Para muchos, el esfuerzo de los países latinoamericanos por acoplarse al tren de la globalización podría dificultarles enfrentar, primero, sus problemas económicos y sociales internos. Son casi los mismos que añaden que los esquemas neoliberales, con todo lo que conllevan –desentendimiento del Estado de su rol social y gran concentración del ingreso en el sector privado, entre otros fenómenos–, prolongan indefinidamente el rezago de los sectores históricamente más postergados en América Latina. En cualquier caso, para la mayoría aún permanece en suspenso la interrogante: ¿Podrá la región lograr un crecimiento económico con justicia social?
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Dedicado durante largo tiempo a analizar y decidir sobre este tema, Luis Maira Aguirre, ex secretario de Planificación del gobierno chileno de Eduardo Frei y actual embajador de su país en México, reflexiona acerca de dicha problemática en entrevista con Expansión.
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LOS ESFUERZOS SE QUEDAN CORTOS
-El también analista de la realidad latinoamericana y de las relaciones de esta región con Estados Unidos opina que la globalización, más allá de ser o no la panacea para el desarrollo de América Latina, “replantea, precisamente, el problema de la pobreza en el mundo”.
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Piensa que hoy la “aldea global” sirve para observar que incluso muchos países desarrollados –que hasta hace unas tres décadas consideraban superado dicho flagelo– ven resurgir brotes muy significativos. Como ejemplo, Maira entrega los resultados de un informe realizado en 1995 por la Oficina Nacional de Estadística estadounidense, que reveló que el número de pobres en esa sociedad se elevaba a la espectacular cifra de 19 millones de personas. Asimismo, sostiene que en los 80 las políticas de ajuste en Europa provocaron una ofensiva total contra el “Estado de bienestar” y, peor aún, recortes en el gasto social con un consecuente deterioro de las políticas que favorecían a los sectores de menores ingresos.
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Esta visión, “propia del neoliberalismo y aplicada uniformemente en los países europeos, y cuya expresión más característica es la Inglaterra de la señora Thatcher” –donde, también en 1995, se hablaba de 11 millones de pobres (20% de la población)–, incrementa las desigualdades sociales. A esto se agrega, como parte de la transformación científico-técnica, una reducción generalizada del empleo. Así, “cualquiera puede advertir el gran debate en la sociedad europea sobre cómo enfrentar esta disminución, que ya no es un fenómeno coyuntural de la crisis sino algo estructural, que ha provocado, entre otras cosas, propuestas como la jornada de 35 horas”.
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En definitiva, puntualiza Maira, la pobreza ya no es un tema de los países subdesarrollados, sino global –y así fue encarado en la Conferencia sobre Desarrollo Social, en Copenhague, en marzo de 1995– “y por tanto, la necesidad de darle respuesta también ha pasado a ser un asunto del que no está excluida ninguna nación”.
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Dentro de este panorama, no es difícil imaginar la situación de Latinoamérica. Según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), apunta el diplomático, en 1980 en la región existían 130 millones de pobres. Al final de esa década, la cifra ascendía a 190 millones y en la primera mitad de los 90 los pobres se estimaban en alrededor de 205 millones.
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“Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, son muy pocos los países que han logrado mantener o reducir el número de marginados. La inmensa mayoría tiene más que hace una generación y más urgencia por enfrentar este fenómeno.” Maira acota que esto deviene en explosiones sociales, problemas de ingobernabilidad y de pérdida de creencia en las instituciones democráticas, además de exclusión del consumo y del dinamismo económico de una parte muy importante de la población.
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Sin embargo, señala, aun cuando el tema de la pobreza está en los mensajes de todos los gobiernos, en la discusión de todos los parlamentos y en el debate de los medios de comunicación, hasta ahora no se observan resultados elocuentes. Sin duda porque todavía no ha sido posible organizar las políticas y asignar recursos para respaldar los programas sociales que permitan ir superando la tendencia prevaleciente. “Al menos, estos esfuerzos han sido menores que la urgencia del problema.”
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Respecto de estos esfuerzos, Maira señala como ejemplo la puesta en marcha de fondos especiales para encarar la pobreza y apoyar procesos productivos de los sectores populares por parte de dos tercios de las naciones latinoamericanas. Muestras de ello son el Fosis chileno, el Fondoce peruano o lo que fue el Pronasol mexicano; de hecho existe una red constituida hace unos cinco años, que agrupa a los representantes de estas entidades y donde intercambian experiencias.
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Sin embargo, Maira cree que las políticas sociales de los gobiernos de la región padecen debilidades comunes. “El esquema prevaleciente en los 90 ha sido la propuesta de un crecimiento con equidad o –como el chileno Fernando French Silver, su formulador, llamara en sus trabajos– una ‘transformación productiva con equidad’.”
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Pero, según él, en la práctica la transformación productiva ha sido un motor con mucho más respaldo dentro de los gobiernos y por parte de los organismos internacionales, prevaleciendo como el núcleo más sólido de las políticas públicas. “La equidad, en cambio, no ha tenido diseños comunes, replicables de un país a otro; con una conducción mucho más débil, persisten sectores muy difíciles de coordinar.” El diplomático enfatiza que a las tradicionales políticas sociales de las respectivas naciones –de educación, salud, vivienda y empleo– les ha faltado centralización y coordinación (cada una está a cargo de autoridades excesivamente autónomas), y además una “autoridad social”, con peso político y suficiente respaldo para coordinar los esfuerzos e incluir nuevos componentes en los programas de lucha contra la pobreza.
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LA LOCOMOTORA Y LOS VAGONES
-Maira piensa que, aun cuando el Estado se ha retirado de un sinnúmero de actividades económicas y productivas, prevaleciendo en la última década y media un proceso de privatización y desregulación, también hay gran consenso de que le corresponde –para muchos de modo preeminente– el mejoramiento de la situación social. “Lo que se discute son las políticas y los programas con que se debe hacer esta tarea.”
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Señala que hay dos diseños posibles para que el Estado haga más efectivo su quehacer social en un contexto de crecimiento económico. “Uno en el que ocupa sólo un papel marginal y las políticas sociales tienen por propósito paliar las tensiones, casi para evitar las explosiones sociales. Así, actúa con políticas altamente focalizadas, en áreas particularmente críticas, y ya.”
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La segunda visión, que ahora tiende a prevalecer, estima que el desarrollo social es correlativo al crecimiento; este último es un prerrequisito para una sociedad más equitativa, pero impone deberes tanto al Estado como a la sociedad. Maira advierte que al desarrollo económico no le convienen los estallidos “y además, las políticas sociales debe impulsarlas el Estado; éste debe ser la locomotora, pero los vagones tiene que colocarlos la sociedad civil y, en particular, los agentes económicos productivos, el mundo empresarial”.
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Dada su experiencia como autoridad social en Chile, el diplomático piensa que este modelo es un diseño muy importante, porque cuando se encaran programas de superación de la pobreza hay que trabajar en dos frentes simultáneos y complementarios: el mejoramiento de las políticas y prestaciones sociales, y el ofrecimiento de oportunidades productivas. Lo primero no basta: “Sólo cuando una sociedad es capaz de tener proyectos productivos que lleguen a los pobres y que generen nuevos empleos, estables y bien remunerados, se logra una permanencia en los esfuerzos de superación de la pobreza.” En este sentido, las fuentes de trabajo deben ubicarse en los sectores donde viven los pobres y para ello en todos los países existen mapas de pobreza.
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¿Y cómo incentivar a los grandes empresarios para que se integren a estos programas? El funcionario precisa que, en este caso, ya no se trata de políticas sociales sino de un impulso al crecimiento y desarrollo económico de los Estados, complementario a lo social pero que está en la esfera de lo propiamente productivo. “Aquí es donde cobra sentido que los gobiernos cuenten con una autoridad social con poder de coordinación y planificación, que pueda negociar con el sector privado.” Aún más, señala, un gobierno dinámico debería ofrecer a los empresarios ventajas especiales si instalan sus empresas en las zonas de mayor interés social. Por ejemplo, la concesión de terrenos para la instalación, facilidades económicas para que capaciten mano de obra especializada que luego trabaje en sus proyectos, y hasta ciertas ventajas tributarias.
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La mayoría de los países latinoamericanos, dice Maira, tiene comités de procesamiento de las solicitudes de inversión extranjera, donde analizan los proyectos que estos inversionistas presentan. Hay que esforzarse para que estos se instalen en las áreas geográficas de mayor pobreza. Y en los gobiernos provinciales también va creciendo el impulso para desconcentrar esfuerzos hasta ahora radicados en el gobierno central, de modo que se incentive la inversión privada nacional y externa.
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SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y EQUIDAD
-Como el ejemplo más cercano, Maira relata la puesta en marcha del Programa Nacional de Superación de la Pobreza durante el gobierno de Eduardo Frei. Cuando éste asumió el mando, en 1994, Chile culminaba una década de crecimiento, se había reducido la inflación y había menor desempleo. La persistencia de la pobreza fue considerada, entonces, una suerte de “vergüenza nacional” y se instrumentó así un programa que permitiera, con miras al año 2000, reducir la pobreza no indigente, que era de 32% (un tercio de la población), y llevar a menos de 3% la extrema pobreza, que representaba entonces 10% de la pobreza en general.
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Esta política incluyó la participación de numerosas secretarías relacionadas con el tema social –Obras Públicas, Vivienda, Salud y Educación, entre otras–, a través de un Comité Interministerial Social, coordinado por Maira y donde también trabajaba el propio presidente de la República. Además se organizó una comisión nacional, integrada por 20 líderes (grandes empresarios, dirigentes sindicales, líderes regionales y religiosos, personalidades académicas, etcétera) y se pusieron en marcha más de 125 programas por parte del sector público, agrupados en cinco áreas: de acceso a los servicios básicos; de infraestructura social; de cobertura y mayor calidad de los servicios a los sectores más desposeídos; de inversiones productivas en las áreas más pobres del país y de reforzamiento de los municipios más pobres, para hacerlos capaces de formular proyectos y participar de los fondos que el Estado asigna.
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Los resultados de estas políticas se miden cada dos años a través de una Encuesta de Caracterización Socioeconómica. Hasta diciembre de 1996, la pobreza había disminuido a menos de 23% de la población y dentro de ella la extrema pobreza bajó a 5.8%.
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Sin embargo, el diplomático cree que el desarrollo exitoso de algunos países latinoamericanos, “y el chileno sería un buen ejemplo de eso”, es muy concentrador –grandes conglomerados que se apropian de los frutos del desarrollo y derraman ciertas ventajas, como la disminución del desempleo, por ejemplo–. Pero sostiene que superar la pobreza es distinto que lograr la equidad. Lo primero es el esfuerzo mínimo que debiera hacer cualquier nación para recuperar la convivencia y la estabilidad política y social, “y es posible hacerlo, aun con un crecimiento concentrador, como el de Chile, donde el 10% más rico posee más de 41% del ingreso nacional y el 10% más pobre, entre 1.7 y 1.9%”.
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En cambio, indica Maira, la equidad es lograr una mejor calidad de vida, con igualdad de oportunidades, no sólo en lo económico, sino también de género, entre las generaciones –“en Latinoamérica la juventud no tiene garantizado el acceso al empleo”– y entre las regiones de los distintos países.
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“Las naciones con grandes rezagos –por ejemplo, una extrema pobreza que abarca entre 20 y 25% de su población, o más– deben impulsar, como primera medida, su superación. Pero en sociedades como la chilena, la uruguaya o la argentina, en general con necesidades básicas satisfechas, la agenda social pasa a ser fundamentalmente de equidad. “Creo que no sólo es posible un crecimiento con equidad, sino que es el único horizonte válido para una gobernabilidad democrática.”
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LAS URGENCIAS DE MÉXICO
-Su experiencia como estudioso de la realidad social de México, durante un largo periodo como exiliado e investigador en este país, le permite opinar al respecto.
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Para Maira, México ha tenido un crecimiento muy concordante con la tendencia general de la región: luego del retroceso productivo de los 80, ha costado mucho retomar un ritmo de crecimiento y 1997 es el primer año con señales claras de reactivación “y ahora hay que garantizar su permanencia”. Esto, dice, porque el país tiene urgencias sociales muy grandes a las que debe responder en mayor magnitud, por la cantidad de población y, por ende, la acumulación de más tensiones sociales.
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“Además, aquí se da una mayor segmentación de las oportunidades. Toda la región fronteriza del norte –Chihuahua, Sonora, Sinaloa– es de alta modernización, gracias a la actividad agroindustrial e industrial neta, que ha convertido al país básicamente en exportador de productos manufacturados. Por ejemplo, es el mayor productor de televisores del mundo y base de la industria automotriz del siglo XXI todo esto ligado particularmente a la actividad industrial de Estados Unidos y a la profusión de maquiladoras. Por otra parte, Monterrey se ha convertido en una especie de capital financiera y el desarrollo económico también avanza en Guadalajara y la Ciudad de México.”
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Pero, por otro lado, desde la capital hacia el sur se observan sectores eminentemente agrícolas muy atrasados. “Por lo tanto, hay un México del norte y un México del sur, cuyas perspectivas de crecimiento son cada vez más contrastantes y exigen políticas sociales mejor focalizadas. Éstas, en cualquier país del mundo, nunca son de diseño nacional sino que van aparejadas con el retraso de ciertas regiones. Creo que esto está muy vigente en la discusión política mexicana.”
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En cuanto al papel del Estado, Maira piensa que al país le fue muy bien cuando, en general, al resto de la región le iba bastante mal. Su auge, desde la mitad de los 40 hasta fines de los 60, le permitió un progreso y una modernización temprana; fue un país de avanzada en materia de solución de ciertos problemas sociales, donde el Estado cumplió un rol relevante e incuestionable por parte de la sociedad. “Eso produjo la cultura del nacionalismo revolucionario mexicano.” Y aclara que en la última década y media la reducción del impulso social del Estado ha coincidido, paradójicamente, con la reducción del ritmo de crecimiento, lo cual hace muy urgente fortalecer el esfuerzo social del país.