Historias de un país secuestrado
"Llegué bien. A pesar del tipo de operación que entiendo, pero no apruebo, les doy gracias: son unos profesionales. Mucho me gustaría que cumplieran su promesa de sugerirme cómo no volver a pasar por lo mismo. No se olviden de mandarme mi comisión. Gracias de nuevo." Este mensaje lo firma RRR. Apareció en la sección de Empresas y Negocios del periódico Reforma el pasado 6 de marzo. Fue el broche final de un secuestro . Unos días antes, el 28 de febrero, los delincuentes y la familia de la víctima intentaban ponerse de acuerdo sobre el botín. "Señores: reiteramos el agradecimiento por ayudarnos a terminar este asunto de suma importancia para nosotros. Queremos decirles que en ningún momento desde que sucedieron las cosas, nuestra idea ha sido la de escatimar en ningún sentido, y mucho menos en este momento tan deseado lo haríamos. Insistimos en que la capacidad de los familiares y amigos que humanamente nos han ayudado ha llegado a su límite. Por lo que nos comprometemos a pagar un miligramo 120 microgramos y cumplir al pie de la letra todas sus instrucciones para la entrega. Dios los bendiga. Las iniciales son CRIC y JJH." Y firma LRR. Ambos mensajes en clave aparecieron en los anuncios de compraventa de bicicletas.
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El final de esta historia ha sido feliz, pero todos, víctima, familiares, sociedad, empresas privadas de seguridad y autoridades han pagado un precio. El de los récords en las estadísticas mundiales, las que advierten que México es el segundo país del mundo en número de secuestros al año, después de Colombia y antes que Brasil. Un negocio que mueve 300 millones de dólares anuales y cuyas bandas delictivas cobran $200,000 dólares en promedio por el rescate de cada plagiado. Y consecuencias nefastas para la seguridad y las inversiones extranjeras.
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Un estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers ha dejado con la boca abierta a más de uno. El informe asegura que México dejó escapar $8,500 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2001, equivalente a 50% de los recursos que ingresaron. La investigación se realizó en 35 países y se midieron variables como la corrupción, el marco legal, la política económica gubernamental, el sistema fiscal y el marco regulatorio. Los resultados han sido implacables con México, un país que debe la reducción de inversiones foráneas sobre todo a la inseguridad, con 15% menos confiabilidad para hacer negocios que países como Chile (su principal rival en el mercado de capitales), Singapur o Estados Unidos. Según los directivos de la firma, México atrajo 18,000 millones de dólares en 2001, 10,000 millones de dólares menos por culpa de la lacra de la inseguridad.
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La crisis económica y la amenaza del descenso de capitales extranjeros ha encendido los focos amarillos de los organismos binacionales instalados en el país. Hace unos meses, la Cámara de Comercio de la unión americana era la primera en advertir a las autoridades nacionales sobre el peligro de no poner fin a la inseguridad y el secuestro. Advertían que las compañías estadounidenses ubicadas en México incrementaron más de 10% el presupuesto destinado a la seguridad de sus oficinas y empleados en 2001. Lo que es peor, 40% de los encuestados afirmó que si no veía resultados, reduciría sus operaciones en el país. Otro 68% de los entrevistados respondió que los asuntos de seguridad corporativa no han influido hasta hoy en las decisiones de su empresa para incrementar o realizar inversiones adicionales.
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Actualmente, 15 de estas instituciones binacionales han formado un Comité Permanente de Seguridad y están esperando los resultados del mismo estudio en altos ejecutivos de Francia, Japón, Israel, España y otros países con empresas en México. Aunque todos afirman que la falta de seguridad todavía no ha sido un argumento para frenar la inversión, sí reconocen que han aumentado el monto destinado a este rubro en aproximadamente 15%. El presidente de este organismo, Marco Antonio Santiago –también cabeza del Comité Empresarial México-Israel– afirma que hoy "abordamos el tema de la seguridad informando mejor a las compañías de los niveles de riesgo. La labor es tomar medidas conjuntas y en colaboración con la autoridad para solucionar el conflicto. El problema aumenta como bola de nieve. Si no hay correctivos para las causas, no hay solución." Néstor Napolitano, jefe del departamento de Riesgos en la firma de seguridad privada Kroll Associates, asegura que no es detectable que "afecte este fenómeno a las inversiones. Veo que las corporaciones establecidas en México envían el mensaje de que sí se puede [laborar aquí] si se adoptan las medidas de protección necesarias." Alejandro Desfassiaux, presidente de Multisistemas de Seguridad Industrial (MSI), afirma: "No hay sector libre de ser secuestrable. Hay mucho empresario al que la inseguridad lo está haciendo huir y lo peor es que se lleva las fuentes de empleo con él."
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Seguridad de lujo
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Por lo pronto, muchos amenazados han recurrido a compañías de seguridad privada. Las organizaciones que prestan este servicio, nacionales y extranjeras, han incrementado sus clientes y sus ganancias han crecido en muchos millones de dólares. Rellenan el hueco de la ineptitud de las autoridades y la impunidad. Aseguran que 90% de los secuestros pueden ser evitados con sencillas medias preventivas. Se reconocen como consultoras y la mayor parte de su negocio se concentra en estudios de vulnerabilidad (a un costo de $3,500 dólares) para evaluar los puntos débiles de las empresas y ofrecer seminarios de seguridad preventiva. Por supuesto, también atienden situaciones de crisis, como secuestros. Para ello cuentan con un equipo de expertos, entre ellos negociadores que se encargan de mediar de la forma más adecuada posible.
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on French, director de IPSA Internacional, asegura que el perfil de la víctima ya ha cambiado. Antes sólo los magnates eran candidatos, pero ahora empresarios de clase media alta forman parte de la larga lista de 1,500 secuestros anuales en México. Por eso hay que estar siempre alerta. Su negocio imparte seminarios para evitar raptos (a tarifas de $1,000 a $1,800 dólares por persona), además de clases de manejo ofensivo y defensivo para choferes y secuestrables (de $1,400 a $2,750 dólares por persona). A veces, las familias acompañan al ejecutivo a las charlas de fin de semana sobre prevención de riesgos en la oficina, el domicilio particular, los viajes y la contratación de personal.
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Precisamente este último punto es de vital importancia. Por eso French recomienda una revisión exhaustiva de los antecedentes profesionales y personales de todos los empleados contratados, incluidos los domésticos, muchas veces eslabón indispensable para el traspaso de información sobre la víctima. "La única medida que merece la pena es un examen de polígrafo, con las preguntas clave: ¿has robado a tu empleador anterior?, ¿tienes problemas con alcohol y drogas?, ¿antecedentes criminales? Y adviertes que el ejercicio será anual. No sólo te proteges sobre sus antecedentes sino sobre su comportamiento futuro", explica el directivo.
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Desfassiaux destaca que "todos tenemos un semáforo. Presentimos cuando algo desagradable va a ocurrir. Hay que enseñar a reconocer el semáforo y hacerle caso. Porque en 80% de los casos el delincuente actúa por la oportunidad y sólo 20% de ellos es producto de estar organizados."
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Kroll Associates es una empresa multinacional en seguridad. Entre sus servicios está asesorar a empresarios de otros países en sus visitas de negocios al país. Néstor Napolitano cuenta cómo lo hacen: "Proporcionamos protección cuando altos ejecutivos de las corporaciones llegan a México. Usamos un carro blindado , escolta y un servicio de seguridad en su estancia. También es común que a la hora de venir nos encarguen estudios de vulnerabilidad."
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Si Bernardo (nombre ficticio) hubiera tenido en cuenta alguno de estos servicios o consejos, probablemente no habría pasado por un trago tan amargo. A finales de 2001 fue liberado después de 12 días de privación de libertad, maltrato psicológico y previo pago de un rescate de $1 millón de dólares. Este mediano empresario del sector servicios de la capital no hizo caso a su semáforo. Una mañana varios coches le bloquearon el paso a dos cuadras de su domicilio. Pudo evadirlos y regresar a su casa. Pero jamás pensó que lo iban a secuestrar. Una semana después los raptores conseguían su objetivo. Durante casi quince días convivió en el mismo cuarto con los delincuentes, entre insultos y amenazas.
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La cabecera de su cama lo separaba de cuatro miembros de la banda que se pasaban el día jugando con sus armas. La propia víctima cuenta lo que sintió en esos días: "Tú nunca sabes si vas a vivir o a morir. Nunca te dicen nada. La siguiente vez que yo pude saber algo fue cuando me dijeron ‘prepárese porque mañana se va’. Me levantaron en la madrugada, me amordazaron, me subieron a la misma cajuela del coche que me había traído y me botaron en la Villa a las 5.30 de la mañana. Mis familiares pagaron el rescate, por supuesto. En caso contrario no estaría vivo. Además tienes la certeza de que hay policías implicados. Los que están secuestrando son policías o bandas organizadas de delincuentes y judiciales. Seguro."
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Una de las razones por las que Bernardo hoy puede contar su historia es que tuvo un buen negociador en el proceso de crisis. Según los expertos, las primeras 48 horas son indispensables para el éxito de la operación. Desfassiaux, de MSI, habla del perfil de este tipo de profesionales: "Parte son extranjeros y han manejado ya situaciones de riesgo y de conflicto familiar. Saben cómo operan las bandas. En total, participa un equipo de unas 60 personas, entre ellos no se conocen ni saben qué trabajo hace cada quien. Esto permite garantizar discrecionalidad y que no haya fuga de información." Pablo Carstens, socio fundador y director de Noble Group, ha participado en la negociación de más de 70 secuestros en su vida. Él recomienda la creación de un Comité para intervenir durante el conflicto: "Lo forman entre dos y 10 personas, gente útil, un órgano inclusivo, a veces formado por un representante de la autoridad, un asesor en estrategias de negociación, uno jurídico, uno financiero y familiares. Entre todos toman decisiones objetivas y consensuadas."
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Aunque todas las empresas de seguridad aconsejan a los allegados de la víctima que acudan a la autoridad, muchos quieren solucionar el plagio a golpe de talonario. Por eso pagan entre $400 dólares por hora y $2,000 dólares diarios por los servicios de este tipo de profesionales, provenientes del FBI, Scotland Yard, la CIA y servicios de inteligencia y militares de distintos países. Todos saben varios idiomas con distintos acentos y han sido sometidos a un entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones, con simulaciones incluidas.
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Napolitano, criminólogo y ex agente del servicio de inteligencia de Argentina, habla de los mediadores de su empresa, Kroll: "La negociación de secuestros se maneja desde el corporativo de Nueva York, donde existen profesionales que hablan todos los idiomas, que tienen distintas nacionalidades para adecuarse a los acentos de cada región. Ante la llamada del familiar de un secuestrado lo primero que hacemos es brindarle los consejos previos: decidir si denunciarlo a las autoridades o no, que traten de recordar exactamente el punto de contacto con los criminales, su tono de voz, si había ruido alrededor cuando llamó. Con esto los negociadores se hacen una idea de con quién van a lidiar, qué tipo de secuestrador, si es violento, profesional o improvisado. Las conclusiones indican a quien se hará cargo de manejar el caso. Se hace de forma anónima. Ni siquiera nosotros los conocemos. La familia los conoce si es necesario que viajen a México, cuando la dificultad es muy alta y la resolución es más costosa, pero sucede en pocas ocasiones."
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La razón por la que algunas compañías no tienen este tipo de empalados en México es de índole jurídica: "Los negociadores no viven aquí por el marco legal. Es preferible manejarlo desde otro país. Alguien que actúe sin darle participación a la policía está infringiendo la ley. Y si la familia pide que ésta no se entere, hay que respetarla. Cuando el profesional viene al país lo hace de forma anónima y con grandes medidas de seguridad", relata Napolitano. Todos provienen de carreras como criminología, psicología, leyes, relaciones internacionales e ingeniería. En término medio son capaces de reducir 20% el capital demandado por los criminales.
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¿Qué hace el gobierno?
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La falta de personal especializado, la impunidad y la participación de policías en los secuestros han sembrado la semilla de la violencia desbocada. Hoy más que nunca la sociedad civil, los empresarios e incluso las autoridades están hartos y exigen soluciones. Las peticiones coinciden en todos los sectores respecto del secuestro: nuevas leyes que permitan actuar de forma coordinada a todos los estados, con intercambio de información y bases de datos cada vez más completas, procesos de investigación profesionalizados, castigos ejemplares, depuración de autoridades corruptas y capacitación adecuada.
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La Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República, actualmente investiga ocho bandas delictivas y 60 secuestros; cuenta con 25 negociadores profesionales, un banco de 260 voces grabadas, un grupo de reacción de 60 agentes y una estructura que agrupa unos 150 policías. Sus áreas dedicadas al secuestro y otros delitos federales son: manejo de crisis, análisis táctico, investigación y reacción. Por ahora los resultados son buenos, a decir de Genaro García, titular de la AFI y ex jefe de la Policía Judicial Federal, que se vanagloria de que 100% de 60 secuestros en que han intervenido han acabado con la liberación de la víctima.
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El directivo sabe que queda mucho trabajo por hacer y que la sociedad desconfía de las autoridades. "El gran proyecto es tener policías con fuentes de primer nivel y que la agencia tenga un buen vínculo con la ciudadanía. Por ejemplo, pedirle a la gente que tiene una casa en renta que la cheque: los secuestradores ocupan este tipo de vivienda. El tema es que no tenemos esa relación con la sociedad y la culpa es nuestra: hay una herencia muy mala de policía."
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A pesar de lo que muchos sectores piden, García considera que sería "un error federalizar este delito debido a la falta de personal policiaco". Por ser crímenes del ámbito común, asegura, la fuerza operativa indicada para perseguirlos es la de las policías estatales, pero en un nuevo esquema de colaboración.
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José Antonio Ortega, de la Comisión de Seguridad de la patronal Coparmex, demanda un plan nacional contra el secuestro. Napolitano cree que hacen falta: "leyes más duras contra los delincuentes. Que la policía esté mejor pagada y mejor entrenada. La centralización de las operaciones, dejar de lado los problemas de jurisdicción policial de cada estado, aumentar las tareas de inteligencia, no sólo las de prevención sino de detección de bandas. Es importante que se establezca un plan de acción que dé el mensaje a los criminales de que en México no se permite el secuestro."
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Actualmente, éste es un delito del fuero común y sólo pasa a jurisdicción federal cuando se trata de bandas de delincuencia organizada. Cada estado lo castiga de modo distinto. La pena impuesta a los secuestradores varía entre 15 y 50 años. Por supuesto, ninguno de los 33 códigos penales del país tipifica la modalidad exprés como plagio. Jalisco es la única entidad del país que ha desarrollado un sistema de beneficios, como la reducción de años de cárcel, para miembros de bandas de secuestradores que cooperen con las autoridades. El secuestro virtual (piden rescate, pero la víctima no es plagiada) y el secuestro psicológico (la amenaza de cometer el rapto) tampoco están contemplados en la mayoría de códigos estatales.
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Casi 50% de los secuestros se cometen en la capital mexicana. Le siguen Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Morelos. La última medida propuesta para combatirlos ha escandalizado a casi todos los sectores. La acción penal contra los familiares que no denuncien el secuestro y paguen el rescate ha provocado el desconcierto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del procurador general de la república, de los políticos, las compañías de seguridad, de legisladores y de las organizaciones civiles. Pablo Carstens, de Noble Group, enumera las consecuencias de esta medida: "Lo que ocurriría es que nadie daría aviso a la autoridad. Lo segundo es que va a haber una etapa de muchas ejecuciones de víctimas. Hay que perseguir a los malos, no a los buenos", asevera.
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Mientras prosperan las políticas contra el secuestro, José Antonio Ortega aconseja que se avise a las autoridades del secuestro y que se haga en instancias de primer nivel, al procurador general de la república, a la Presidencia o a órganos especializados en este delito. También pide que las autoridades ofrezcan un mejor trato a la víctima y una oficina con asistencia psicológica para ésta y sus familiares.
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Bernardo acude a terapia para superar "la peor experiencia de mi vida". Después de pagar el rescate se ha quedado sin dinero. Apenas tiene para un chofer guardaespaldas, y aunque ha pensado en abandonar el país, como casi todos los liberados, no tiene con qué. Trabaja con el fin de comprar un coche blindado y salir más tranquilo a la calle. Según el asegurador que le ofreció una póliza antisecuestro , ahora tiene 30% más de posibilidades de ser plagiado.
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