Telefonía local <br>Un chocolate aguado
No se necesita tener una bola de cristal para poder imaginarse lo que sucederá en el futuro cercano en el campo de la telefonía local. Un buen punto para hacer un ejercicio de prospectiva son las garantías que hay para la inversión en este negocio.
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Abiertos a la competencia desde que Teléfonos de México (Telmex) se privatizó en 1990, los servicios de telefonía local no cuentan por el momento con postores en ejercicio. En la antesala de la apertura local figura actualmente una treintena de empresas, la mayoría de las cuales se mantienen alertas y a la caza de frecuencias del espectro radioeléctrico (las cuales serán subastadas en octubre próximo), así como de otras concesiones públicas.
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La pregunta básica se refiere a cómo podrán competir en condiciones de igualdad los nuevos participantes contra un Telmex –empresa que hace apenas siete años era todavía un monopolio estatal– que controla la totalidad de las operaciones que se realizan a través de las más de 8.8 millones de líneas activas.
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Mientras el mercado mexicano mantenga su proporción actual, parece obvio que las firmas aspirantes –muchas de las cuales ya operan en el mismo sector, ofreciendo otros servicios como la larga distancia– continuarán repartiéndose un mercado cuyo tamaño, hoy por hoy, equivale ya a 30% de su similar estadounidense.
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Hasta 1996, Telmex manejaba 7,867 millones de llamadas de larga distancia nacional y 3,513 millones de llamadas internacionales. Estas cifras representan sendos crecimientos de 7.9 y 1.6% con respecto al año anterior. Se espera que durante el presente año estos números se modifiquen, dependiendo de la instalación de nuevas líneas y de la capacidad que tenga el consumidor mexicano para elevar su consumo de llamadas al exterior. De la mano de la apertura, los resultados de 1997 modificarán radicalmente los respectivos renglones de ingresos de Telmex (ver Expansión 722, Agosto 13, 1997).
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Para compañías como Telinor y Amaritel, que estudian sus oportunidades en el mercado mexicano de larga distancia, el escenario sería muy diferente si contaran con la capacidad para proveer de líneas telefónicas residenciales o públicas, con costos y beneficios similares a los de una contratación en Estados Unidos. Una estimación promedio –realizada con datos de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno estadounidense (FCC, por sus siglas en inglés), del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)–, indica que el costo del servicio telefónico en México es 10 veces más alto que en Estados Unidos, lo que ubica al primero como el país más caro entre el selecto bloque de naciones que se esfuerza por desregular la actividad de las telecomunicaciones.
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Por ejemplo: mientras que en ciudades como el Distrito Federal la contratación de una línea llega a costar $4,000 pesos en promedio, un usuario estadounidense puede contratar el servicio telefónico con sólo $400 pesos; esta tarifa varía dependiendo del operador y la localidad.
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Por lo tanto, lo que el mercado telefónico de México necesita es, o una carretera más grande, o la creación de nuevos caminos que abran alternativas. Pero lo que se deriva de las políticas que impulsan hasta ahora los esfuerzos de este sector, fundamental para el desarrollo económico nacional, es lo que podría describirse como la instalación de nuevas casetas de cobro, por donde los competidores que planean ingresar a ese camino deberán cruzar. Las condiciones financieras que se desprenden de este esquema son casi imposibles.
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En el país se necesita ampliar la base de líneas telefónicas para generar un mayor flujo de llamadas, las suficientes como para impactar el costo final del servicio. Aunque apenas se encuentra en proceso de formación, la competencia sabe que detrás de la necesidad (destacada en el Plan Nacional de Desarrollo) de elevar la densidad telefónica –también llamada teledensidad es decir, el número de líneas por cada 100 habitantes–, están las claves de un negocio que Telmex resguarda celosamente.
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TESOROS MODERNOS
Y vaya que es un tesoro. Desde la red de Telmex se originan 90% de las llamadas a teléfonos celulares y prácticamente 100% de las conexiones a Internet. Además, deben mencionarse los modernos servicios de transmisión de datos, fax, teleconferencias, radio-comunicación, redes públicas de telecomunicación, comunicación vía satélite y correo electrónico, que definitivamente ya desplazaron a los más tradicionales (correo y telégrafo).
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Si bien algunos analistas consideran que la rápida evolución que experimenta Grupo Carso tardará algún tiempo en cuajar, la estrategia de segmentación de mercados que ha impulsado el corporativo ya se ha vuelto un importante reto para los competidores. En 1996, Carso integró la operación de Telmex –por las que se ofrecen los servicios de telefonía local, tanto pública como rural– a un nuevo grupo: Carso Global Telecom.
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Con todo y los errores que ha cometido (y sigue cometiendo) en su evolución operativa, Telmex no ha dejado de cumplir con cada una de las reglas de oro que rigen en la industria de las telecomunicaciones: eficiencia operativa, elevados márgenes de rentabilidad y fuertes volúmenes de inversión anual (actualmente, superiores a $700 millones de dólares).
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La telefónica –cuya propiedad mayoritaria es de Carlos Slim Helú– sostiene que alcanza estos objetivos gracias a lo que define como una “política conservadora de altas depreciaciones, en virtud de los rápidos cambios tecnológicos del sector”; aparte, se deben destacar las fuertes inversiones que está obligada a realizar.
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Esta política se aplica a rubros como la actualización de sus activos fijos de alta tecnología, que si bien reflejan un reducido valor en libros (menores incluso a los niveles promedio de la mayoría de las telefónicas en el mundo y hasta con rezagos en inversión), permiten alcanzar altos niveles de eficiencia.
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Con acciones de este tipo, con estrictos requisitos para operar y con reglas que aún no se definen, se antoja difícil que Movitel, Cedetel, Norcel, Banco del Atlántico y otras 30 empresas –a las que habría que sumar unas cuantas más que, como Telinor, apoyarán sus operaciones en el uso de fibra óptica–, todas ellas interesadas en la subasta simultánea número 55 de frecuencias de radioespectro, se arriesguen a explorar un terreno ignoto, cuyos mapas sólo Telmex es capaz de trazar y delimitar, pues gracias a ser la única empresa de telefonía local, cuenta con la información suficiente para operar sin angustias.
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En el listado de grupos interesados hay que agregar a TV Azteca y Grupo Acir, que bien podrían desarrollar alianzas con aquellos operadores de televisión por cable que cuenten con más de 8,000 kilómetros de fibra óptica.
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DE LA RED AL SERVICIO
Dos palabras se repiten hasta el cansancio: garantías jurídicas. De manera similar a como sucede en el sector inmobiliario, para que la apertura sea real y el negocio se mantenga viable, los futuros operadores exigen una definición clara.
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A la fecha, en México existe un total de 22 ordenamientos legales que complementan las disposiciones del Reglamento de Telecomunicaciones de 1990 y la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) de 1995. Para pasmo de quien la lea, en la LFT no se habla de servicio telefónico como tal; este concepto se sustituye por el de red de telecomunicación. Pero los problemas son más profundos.
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Antes de entregar concesiones y subastas, dice Alejandro Spíndola, director general del Instituto Mexicano de Estrategias (IME), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá solucionar los compromisos adquiridos en telefonía inalámbrica. En el documento La política completa de telecomunicaciones, este organismo destaca que la dependencia aún tiene pendientes temas como la actualización de normas oficiales en la industria telefónica, la adecuación a los procedimientos administrativos para cumplir con los compromisos señalados en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la expedición de los planes técnicos fundamentales de conmutación, transmisión, sincronización y establecimiento de tarifas.
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En el análisis el IME sostiene, además, que la SCT tampoco ha integrado el primer plan fundamental de confiabilidad de las redes telefónicas, orientado a la prevención de desastres y la recuperación acelerada de las mismas.
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Sin reglas, es entendible que los operadores tengan dudas sobre si deben o no invertir $10,000 millones de dólares en equipo de telecomunicaciones y $5,000 millones de dólares más para inversiones adicionales, como edificios, terrenos y gastos preoperativos.
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De hecho, el establecimiento de conceptos como “tarifas uniformes” en la larga distancia, sólo provoca suspicacias entre los consorcios; con medidas como éstas, les parece claro que Telmex es el único negociador.
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Un ejemplo más: con su Plan Empresarial Único, Telmex tiene la capacidad de ofrecer a los usuarios de alto tráfico internacional una tarifa competitiva, algo que desde el terreno financiero sus competidores no pueden rebatir, pues implica castigar sus costos.
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“Si actualmente los inversionistas no tienen seguridad jurídica –señala un analista–, si la ley no les protege aún de prácticas monopólicas que podrían orillarlos a la quiebra, ¿quién les asegura que ese mismo esquema no se repetiría en el ámbito de la telefonía local? ¿Cómo pretenden que se inviertan los recursos necesarios?”
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Desde la perspectiva de Spíndola, no sólo con reglas claras se podría definir el desarrollo de este mercado; otro factor importante será el desempeño de Telmex. Para el 31 de diciembre de 1998 esta empresa ya deberá haber instalado cinco casetas telefónicas por cada 1,000 habitantes. De acuerdo con el artículo 3-5 de la modificación al Título de Concesión (publicado el 10 de diciembre de 1009), Telmex deberá realizar consultas con la SCT en las que se defina la ubicación. Además, en dichas modificaciones se establece que el gigante mexicano se comprometió a expander la red telefónica, ampliar la cobertura del servicio en las poblaciones con más de 500 habitantes y digitalizar las centrales locales y de larga distancia.
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Lo anterior generó un plan de interconexión entre Telmex y su subsidiaria Teléfonos del Noroeste (Telnor) y la creación de un comité consultivo para la apertura de los servicios de telefonía básica. Pero los críticos del proceso de apertura insisten en que aún se deben establecer las reglas para el servicio local y de larga distancia, prever prácticas monopólicas de Telmex y definir las áreas geográficas para la telefonía local. “Además, se requiere de concesiones limpias”, agrega un analista privado.
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De ahí que los análisis jurídicos sirvan de muy poco; se trata de develar las fuertes presiones que existen al interior de la SCT. Un funcionario de la dependencia (que pidió no ser identificado) admite que ningún grupo comentaría hoy su interés por la telefonía local; ello significaría informar a Telmex con qué cartas va a preparar su juego y exigir a la autoridad una definición más expedita de las reglas.
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OBSTÁCULOS REALES
¿Existen cuellos de botella técnicos para una apertura real? Durante el Foro para la Competencia en Telefonía Local, celebrado en abril pasado, los empresarios que hacen planes para actuar en este negocio definieron los siguientes temas de interés: competencia, cobertura social, comercialización y reventa, interconexión, derechos de vía e instalaciones de sitios, antenas y radiobases.
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Pero todo el proceso está sujeto al desarrollo de subastas públicas de radioespectro y a procesos paralelos de privatización de infraestructura, además de la venta de concesiones para servicios de comunicación vía satélite.
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Por ejemplo: para quienes eligieron la tecnología inalámbrica (como Iusatel y Telinor), lo que más les interesa es la subasta simultánea de ocho bloques de espectro, ubicados en las bandas de 440 a 450 y de 485 a 495 Megahertz (MHz). Esta acción va de la mano del programa por el que se despejaría el espacio federal, hoy invadido por más de 300 sistemas “piratas” de radiocomunicación. Las bases señalan que las bandas se otorgarán mediante 59 concursos y que permitirán el acceso inalámbrico bidireccional durante un periodo de 20 años. Mientras esto sucede, para el resto el entorno sigue pintando difícil.
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Ya desde hace dos años se vio el impacto de carecer de reglas y concesiones. Es añejo pero conocido el conflicto que tuvieron Iusacell y Bell Atlantic (que ya tomó el control de la firma mexicana) por la reticencia que la SCT manifestó para entregarles una concesión de 20 MHz de espectro y operar su proyecto de telefonía local. Aunque este caso no es dramático, pues hay que considerar que, aún sin concesión en mano, Iusatel ha podido mantener en los últimos dos años un programa piloto de su sistema de telefonía inalámbrica fija, que abarca a 8,000 usuarios. Iusacell y otras compañías sostienen que, por esta misma vía tecnológica, es más fácil amortizar las inversiones que implicaría instalar líneas conectadas por fibra óptica digitalizada.
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Con base en esas perspectivas, la apuesta de las autoridades es que en el sector habrá una derrama de $10,000 millones de dólares, dedicados a duplicar la teledensidad en los próximos tres años. Hay que recordar que su nivel actual es de 9%.
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Guiados por premisas más realistas, otros analistas creen sin embargo que el nivel apenas llegará a 15%. En sus cálculos incluyen los compromisos que asumieron los concesionarios de telefonía pública, que en los próximos tres años planean instalar 100,000 teléfonos en 28,500 poblaciones con acceso al servicio telefónico.
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Ciertamente, el potencial existe; lo que falta son reglas claras. Sin ellas, jamás llegará el plumazo que libere los recursos requeridos.