A la sombra del Poder Ejecutivo, el Judicial vivió décadas de obsecuencia y subordinación que, entre otras cosas, le heredaron un enorme descrédito y desconfianza. Durante buena parte del siglo XX esta instancia no fue sino una figura secundaria en la vida política. En el "país de un solo hombre", que hacía las veces de primer magistrado y gran legislador, no había espacio para otros.
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La llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia y, en consecuencia, la apertura de nuestras fronteras a los flujos financieros internacionales, obligó a México a dar sus primeros pasos en las "grandes ligas": nos iniciamos en la competencia por los capitales y las inversiones, lo que motivó a una revisión del marco legal para ofrecer seguridad jurídica y certidumbre a los inversionistas.
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Luego de nuestro breve pero muy costoso tour por el primer mundo durante el salinismo, el presidente Zedillo se encargó de emprender, desde el inicio de su sexenio, un aggionarmento en materia judicial. El 5 de diciembre de 1994 presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma al Poder Judicial que implicó un "borrón y cuenta nueva" que reestructuró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –redujo su número de 26 a 11 miembros y modificó el método de designación de los ministros–, elevó a rango constitucional la carrera judicial y creó el Consejo de la Judicatura Federal.
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Las reformas constitucionales continuaron (1996, 1999) y al cabo de seis años la SCJN ha conseguido posicionarse como un actor principal en la vida política del país: lo mismo en el caso del anatocismo que en las controversias constitucionales, en la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos que en el proceso electoral en Yucatán.
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El país cuenta con un "nuevo árbitro" que tiene la última palabra no sólo en conflictos derivados de la pluralidad política y de la existencia de un gobierno dividido, sino en asuntos igualmente delicados: inversión extranjera, servicios financieros, deuda pública o legalidad de decretos del Ejecutivo como el del sector eléctrico.
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Si la SCJN pretende consolidar su posición en este nuevo escenario, deberá defender su autonomía y ofrecer una salida jurídica a la disputa por el dominio político y a los conflictos derivados de los intereses económicos.
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En buena medida, el destino del Poder Judicial depende de los otros dos y del resto de los actores políticos y económicos, de su convicción democrática y de su voluntad para acatar, sean cuales sean, las decisiones del máximo tribunal y consolidar así el Estado de derecho que durante décadas existió sólo en la retórica oficial.
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-El autor es director general de Grupo Consultor Interdisciplinario
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