Empresarios y política. Divorcio artifi
¿Hasta dónde el empresario, hasta dónde el político?
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Para este dilema, un tanto hamletiano, parece no haber una única respuesta desde que, a principios de los 80, los empresarios mexicanos tomaron conciencia de que no podían estar ajenos a la toma de decisiones y comenzaron a participar públicamente en la vida política del país.
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El punto más controvertido de este debate es que un empresario, por su posición dentro de la sociedad, es también un líder de opinión, por lo cual, al adoptar una posición política no sólo determina su postura individual sino también la de muchas otras personas.
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En este sentido, algunos miembros del sector empresarial sostienen que el hombre de negocios debe tomar parte en la definición del destino nacional, pero sin participar directamente en la política a través de puestos de elección popular. Otros, en cambio, afirman que todo empresario tiene derecho a ser miembro de un partido político y acceder a los puestos directivos de éste o ser elegido en algún escaño popular, con la única limitación de no ser, al mismo tiempo, miembro del consejo directivo de alguna cámara industrial o comercial, para evitar una confusión de funciones.
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Todo está en cómo y desde dónde se vea la cara de la moneda.
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“No desvirtuemos la función del liderazgo empresarial. No estoy de acuerdo en que se acepte una posición política siendo líder empresarial. Por ello, yo como líder empresarial nunca he aceptado ni aceptaré una posición política”, afirma Jorge Kawaligi, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
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“Mientras no se esté en el consejo directivo de una cámara empresarial, cualquier líder empresarial puede participar activamente en la política”, apunta, por su parte, Jorge Ocejo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y ahora diputado por el Partido Acción Nacional. Y agrega: “Después de dejarla presidencia de ese organismo ingresé al PAN donde fui presidente del Comité Directivo Estatal de Puebla; después candidato a presidente municipal de la capital poblana y más tarde fui propuesto para diputado por la primera circunscripción plurinominal de mi estado”.
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En realidad, para analizar más objetivamente las diferentes posiciones, conviene sumergirse un tanto en lo que ha sido el transcurrir empresarial en el país y su relación con el gobierno.
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Nacionalización de la banca: gran detonador. Desde la década de los 40, el Estado mexicano se sustentó sobre una estructura corporativa, a través de un pacto social con tres sectores: el obrero, el campesino y el popular, mismos que pasaron a conformar la organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los empresarios, sin embargo, quedaron fuera de esta distribución y crearon una relación propia con el sistema, que no buscaba una participación abierta en la política, sino la manutención de sus intereses económicos.
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En este sentido, desde esa década y hasta inicios de los 80, la participación política del empresariado se limitó a la formulación de estrategias de desarrollo y a la negociación de sus contenidos.
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“En México, tradicionalmente, la política empresarial había estado manejada por unos cuantos, los que tenían el tiempo y la visión de participar, a efecto de encauzar algunos aspectos de la política económica de acuerdo con lo que ellos consideraban que eran las necesidades primordiales del país”, relata Kawahgi.
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Los que principalmente asumían la representación del sector empresarial eran los dueños de las grandes empresas o sus apoderados, quienes se reunían con el presidente de la república en turno o con los secretarios de Estado, y opinaban sobre asuntos particulares que afectaban el desarrollo de sus negocios. “Los canales de acercamiento entre estos empresarios y el gobierno eran ocultos, vergonzantes, aunque su influencia era muy clara”, acota el empresario.
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Un hecho sin precedentes vino, sin embargo, a cambiar esta situación: la nacionalización de la banca.
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Según los especialistas en el estudio del sector empresarial, Ricardo Tirado y Matilde Luna, la expropiación de la banca “fue una medida radical que rompió las normas de relación establecidas entre el gobierno y los empresarios. El cercenamiento y la desarticulación del núcleo financiero generó un vacío institucional en el procesamiento de esas relaciones y en el liderazgo interno del empresariado, y una sensación de indefensión ante el autoritarismo presidencial y la ampliación de la intervención económica estatal”.
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La investigadora María Amparo Casar añade que esta crisis generó “una gran reacción empresarial, que a su vez incidió en cambios en la estructura institucional del Estado, cuyos aspectos principales fueron una tendencia a la desarticulación del Estado interventor a través de la asignación de mayor peso al mercado, lo que a su vez incluyó cambios en los modelos de participación política en la toma de decisiones... y una modificación en el sistema político orientada a revitalizar la política de partidos”.
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De esta forma, tras la expropiación bancaria, la principal demanda en materia económica de los empresarios fue la retirada del Estado rector, a quien vieron como un límite estructural a sus posibilidades de expansión. Respecto de la política, los hombres de negocios empezaron a pedir una mayor democratización del sistema y el fin del autoritarismo presidencialista.
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Para la facción compuesta por organismos como la Concamin y la Canacintra, este reclamo se sostendrá, sobre todo, en la posibilidad de tener acceso e influencia en la toma de decisiones que le afectan directamente. Para el grupo integrado por organizaciones como la Concanaco y la Coparmex, esto no es suficiente; por lo tanto busca recuperar la conducción política del país, lo que en términos concretos significa la posibilidad de ganar posiciones políticas que hagan al sector empresarial menos dependiente del gobierno.
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Esto es, mientras una facción sólo quiere seguir siendo un “grupo de presión”, la otra aspira a hacer de los empresarios verdaderos “actores políticos”, interesados en participar directamente en la conducción de la política económica.
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La participación se incrementa. Esta nueva tendencia de los empresarios a participar en las decisiones del destino del país -como grupo de presión o como actores políticos-, generó cambios importantes en la conformación y concepción de los partidos políticos nacionales.
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Quizá el caso más llamativo de este interés de los empresarios es el de Manuel J. Clouthier, quien después de haber sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se convirtió en candidato presidencial del PAN en las elecciones federales de 1988. Después de Clouthier muchos empresarios, principalmente ex dirigentes de organismos empresariales, se han convertido en importantes integrantes de partidos políticos, particularmente del PRI y del PAN.
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Ejemplos de participación política directa hay muchos, algunos con fortuna y otros sin ella. En el caso del PRI, destacan Héctor Murguía Lardizabal, primero vicepresidente nacional de la Canacintra y ahora senador de la República; Jesús Macías, quien fue vicepresidente nacional de la Concanaco, puesto al cual renunció para ser presidente municipal de Ciudad Juárez y más tarde candidato a gobernador de Chihuahua, pero perdió dicha gubernatura. Y está el caso más reciente de Ricardo Dájer, ex presidente nacional de la Concanaco, quien se lanzó como candidato del PRI a la presidencia municipal de Mérida, quien también perdió frente al PAN.
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Por el lado de Acción Nacional sobresalen, además de Clouthier, Francisco Barrio Terrazas, ex presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez y actualmente gobernador de Chihuahua; Emilio Goicochea, ex candidato a la gubernatura de Sinaloa y actual senador de la República; y Jorge Ocejo, ex presidente de la Coparmex, quien perdió su campaña por la alcaldía de Puebla y ahora es diputado nacional.
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Sin embargo, no todos han participado directamente en la política a través de puestos de elección popular. Algunos más privilegiados se volvieron aliados fundamentales del gobierno en turno. Tal es el caso de Claudio X. González, actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, quien fue consejero del presidente Carlos Salinas de Gortari durante sus seis años de gobierno. Otros, en cambio, decidieron no asumir ningún puesto público en el gobierno o competir por algún escaño popular, pero sí tomar parte en la actividad política de algún partido. Es el caso de Kawahgi, quien desempeñó un papel fundamental en la campaña de Ernesto Zedillo al participar en las células empresariales integradas por el PRI para apoyar a su candidato.
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Pese a sus diferencias políticas y de matices, todos los personajes mencionados tienen en común que comenzaron a interesarse en los asuntos políticos cuando las decisiones que se tomaron fuera de sus empresas empezaron a afectar sus intereses.
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Del liderazgo empresarial al político. Al narrar su caso particular Kawahi, presidente nacional de la Canacintra en 1988 y 1989,señala que su motivación por participar en el liderazgo empresarial inició a finales de los 70, cuando me di cuenta que las cámaras empresariales estaban abiertas y lo que pasaba es que nosotros no participábamos y dejábamos que otros, que eran muy pocos y que ya llevaban 20 o 30 años participando, tomaran las decisiones.
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Después de ser líder en el sector de fotógrafos y del Consejo de las Industrias Elaboradoras de Papel y Cartón, Kawahgi pasó a ser el Cuarto vicepresidente de la Canacintra, de 1985 a 1986, donde desempeñó un activo papel en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Industrial. “Allí observé que el gobierno escuchaba mucho a un grupo pequeño de los grandes empresarios con los que tradicionalmente concertaba, y por ello en cierto momento chocábamos. Principalmente, se trataba de miembros de empresas multinacionales que por lo general no tienen una idea muy clara de cómo fomentar Una idea nacional”.
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Poco tiempo después, Kawahi se convirtió en el presidente de la Canacintra, desde donde pugnó por la defensa de los intereses de los pequeños y medianos empresarios.
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Como líder empresarial considera que él, así como el resto de sus colegas, no deben participar en política directamente. Desde su perspectiva, los empresarios deben llevar a cabo su interlocución política a través de las cámaras empresariales o por medio de los representantes populares, quienes deben representar tanto los intereses del sector empresarial como los de otros sectores.
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El actual director de Cosmocolor rechaza, sin embargo que en el poder legislativo existan lobbies -como en Estados Unidos- para defender los intereses de distintos grupos del empresariado nacional. Se pronuncia, no obstante, por una reforma a este poder, en la que se considere la reelección de los representantes populares, y de este modo, éstos se vean obligados a darles cuentas claras a sus electores.
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Considera que en los partidos políticos también hay que crear mecanismos para que se recojan las demandas del sector empresarial, al igual que las de otros sectores. “En el caso PRI, por ejemplo, se le debería dar continuidad a las demandas que surgieron en las células empresariales durante la pasada campaña presidencial”.
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Ocejo representa un perfil distinto. El diputado panista y presidente la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados antes fue representante de la industria refrésqueme, presidente de la Coparmex en su estado y también a nivel nacional.
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Ocejo sostiene que la única limitación de un empresario para participar en política es tener al mismo tiempo un puesto directivo en algún organismo empresarial. Relata: “Durante mi periodo en la Coparmex me tocó conducir una resolución sobre este organismo y los partidos políticos, y allí se definió que ningún empresario puede ser limitado en sus derechos políticos. Por lo tanto, puede estar en el partido que quiera, pero cuando sea dirigente no puede estar en la dirigencia de un cuerpo empresarial, para no confundir funciones. Pero ello sólo ocurre con los consejos directivos; el resto de sus miembros puede estar en la política si quiere”.
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Después de salir de la Coparmex, Ocejo se incorporó como miembro activo del PAN, porque sus intereses, dice, además de defender la libre empresa, eran defender el bien común y participar en la búsqueda de un marco jurídico y educativo a nivel nacional, “que le pueda permitir al hombre vivir integralmente”.
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Desde su punto de vista, un individuo puede ser empresario y al mismo tiempo participar en la política, ejerciendo sus derechos ciudadanos. No hay, por lo tanto, para él, ninguna contradicción en el hecho de que primero haya sido representante empresarial y ahora sea dirigente político: sus actividades y principios políticos son sólo una extensión de las actividades y principios que realizaba y defendía cuando era empresario.