México, empresa en quiebra
Imagine esta escena en su empresa: el equipo directivo se reúne durante largas jornadas, día tras día, cada jefe de área toma el micrófono y arma un discurso hueco, en el que se limita –en medio de incesantes interrupciones– a criticar todo lo que hacen sus colegas, pero no propone soluciones concretas para resolver un problema. ¿Funciona una compañía así?
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Este es el caso del Congreso mexicano. Un dato documenta cabalmente este juicio: durante el más reciente periodo de sesiones, los diputados y senadores se fueron invictos: no desahogaron una sola iniciativa. ¿Funciona un país así?
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La parálisis legislativa debe ser interpretada por los ciudadanos como un grave insulto. El cinismo mostrado por los supuestos representantes populares, tan ocupados con la grilla preelectoral como ausentes del trabajo por el que se les paga, ha alcanzado dimensiones que pueden afectar la marcha productiva del país.
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Nadie pide que, como antaño, se alcen las manos ante cualquier iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo. Pero, vamos, al menos hay que discutirlas. En el caso del proyecto de reforma de la industria eléctrica, por ejemplo, el debate durmió el sueño de los justos. Ni para atrás ni para adelante: que la vida siga igual. ¿Es esa la nueva filosofía del Congreso?
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Qué lejos estamos de la Política (así, con mayúsculas). El arte de la negociación se ha rebajado al ocioso juego de los bloqueos y las descalificaciones. Y nadie rinde cuentas. Quizá ahí está el detalle más delicado: en este país, la vida del funcionario público –de alto nivel, por supuesto– garantiza muchas recompensas, escasos sacrificios y nulos castigos. El servidor público no tiene porqué rendir cuentas de sus actos y omisiones.
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Las críticas más lapidarias de la opinión pública siempre recaen sobre el Poder Ejecutivo y, en segunda instancia, sobre el Judicial. Los legisladores están exentos de culpa. ¿Por qué no se les mide con el mismo rasero que a los demás? Al respecto, sería francamente deseable que todos los cargos de elección popular tuviesen una agenda clara, con tiempos de ejecución; de no cumplir, la mínima penalización debiera ser el inmediato retiro del cargo.
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Si el México actual pudiera compararse con una empresa, estaríamos hablando de una compañía con productos y servicios obsoletos, inadecuados para las exigencias de su ansiosa demanda. Sería una firma que dice estar comprometida con su mercado y que, en la práctica, sólo enarbola marcas sin respaldo (como lo son los mitos y estampas nacionales) para buscar la fidelidad de sus clientes. Sería una compañía que gasta más en su burocracia que en crear productos con alto valor agregado. En resumidas cuentas: si nos centramos en el ámbito político, hoy México sería una empresa en quiebra, de la que nadie con visión quisiera ser accionista.
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