Durante casi dos décadas, la gestión de la economía mexicana ha sido incapaz de crear condiciones sostenibles del crecimiento del producto, generación de suficientes empleos y mantenimiento de los ingresos. Hoy tenemos una economía desgastada y desarticulada en su estructura productiva, frágil en sus condiciones financieras, más polarizada en la distribución de la riqueza y con mayores presiones sociales, por el desempleo y la pobreza.
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Pueden ensayarse y aplicarse distintos instrumentos para aumentar la inversión. En México se han ensayado formas de financiamiento que no han alcanzado ese objetivo y seguimos debatiendo sobre los medios para generar suficiente ahorro interno para apoyar la expansión de la planta productiva.
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Desde la segunda mitad de los 70 hemos pasado por dos periodos de captación de abundantes recursos financieros del exterior, que han sido desaprovechados. Primero, bajo la forma de los masivos créditos bancarios y, luego de la "crisis de la deuda", con los flujos de inversión dirigidos especialmente al mercado de valores; no se usaron efectivamente para acrecentar la inversión y se desviaron hacia un mayor consumo y una gran especulación. Esto incluso ha merecido que en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se comente: "...ese ahorro externo no se tradujo en una mayor inversión y crecimiento del PIB... debe reconocerse que (la crisis) no se habría presentado con la fuerza que ahora conocemos, de haber contado nuestra economía con el vigor que por largo tiempo se esperó y no llegó". Esto es crucial para evaluar la política económica y para establecer otras bases, más firmes y equitativas, de promoción de la actividad económica.
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Mientras el coeficiente de inversión se ha reducido desde principios de los 80, el ahorro interno -básicamente el del sector privado- ha caído aún más, llegando en 1994 a apenas 16% del PIB. El PND señala que éste debe pasar a 22% del PIB para poder cumplir el objetivo de crecer a 5% anual. Ambas metas parecen difíciles de alcanzar en el marco de la crisis económica.
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La expansión de la capacidad productiva mediante la inversión constituye el eje de sustentación de la política de crecimiento, y una de las partes del PND, con repercusiones directas sobre esta dinámica, se derivan de la política fiscal. Los puristas siguen en contra del aumento del gasto público que aliente la demanda interna. El principal argumento es que sólo mediante una estricta disciplina fiscal se conseguirá el control de la inflación; pero ya en el sexenio pasado se administraron las cuentas públicas para bajar la inflación a un dígito. Y, sin embargo, esa estabilidad se perdió rápidamente ante la sobrevaluación y la corrida especulativa en contra del peso y, sobre todo, no se consiguió un crecimiento efectivo del producto. Tal vez no quede otra alternativa para superar la recesión crónica que la menor restricción fiscal (y monetaria). Si se pospone puede significar un mayor costo.
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Respecto de la necesidad de fomentar el ahorro de las empresas, el PND anuncia una reforma fiscal que tienda al equilibrio entre los impuestos que gravan directamente al consumo y los que gravan al ingreso. Es necesario especificar los mecanismos que promuevan efectivamente la inversión en las empresas. Cualquier consideración sobre el Impuesto Sobre la Renta tendrá que considerar explícitamente el Impuesto al Activo. Además, para afectar positivamente la reinversión de utilidades, deberá atenderse el manejo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta y crear los incentivos necesarios para alentar las decisiones de inversión a largo plazo y evitar la situación que llevó a la frase de "empresarios ricos y empresas pobres".
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La atención a las pequeñas y medianas empresas tendrá que dejar de ser parte de la retórica y conseguir que las ganancias esperadas de las inversiones productivas compitan con los rendimientos financieros. Es por ello necesario recrear los mercados en esta economía y no seguir castigando a los trabajadores y a los empresarios más débiles frente a la crisis. La política fiscal de promoción de la inversión requiere de un marco administrativo no persecutorio, eficiente y que, sobre todo, se practique sin corrupción.
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El autor es socio-director de ERI SC, Consultores Económicos.