Sindicalismo <br>Los restos del naufragi
Los sindicatos mexicanos son como las iglesias: todos creen ser el único y verdadero.
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Ese sentimiento de legitimidad y representatividad ha llevado a los líderes sindicales a enfrascarse en eternas rencillas que, más que apuntar a la lucha trabajadora, parece mirar hacia el beneplácito de un sistema a cuya sombra crecieron.
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Ahora, el sindicalismo mexicano arrastra los últimos despojos de los fracasos sufridos en los últimos tres gobiernos y que le han pasado una alta factura expresada en descrédito, apatía y fragmentación del movimiento laboral.
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“El sindicalismo que vive México es una estructura por completo subordinada a los intereses del Estado. Y si el Estado quiere hacerlos polvo, los hace polvo”, dice el abogado laboral Néstor de Buen.
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Tan desolador es el panorama que de los 36 millones de mexicanos que conforman la Población Económicamente Activa, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo 40% están sindicalizados. El resto queda fuera de cualquier tipo de protección laboral.
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Un mercado sindical repartido entre el Congreso del Trabajo (CT, que aglutina a 35 organizaciones sindicales y cuenta con 11 millones de afiliados), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT, 250 sindicatos y organizaciones que suman casi tres millones de trabajadores), la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM, que agrupa a sindicatos disidentes de izquierda y cuenta con millón y medio de trabajadores) y sindicatos independientes cuyo número de afiliados se desconoce, pero que los analistas estiman que no sobrepasan los 200,000.
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El problema de los sindicatos en México gravita en torno a un puñado de problemas cuya génesis se remonta a los inicios mismos del actual régimen político. Mientras que la llegada al poder de la clase tecnocrática significó para diversos sectores sociales la necesidad de adecuarse a los nuevos tiempos, el sindicalismo continúa operando bajo las antiguas formas de relación gobierno-patrones-trabajadores.
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Si se toma en cuenta que el sindicalismo mexicano, muy combativo en sus inicios, pronto fue asimilado por un régimen que lo ungió como uno de sus principales pilares, no es de extrañarse que los especialistas estén convencidos de una cosa: el modelo corporativo del sindicalismo mexicano se extinguirá. Lo que nadie acierta a prever es qué pasará después. Mientras tanto, las nuevas agrupaciones de reciente factura no parecen tener en cuenta que las bases del nuevo juego pueden dejarlos fuera del poder en muy poco tiempo.
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“Tenemos un problema serio: nuestra estructura sindical fue diseñada en un México totalmente distinto para mantener un férreo control sobre el movimiento obrero”, apunta Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas y presidente de la UNT. Tal estructura fue resultado de la incorporación del movimiento sindical a la vida institucional del régimen posrevolucionario como un proceso que duró 30 años y en el que se convirtió a las centrales obreras en meras dependencias productoras de votos y obreros dóciles.
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A pesar de que académicos, politólogos, líderes obreros e investigadores coinciden en que la Ley Federal del Trabajo (en su edición reformada de 1970) puede ser un vehículo adecuado para dictar orden entre las relaciones obrero-patronales, en la realidad la voluntad del Ejecutivo es, precisamente, que nadie se acuerde de la ley.
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Además, todo el peso y la responsabilidad de mantener un sistema corporativo dentro de los sindicatos descansa sobre la figura del líder sindical. Su trabajo, hasta los años 60, fue representar toda la parafernalia nacionalista que decía velar por los trabajadores. Aunque nunca fue así, al menos los líderes “charros” contribuyeron a aceitar la maquinaria de la Revolución hasta que el descarrilamiento sobrevino en los 80.
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El tren del corporativismo sindical todavía se arrastra por muchas de las viejas vías de artimañas e, incluso, ha trazado unas nuevas en estos últimos tiempos de viraje político y económico.
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La principal de ellas, en lo cual México es un caso sui géneris, es la jurisdicción de lo laboral. Quien arbitra las diferencias entre patrones y trabajadores son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, organismos dependientes de la Secretaría del Trabajo (Poder Ejecutivo). Y en México, como se sabe, el Ejecutivo acostumbra opacar a los demás poderes de la Unión. En el sindicalismo, la omnipresencia del Ejecutivo se ha traducido en “sindicatos blancos”, cláusulas de exclusión, contratos de protección, control sobre los emplazamientos a huelga, injerencia en la formación de los comités ejecutivos de los sindicatos, enriquecimiento de “charros” y -anquilosamiento de los postulados constitucionales y de los mandatos expresados por la Ley Federal del Trabajo.
- -PRIMER ROUND
-Triunfo sindical. En pleno periodo de la lucha armada revolucionaria, un puñado de obreros celebró, por primera vez, el Día del Trabajo. El 1º de mayo de 1913 vio nacer el rostro de un sindicalismo mexicano de tono agresivo y con muy elevadas dosis de ideología marxista. Hasta el mismo Venustiano Carranza, considerado el padre de la Constitución, tuvo miedo del poder creciente que la Casa del Obrero Mundial alcanzó en 1915 y no tuvo empacho en organizar a los primeros “esquiroles” mexicanos, los “batallones rojos”, para apaciguar los acalorados ánimos de los obreros. -
Poco después, el artículo 123 de la Constitución Mexicana ponía, al menos en teoría, a los obreros mexicanos en situaciones muy superiores a las de sus homólogos europeos y estadounidenses. Pero, en medio de tanta confusión política y social, los nuevos gobiernos prefirieron aplicar los métodos porfiristas de control obrero, antes que reconocer que la carta magna obligaba al Estado a otorgar una vida digna a los trabajadores.
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De cualquier forma, el movimiento obrero aprendió que cuando alzaba la voz el Gobierno se ponía nervioso. A pesar de Cananea y Río Blanco, las primeras décadas de este siglo marcaron la épica presentación en sociedad de la organización obrera. Y en esos años de la historia mexicana, los líderes sindicales hicieron sus pininos como “charros”. Sólo que entonces un buen “charro” no se conformaba con menos de una secretaría de Estado, como fue el caso del célebre Luis Napoleón Morones, fundador de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en 1918, quien gozó de las mieles de la Secretaría de Industria y Trabajo por varios años.
- -SEGUNDO ROUND
-Empate. Una vez que la nueva clase política emprendió el proceso de institucionalización, no se olvidó de los sindicatos. En realidad, fue muy corta la vida libre y espontánea del movimiento obrero. En 1936, con la anuencia del gobierno de Lázaro Cárdenas, se formó la CTM. En el Congreso de Unificación chocaron entre sí las posiciones de los sindicatos encabezados por Vicente Lombardo Toledano, los de Valentín Campa y los del grupo de Fidel Velázquez y sus “cinco lobitos”. -
Lo más complicado del Congreso, fue la elección del Comité Ejecutivo. Ante su fracaso, el grupo velazquista amenazó con romper el evento y sucedió el milagro: tras invalidar una primera votación, en la segunda resultó electo Fidel Velázquez como secretario de Organización. El designado juró que simpatizaba con las ideas marxistas. Las crónicas de la época narran que el Congreso terminó en un ambiente de descontento y confusión. Pero, eso sí, tanto al principio como al final del evento se cantó la “Internacional” y se adoptó el eslogan de “Por una sociedad sin clases”.
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Velázquez ya estaba curtido en las lides de manipular obreros y muy pronto se deshizo del “rojismo” de Lombardo y Campa. De paso, también cambió de eslogan. “Por una democracia obrera” era una mejor oración que justificara la claridad de ideas de Velázquez: “No soy comunista, pero admiro a los comunistas porque son revolucionarios, como todos los revolucionarios de la CTM”, dijo mientras veía cómo sus opositores abandonaban el recinto del Congreso en 1941.
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La capacidad de organización del movimiento obrero en favor de las políticas gubernamentales fue lo que le valió a Velázquez los mimos del sistema. Además, el dirigente tuvo claro que su permanencia en el poder sindical estaría en función de suprimir sus aspiraciones presidenciales. Su misión era consolidar la corporativización del sindicalismo. Y lo hizo muy bien.
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Ya para 1966, el sindicalismo mexicano estaba por completo domesticado y había dado inequívocas muestras de su debilidad ante el gobierno y los empresarios. Represión, asesinatos y encarcelamientos de dirigentes independientes fueron pan de cada día durante 20 años. Hasta que la burocracia política decidió dar una vuelta más de tuerca y juntar a todas las centrales oficialistas en el Congreso del Trabajo (CT).
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En ese año, un recuento hecho por el gobierno demostró que la CTM había fracasado en su intento de borrar la división entre sus 33 miembros y fusionar a las confederaciones en una central única, como era su principal objetivo desde que nació.
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El CT entró al quite. Sin embargo, nunca tuvo un peso real en la toma de decisiones al más alto nivel. Su más recordada acción fue cambiar el eslogan del movimiento por uno más light: “Por la emancipación de México” y se ha limitado a recibir una remesa de gubernaturas, diputaciones y senadurías que mantengan tranquilos a sus dirigentes. Pero nunca otra vez una secretaría de Estado.
- -TERCER ROUND
-Knock out. El CT sirvió al sistema mientras controló la combatividad de los obreros a cambio de ventajas contractuales. Pero cuando las leyes comenzaron a limitar la disponibilidad de la fuerza de trabajo, se tornó en un obstáculo a remover. -
En tanto la política laboral dictaba negociaciones a nivel laboral, el CT era un instrumento clave en la vida nacional. Pero los tiempos cambiaron. Ya en los 80, las negociaciones se tornaron cupulares a través de pactos entre las élites política y económica. Entonces, las viejas organizaciones, CTM Y CT, se convirtieron en los invitados incómodos a la fiesta.
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De 1982 a 1997 cambió el modelo de concentración y reparto de la riqueza, las relaciones laborales pasaron de ser corporativas a neocorporativas basadas en la productividad, flexibilidad, movilidad y polivalencia de la fuerza de trabajo y disminuyó de forma sensible la presencia del Estado en la vida económica del país.
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Ya a partir de 1977 se impusieron topes salariales y comenzó la estrepitosa caída del poder salarial que había sido ascendente hasta un año atrás. Desde entonces, la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo ha sufrido un gran desbalance. En 1970, al capital le correspondía 60% y al trabajo 40%. A finales del sexenio salinista la relación era de 76-24%.
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Si hasta ese entonces los patitos feos eran los sindicatos rebeldes, en adelante lo serían también las centrales obreras y las organizaciones progobiernistas. Al menos eso fue lo que puso de manifiesto Carlos Salinas de Gortari cuando propició la formación de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES). Así, el CT dejó de ser la primera instancia negociadora con el gobierno y las burocracias sindicales. La vieja central ha perdido posiciones políticas y todo parece indicar que sus días han iniciado la cuenta regresiva.
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Entre 1995 y 1996 la FESEBES concentró a todas aquellas centrales obreras “que buscaban, al margen del CT, intercambiar su aceptación y apoyo a la política de corte neoliberal a cambio de su propia interlocución con el Estado”, dice Max Ortega, catedrático de la Universidad Obrera.
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Por otra parte, ante la gravedad del panorama económico, el CT decidió suspender la marcha del 1º de mayo. Mala decisión. Miles de trabajadores que dieron origen a la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM), central obrera formada por sindicatos disidentes y con fama de combativos tomaron las calles. El panorama ya estaba dividido en tres.
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Para contrarrestar los viejos estilos de negociación, desde 1990 se ha alentado el fortalecimiento de los “foristas” de la FESEBES. Y para que se entendiera que ya eran otros tiempos, se encarceló a Joaquín Hernández Galicia “la Quina”, líder moral de los petroleros, supuestamente por oponerse a una gradual privatización de Pemex. Cosa que no ocurrió con los telefonistas porque Hernández Juárez nunca se opuso a la privatización del servicio... a cambio de una importante tajada del pastel para sus representados y mayor presencia suya en el mundillo de la burocracia sindical.
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Con sus constantes “foros”, la FESEBES atrapó el interés de otras centrales obreras y en noviembre de 1997 se conformó la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT). “Me di cuenta de que había siglos de distancia entre lo que nos importaba de verdad y lo que se hace en el CT, me llevé muchos desengaños”, así explica Antonio Rosado, líder de los trabajadores del IMSS, su anexión a la UNT. Por su parte, Agustín Rodríguez, cabeza del STUNAM, también aclara los motivos por los que convenció a su sindicato de unirse a la nueva central obrera: “Nosotros queríamos un sindicalismo no sólo de reivindicaciones, sino de perfil humanista, que se pusiera a la altura de las exigencias de un país que está cambiando.”
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Para los especialistas, lejos de favorecer a la democratización de la vida sindical, esta irrupción de centrales propicia la fragmentación porque no son uniones que cambien de fondo la forma de operar hacia el interior. A final de cuentas, unidos o en solitario, el discurso de los sindicatos parece renovado pero aún se apoya en prácticas monolíticas.
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El investigador Horacio Romo resume el cuadro: “El hecho es que, para estas alturas, el movimiento obrero organizado había llegado a un callejón sin salida.”
- -PRIMEROS AUXILIOS
-Optimistas, los académicos y juristas están convencidos de que la maraña sindical puede derivar en un nuevo sindicalismo a condición de que se tomen medidas urgentes antes de que al paciente se le extienda el certificado de defunción. -
La principal asignatura pendiente es hacer que la ley se cumpla. Si la libertad y autonomía sindicales están garantizadas en la fracción 16 del apartado A del artículo 123 constitucional, deben suprimirse las categorías gremiales que son un filtro para impedir el paso de organizaciones autónomas.
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También debe regularse la formación de los comités ejecutivos, porque aunque la ley no solicita permiso para formar un sindicato, el registro lo otorga el Estado. Y eso, para De Buen, significa que el gobierno “se guarda las llaves del cielo sindical y no permite entrar a todos los santos, sino sólo a unos cuantos, que son los menos santos”.
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El derecho de huelga debe dejar de ser facultad exclusiva del líder sindical. Con esa medida se combatirían la corrupción de los líderes y la existencia de contratos de protección (asentados sobre condiciones que en otros países serían consideradas como criminales y que representan más de la mitad de los existentes en el país). Si el titular de un contrato colectivo son los propios trabajadores se limita el derecho de éstos a promover acciones en coalición. Es aquí donde los líderes crean confusión y establecen acuerdos con los patrones a espaldas de sus agremiados.
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Y si los trabajadores deciden hacer efectivo su derecho a huelga, ¿quién controla ese movimiento?: las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que tienen una verdadera fobia a todo lo que suene a huelgas y reivindicaciones obreras. Son instancias que, para De Buen, deben dejar de ser juez y parte. Es decir, el Ejecutivo tendrá que renunciar a su arbitrio en materia laboral y conferir sus funciones a jueces de lo social. Sólo que, dice el abogado, “el problema es que si el Estado permite estas medidas sabe que va contra el corporativismo y se promoverá una libertad sindical de verdad, un derecho de huelga sin cortapisas, una autonomía de los sindicatos. Al gobierno le cuesta tanto prescindir de esos mecanismos tan truculentos al grado de que estoy convencido de que en lo que resta del gobierno de Ernesto Zedillo no habrá reformas a la Ley Federal del Trabajo”.
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En lo que sí son pesimistas los entrevistados es en materia de conquistas laborales. El empleo y el salario se han convertido no en aspiraciones de mejoría, sino en una lucha por conservarlos: “¿Qué se defiende: la mejoría, el empleo o el salario? En este punto los sindicatos se han convertido en meros perseguidores de la conservación del empleo, lo cual no conduce a nada”, afirma De Buen, también miembro de la Barra de Abogados Democráticos.
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En México se calcula que hay 13 millones de personas sin empleo. Sin embargo, el INEGI insiste en que la tasa de desempleo es de 3.2%, lo que significaría que, oficialmente, sólo hay poco más de un millón de desempleados. En tal caso, los funcionarios mexicanos han encontrado un remedio para algo que es dolor de cabeza para los principales países europeos y asiáticos: “Ningún país del mundo tiene una cifra de esa naturaleza. Seríamos la perfección, casi el empleo total. El -INEGI no habla de empleo, sino de ocupación. Eso es economía informal, sin salario fijo y sin prestaciones de ley... Y ese es un terreno donde no llega el sindicalismo”, dice De Buen.
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De los sueldos, ni hablar. Desde que se impusieron los topes salariales, la depreciación del minisalario ha sido tal que a la fecha mientras en Europa y Estados Unidos un trabajador gana, en promedio, $5 dólares por hora, los mexicanos ganan $3... pero por jornada. Y no aparecen signos de recuperación.
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Poner límites a los líderes será un detonador para que se cumplan los deseos de los entrevistados: “Ya basta de que el líder sea el amortiguador del automóvil que suaviza los golpes de abajo para que los de arriba viajen cómodamente”, se queja De Buen. Aguilar coincide en que los sindicatos hacen rebajas de salarios, despiden trabajadores, ponen cláusulas de exclusión, firman contratos de protección. Todo a cambio de prebendas políticas y el respeto a los negocios propios: el manejo de cuotas y pagos.
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De lo que se trata, dice Aguilar, es de que “los sindicatos recuperen su capacidad de lucha por los intereses de los trabajadores. Si ellos cubrieran a toda la sociedad, tendríamos un país más integrado y con mayor capacidad de respuesta ante las acciones de los gobernantes. Sería un contrapeso real al poder”. La democracia, pues.