No se ha esfumado la violencia que azotó a México en las postrimerías del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Peor aún, se ha popularizado, pues si entonces detonó en las altas esferas del poder, ahora ha salido a la calle.
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México está ahora en un bache económico y sus instituciones pasan por momentos críticos.
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La procuración de justicia, por ejemplo, es ampliamente cuestionada dentro y fuera del país, y la inseguridad ciudadana ha adquirido proporciones inéditas.
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Lo que es peor: nada ni nadie parece tener el poder de revertirla. La acción de los distintos cuerpos de seguridad del Estado está cuestionada permanentemente por la opinión pública y drásticamente limitada por la corrupción.
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Tan es así, que con el paso del tiempo la información relativa a la violencia ha desbordado el ámbito de los medios de comunicación y ya circula a través de múltiples testimonios de la propia ciudadanía.
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En esto la ciudad de México también bate los récords nacionales. En esta megalópolis los periodos para medir la delincuencia y los asaltos se han recortado de meses a días y, últimamente, a horas. También se ha vuelto frecuente que entre los responsables de hechos delictivos aparezcan agentes policiales, o que alguna vez lo fueron. En esas condiciones, el clima de desconfianza ciudadana se vuelve más denso.
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Frente a esto, los programas de seguridad de las autoridades, independientemente de lo adecuados que puedan parecer, nacen reprobados por un amplio sector de la sociedad —lo que a su vez da lugar a que mientras inseguridad y desconfianza bailan una danza circular, la violencia muestra cada día nuevas facetas.
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Como última respuesta (porque desde luego no es una solución), los ciudadanos y empresas que pueden hacerlo recurren a sus propios recursos para adquirir la seguridad personal y patrimonial que puedan pagar (hay voces que solicitan exenciones de impuestos para poder pagar la seguridad que ya no puede ofrecer el Estado). En el mismo sentido, la demanda de pólizas de seguros —contra robos, particularmente— ha aumentado a pesar de la evidente caída del poder adquisitivo.
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La violencia tiene para la sociedad un doble costo: consumo de impuestos para pagar a corporaciones de seguridad pública poco eficientes, y compra de seguridad privada y de pólizas de seguros. Sin descontar que el robo generalizado, tanto como la corrupción, es una forma anárquica y peligrosa de distribuir el ingreso.
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Esto no quiere decir que la aceptable situación de la Industria Aseguradora en México, tema del Artículo de Portada de esta edición, se explique tan sólo en la inseguridad social patente en el país. No obstante, tampoco puede atribuirse a la capacidad de ahorro de la población o a que la llamada “cultura del seguro” se haya consolidado entre los más de 80 millones de mexicanos. No se debe olvidar que los mexicanos también pagan ahora, de diferentes modos, los costos de una profunda crisis política.
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Los Editores