TransUnión. Un secreto a voces
Si el solo hecho de no hallar cómo pagar los interminables intereses bancarios ha generado una angustia colectiva en la población mexicana, ahora habrá un motivo más de preocupación. Desde este agosto, los trapitos -"sucios y limpios"- de los deudores estarán reportados en un banco de datos que la Asociación de Banqueros de México (ABM) pondrá a funcionar con el objetivo de "premiar" o "castigar" el comportamiento crediticio de millones de consumidores.
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Aun con estas medidas, las instituciones financieras llegan demasiado tarde a tomar precauciones en esto del riesgo crediticio: antes de que termine septiembre, la cartera vencida alcanzará niveles superiores a 40% del total de los créditos otorgados por el sistema bancario, pues sólo 70 de cada 100 deudores pagaron sus créditos a tiempo durante el mes de mayo y dos de cuatro deudores morosos deben ya más de tres pagos atrasados.
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Se prevé que el nuevo procedimiento de control crediticio del que echarán mano los banqueros -a través de TransUnion, que cuenta con una inversión total de $2 millones de dólares-, para evitar que el agudo de dolor de cabeza que ya padecen se convierta en una terrible migraña, ya esté funcionando a toda su capacidad en 1996.
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Juan Piña, coordinador del grupo de trabajo de la ABM, señala que este mecanismo comenzará a aplicarse con el mercado de tarjetas de crédito, para luego completar la información con solicitantes de préstamos hipotecarios y otros relacionados con el consumo.
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En pocas palabras, comenta Piña, se trata de reunir toda la información disponible del mercado del consumidor en un solo banco de datos. Cada institución aportará el historial completo de su clientela y esto no constituirá, como algunos creen, dice, "el archivo negro" de los tarjetahabientes. Gracias a procedimientos muy sofisticados de estadística, agrega, se podrá realizar una homologación que permita un identificador único, "situación que en México no tenernos". Esto quiere decir que todas las Guadalupes Martínez -por poner un ejemplo- estarán bien identificadas y distinguidas, así el nombre se repita por miles.
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Los trapos sucios no se lavan en casa. Una vez que se tengan vaciados todos los expedientes del "buen" o "mal" comportamiento crediticio de los consumidores mexicanos, podrán ser consultados tanto por instituciones financieras como por particulares (previo pago por consulta). De esa manera se podrá evaluar, según sea el caso, si procede la solicitud (llámese préstamos bancarios, petición de tarjetas de crédito, arrendamiento de un departamento u oficina) del interesado.
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La forma legal en que procederá dicha consulta será mediante la autorización de los investigados, según el Diario Oficial del 15 de febrero de 1995.
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Piña, también funcionario de Banamex, advierte que, de no cumplirse con esta modalidad, se estaría violando el secreto bancario. "¿Para qué usamos los oferentes de crédito esa información? La idea es otorgar selectivamente crédito de acuerdo con las capacidades de cada persona".
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Explica, sin embargo, que cada banco se reservará el derecho de aceptar o no la petición de préstamo del cliente, "pero ahora con una visión más completa de los riesgos que implica el otorgamiento de crédito a una determinada persona". Este banco de datos, se presume, contendrá 85% de la información del mercado de consumidores.
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¿Y qué pasa si el cliente no autoriza para que lo investiguen? "Si no está dispuesto a ello, no hay posibilidades de consultar a TransUnión; se tendrá que recurrir a métodos tradicionales de evaluación u otro tipo de información. Y, por otra parte, ¿por qué le debo dar crédito a una persona que se niega a que conozca su historial crediticio Francisco Castro de la Cruz, presidente de la Asociación Nacional de Tarjetahabientes (ANTAC), tiene otra visión del asunto: "Esto es una autorización forzada pues no le dan a escoger al usuario si quiere o no aparecer en estas listas negras, que finalmente son ¡lícitas puesto que violan el secreto bancario, y que se quiere convertir en legales. Ya desde hace mucho tiempo los banqueros intercambian información sin que el cliente lo autorice".
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Agrega que este nuevo mecanismo de vigilancia transgrede el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual regula el secreto bancario. Además, indica, "es violatorio de los artículos 14, 16, y 17 de la Constitución, puesto que va en contra de las garantías individuales sobre la inviolabilidad de los derechos públicos".
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Así como ellos tienen "listas negras", advierte, "nosotros también tenemos nuestras listas negras de bancos y banqueros que infringen la ley, y de todos los sacadólares que en el pasado y ahora llevaron a la devaluación".
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"Buenos" y "malos" deudores. Aunque TransUnión posiblemente no sea el único banco de datos que funcione en el país, por un buen tiempo será el punto de referencia de consulta de todos aquellos interesados en rastrear la capacidad de pago de los mexicanos.
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De hecho, desde hace 10 años existe Datum, un banco de información que nunca llegó a consolidarse como una fuente confiable. Más bien era visto por las instituciones financieras como un abastecedor de "venta de lista de clientes", al que se le nutría con expedientes de sujetos morosos y archivos negativos.
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Otro asunto importante, señala Piña, es que, al no estar regulada esta información por un reglamento, nadie se atrevía a entregar "completa" su base de datos. Esta situación se ha modificado al contar con nuevas leyes que especifican el cómo, quiénes y para qué.
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Así, "los buenos clientes podrán explotar su expediente crediticio y serán premiados". En cuanto a los malos pagadores, al saberse hasta el último detalle sobre su morosidad, no correrán con muy buena suerte, aunque siempre cabe la posibilidad de convencer al funcionario del banco de que las cosas cambiarán y será un "buen deudor" en el futuro. Desde luego, cada banco tendrá que examinar los riesgos de estas "promesas" y, por supuesto, la solvencia económica del solicitante.
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Las empresas que se asociaron con la ABNI para la conformación de este buró de crédito son TransUnion Corporation, con sede en Chicago, la cual proporcionará la base tecnológica, y la firma californiana Fair Isac, que participará como calificadora de riesgo crediticio (además de la consulta, se podrá calificar con puntaje el nivel de comportamiento del cliente).
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Habrá dos tipos de participación en TransUnión: los que han brindado su base de datos e intervienen como socios accionistas en proporción de la información otorgada, y los usuarios.
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"Todo mundo puede consultar siempre y cuando cuenten con la autorización del sujeto a investigar", advierte Piña. No habrá distinción entre socios y usuarios, ambos pagan las mismas tarifas por consulta.
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Más vale tarde que nunca. El representante de la ABM aclara que estas medidas son una respuesta a un problema de cartera vencida, que se viene arrastrando hace tres años y se ha agudizado en los últimos meses. Reconoce, sin embargo, que de haber existido un buró de crédito confiable, la situación no hubiese llegado a los extremos actuales. De cualquier manera, advierte que las herramientas tecnológicas y los modelos estadísticos con los que se cuentan ahora, dan mayor confiabilidad y eficacia en el manejo de grandes volúmenes de información, hecho que muchos bancos no tenían bajo control, lo que originó la distribución, casi a destajo, de la entrega de tarjetas de crédito.
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Respecto de la radicalidad de aplicar tache o paloma a los consumidores, según su comportamiento y sin considerar las adversidades económicas del país o de circunstancias personales que han obligado a deudores a convertirse en morosos crónicos, Piña comenta que "la definición de bueno o malo no dependerá de un momento". TransUnión contendrá información, posiblemente, del último año de historial crediticio (o hasta más) de un consumidor, pero también podrá analizar las circunstancias de cuándo un cliente se convirtió en moroso por razones, a veces, ajenas a él. Además, obviamente, se registrará a quienes han actuado de manera "viciosa e irresponsable" hacia los bancos.
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¿Cómo repercutirá en el expediente crediticio de aquellos tarjetahabientes que se han declarado en suspensión de pagos? "Eso dependerá de la política de cada institución. Se estudian situaciones individuales", responde el funcionario.
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Ante las acusaciones de la ANTAC, de que éstas son medidas intimidatorias para obligar a los deudores a "portarse bien" a cambio de no manchar su expediente crediticio, Piña argumenta que no se trata de atemorizar. Aclara: "Esto es un proyecto que teníamos planeado hace dos años, con el cual queremos fomentar el buen comportamiento ante el crédito y que se va a regir por reglamentos muy precisos, formulados por las autoridades".
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También se le consulta acerca de la corrupción de muchos funcionarios bancarios, que se hacen de la vista gorda otorgan préstamos a cambio de un sustancial porcentaje del monto otorgado. Sin negar que estos hechos ocurren -"situaciones anormales"-, Piña opina que podían producirse por la "subjetividad" de la documentación. "Al haber un reporte específico de crédito y modelos estadísticos que arrojan una calificación -se refiere al banco de datos-, estamos quitando lo subjetivo para evitar esa anormalidad, ya que todo será tangible y transparente."
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Indica además que el cliente podrá saber las razones, con precisión, del por qué se le ha negado un préstamo. Incluso habrá la posibilidad de corregir malas interpretaciones o expedientes que contengan información perjudicial.
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Apunta, por último, que a los "elementos corruptos" cada vez les será más difícil maniobrar en su provecho, y que si antes había una especie de "caja negra", donde no se podía definir el por qué algunos créditos eran aprobados y otros no, ahora los parámetros estadísticos harán casi imposible estas prácticas "anormales".