT. Nosotros lo estimamos en menos de 10%, lo que es normal en el manejo de una red tan grande, con más de 300 instituciones implicadas y con sólo un año de vida. El SIEM tiene los defectos de cualquier sistema que está arrancando, todavía tiene dificultades como el software, pero son superables y menos importantes que sus virtudes.”
- -LA OPOSICIÓN
- Sea como sea, el SIEM está rodeado de fervientes opositores y hay quien afirma que sus días están contados. La ANIT y el Foro de Cambio Empresarial de Puebla, por ejemplo, no han dudado en calificar de inconstitucional la obligación de afiliarse amparándose en los artículos 6, 9 y 36 de la Carta Magna. En ellos se estipula respectivamente el derecho de libre expresión y libre ejercicio de obtener información, la libertad de afiliación y la exclusividad de las dependencias gubernamentales en el manejo de los registros nacionales. -
De su lado se encuentra un gran número de empresarios reacios a pagar las cuotas de afiliación y a responder el formulario de inscripción. En éste último –uno de los puntos más delicados del tema– se piden datos generales como el nombre y la dirección de la empresa, así como datos más delicados como el número de personas que trabajan en el establecimiento, el capital contable, o el rango de ventas brutas del año anterior en miles de pesos.
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En este sentido, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados decidió solicitar a Secofi cambios en el cuestionario ya que, asegura, pone en peligro la propia vida de los empresarios pues los datos han llegado a manos de grupos de delincuentes. A pesar de estos obstáculos, la Secofi, lejos de darse por vencida, defiende su proyecto a capa y espada: “El SIEM es un centro de negocios virtual que nos beneficia a todos, empresarios y gobierno. Gracias a él se agilizan los negocios. De hecho, en el sector agrario existe ya un programa gubernamental similar que funciona de maravilla”, dicen en la dependencia.
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Si en teoría la idea de crear una gran base de datos de intercambio de información empresarial suena atractiva, en la práctica las cosas parecen ser muy diferentes. Las quejas abundan, como abundan los pequeños comerciantes que se sienten estafados. En algunos casos estos se han visto obligados a pagar dos cuotas de inscripción: una de registro al SIEM y otra de afiliación a la cámara que les corresponde.
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La explicación es más sencilla de lo que parece. Para poder hacer uso del SIEM es necesario tener una computadora conectada a Internet. El dueño de una taquería no posee necesariamente las herramientas requeridas. En ese caso, la cámara le invitará a gozar de sus instalaciones bajo una condición: ¡la afiliación! Y para afiliarse es necesario pagar una cuota, aunque ciertamente menos costosa que un equipo de computación y que la inscripción a la “red de redes”.
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“Es importantísimo que la gente entienda que la afiliación a la Cámara es voluntaria y diferente a la afiliación al SIEM. Si alguna cámara ha dado a entender otra cosa o ha pretendido forzar a alguien a afiliarse ha incurrido en un grave delito y debe ser sancionada. Además, para consultar Internet las empresas no deben recurrir necesariamente a nosotros, también pueden dirigirse a un consultor independiente”, afirma Cuevas.
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Y es que en Concamin no ven las cosas tan negras. En la línea de Secofi, esta confederación tiende a defender el nuevo sistema de información de la ola de críticas a la que se ha visto sometido. “El SIEM es de gran utilidad para el fortalecimiento tecnológico de las cámaras y las empresas, y eso hay muy poca gente que lo ha entendido. Muchas empresas que no utilizaban Internet como mecanismo de acceso a clientes, por ejemplo, lo están haciendo ahora. Alguien debe marcar la vanguardia y el SIEM lo está haciendo. Formamos parte de un pequeño grupo de países que está impulsando esta nueva manera de hacer negocios. El sistema será algún día, gracias al esfuerzo de México, una ventana del país”, vaticina Cuevas.
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SEGÚN EL SAPO...
-La cuota de inscripción por concepto de alta y actualización en el SIEM varía en función del sector al que pertenezcan las empresas.
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Las empresas comerciales y de servicios deben pagar entre $100 y $640 pesos en función del personal que ocupen: $100 pesos quienes generen hasta dos empleos, $300 pesos quienes generen tres y $640 pesos quienes cuenten con cuatro o más empleados.
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Las tarifas para el sector industrial son algo más elevadas: $150 pesos quienes cuenten con hasta dos empleados, $350 pesos quienes generen de tres a cinco empleos y $670 pesos a partir de seis trabajadores.
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La novedad radica en que dichas cuotas se establecen, precisamente, conforme al número de empleos generados y no conforme al capital contable. Hasta 1997 las empresas del sector comercial pagaban cuotas de entre $95 y $6,000 pesos de acuerdo con su volumen de ventas, giro y capital. El sector industrial, por su parte, pagaba 15 salarios mínimos si contaba con un capital contable de entre $50 y $100,000 pesos, y 300 salarios mínimos –unos $7,900 pesos– si su capital contable superaba los $5 millones de pesos.
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Desde 1997 las cámaras están obligadas a aportar a sus confederaciones 5% del monto recaudado por afiliación al SIEM. Anteriormente este “impuesto” era de 10%.
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La cosa podría complicarse si, como desea la Cámara de Diputados, se elimina la cuota de registro. Al descontento de los disidentes puede unirse el de los afiliados que pagaron a su debido tiempo. La inquietud no parece planear sobre Secofi: “Si alguien protesta nosotros podemos responder únicamente que cuando cobramos la tarifa de inscripción estábamos cumpliendo con la ley y que seguiremos cumpliendo con ella”, aseguran en dicha dependencia.
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Para aquellos que ven en la desaparición de las cuotas la desaparición de las cámaras y con ella, el fin del denominado “corporativismo mexicano”, en Concamin tienen una respuesta muy clara: “Las cámaras viven de sus afiliados y de los eventos que organizan, no del SIEM”, asegura Cuevas, quien añade: “El SIEM representa un porcentaje muy reducido del presupuesto de cualquier cámara, y este presupuesto está amarrado en el financiamiento de los propios equipos. El sistema se enfrentaría a un problema de subsidio que a nosotros no nos afectaría como cámara”. El SIEM constituye, en el caso de Concamin, 10% de su presupuesto anual.
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Lo que tampoco está nada claro a estas alturas es el tema de las sanciones. La recurrencia de las prórrogas se ha traducido en una reducción de los amparos contra la nueva Ley de Cámaras que beneficia a Secofi, pero también en una falta de credibilidad que justifica la no afiliación de un gran número de empresas.
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En efecto, a pesar de que la ley prevé sanciones de entre 15 y 300 salarios mínimos para los llamados “disidentes”, y multas dobles para quien reincida, lo cierto es que la materia no está todavía reglamentada y los empresarios refugiados en las prórrogas hacen caso omiso de la amenaza. Si dichas sanciones se aplican algún día, el sector empresarial no dará crédito a su sorpresa. Tal parece ser el ambiente reinante.
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El destino del SIEM está marcado por la incertidumbre. Sus opositores aseguran que el sistema agoniza. Sus aliados confían firmemente en él. La imagen de Secofi se vería muy dañada si pierde la batalla el sector oficial.