El 23 de abril el Senado aprobó una ley contra la piratería, que establece penas de hasta quince años de prisión para quien produzca, reproduzca, almacene, distribuya, venda o alquile una obra falsificada.
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Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las disqueras pierden alrededor de $150 millones de dólares al año por el comercio informal. El código penal no parecía desanimar al delincuente.
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Aunque existen asociaciones que intentan combatirla, parece imposible que la “música informal” desaparezca. “Pusimos un número telefónico de denuncia, explica Guillermo Velasco, director de la Asociación Protectora de los Derechos de la Industria Fonográfica (APDIF), pero los piratas están muy bien organizados. Sabemos que no vamos a acabar con el problema, pero queremos contribuir.”
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Si no se ha combatido la piratería fonográfica con más ímpetu, no es una casualidad. Aparte de la protección con que, según APIF, cuentan algunos de sus adeptos; existe otra razón: este tipo de negocio subterráneo no genera violencia, y por tanto se considera menos urgente combatirlo.
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