Mientras que algunos se desgarran las vestiduras en la defensa de la rectoría estatal en generación de electricidad, otros aprovechan los resquicios de la ley para entrar al negocio por la puerta chica.
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Al amparo de las reformas al reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que se hicieron en 1992, se construyen en el país decenas de plantas privadas. Desde 1995, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 142 permisos a particulares y de acuerdo a Efrén García, vocero de esa instancia, en los últimos años llegaron al sector eléctrico capitales extranjeros por $6,800 millones de dólares. Este año, la capacidad privada de generación de electricidad ya representa 5.4% del total nacional –con una capacidad de 11,300 megawatts-. La única restricción de las plantas particulares es que no pueden vender directamente sus excedentes a la población, sino a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Una parte importante del mercado privado lo ha creado la propia CFE. Desde 1996, y coincidiendo con los drásticos recortes en el sector público, empezó a realizar concursos para levantar plantas independientes en zonas de gran demanda. La primera la construyó AES en Mérida (en 1998 ) y desde entonces se otorgaron otros 10 permisos a compañías como Electricité de France, Mitsubishi, Iberdrola, Intergen, Fenosa y Transalta de Canadá. Cuestionado sobre por qué todas las plantas independientes son extranjeras, García afirma que el costo de cada una va de $120 a $260 millones de dólares. “Estos proyectos dan una idea de las grandes necesidades que tiene el país”. En total, están comprometidos capitales extranjeros por $2,200 millones de dólares en producción independiente de energía.
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Otras modalidades que cobran fuerza son las de autoabastecimiento y cogeneración. Las empresas o parques industriales pueden solicitar permisos a la CRE para construir plantas propias. El último proyecto autorizado es uno de cogeneración y abastecimiento que llevará a cabo Kimberly Clark de México (KCM), la mayor productora de papel del país.
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En asociación con Ispat International construirá dos plantas de energía eléctrica en Veracruz, que tendrán una capacidad de 750 megawatts y comenzarán a funcionar en 2003. “Es un permiso muy grande”, reconoce García. Ispat invertirá $48 millones de dólares y estará a cargo de la operación. KCM aportará $12 millones de dólares y tendrá un contrato de exclusividad por un periodo de 20 años. El objetivo es poner a competir a las plantas privadas y públicas dentro de unos años, cuando se modifiquen los artículos 27 y 28 de la Constitución. Cabildeando en el Congreso están los representantes del próximo gobierno, que recalcan la escasez de fondos públicos para cubrir la creciente demanda de electricidad, así como empresas que ya tienen plantas y desean vender sus excedentes a precios de mercado.