¿Debe despenalizarse el aborto en Méxi
¿Quién no ha visto o escuchado las campañas de planificación familiar con las que el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de Salud bombardean actualmente a los mexicanos? Pareciera que con ellas se quisieran recuperar los últimos años, cuando se guardó en el cajón del olvido una política demográfica como la que se le aplicó entre los años 70 y principios de los 80, y que significó una reducción del crecimiento de la población de 3.2% a 2.4%.
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En efecto, la actual administración está otorgando un lugar importante a la cuestión demográfica, sin duda después de verificar que, desde una perspectiva económica y social, no es posible que las actuales tasas de crecimiento se mantengan.
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“Si los mexicanos quieren que el crecimiento económico se traduzca en suficientes empleos bien remunerados, que el desarrollo social se refleje en mejores oportunidades de superación para todos, que todo ciudadano participe de una vida de democracia y justicia, es preciso contar con una política de población cara, responsable, respetuosa y realista”, advirtió el presidente Ernesto Zedillo en julio pasado, durante la presentación del Programa Nacional de Población 1995-2000 Y es que entre 1982 y 1994 los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari bajaron la guardia en la materia y la reducción en el crecimiento poblacional sólo se redujo en tres décimas, al pasar de 2.4% a 2.1%.
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Según numerosos analistas del tema, el hecho real es que durante los últimos 20 años nace un promedio anual de 700,000 mexicanos, rebasando toda posibilidad gubernamental de satisfacer los mínimos de bienestar que estos nuevos ciudadanos requieren y demandarán a lo largo de sus vidas.
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Ciertamente, la cantidad de población en México está muy por encima de lo que los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo del país le pueden dar actualmente. Sin embargo, es innegable el hecho de que en México hay regiones en las que los hijos siguen siendo considerados como mano de obra, y mientras en esas zonas no se ofrezcan a la población los mínimos de bienestar, difícilmente lograrán abatirse los índices de crecimiento demográfico. Y menos aún se alcanzará la meta establecida por el Plan Nacional de Población (PNP) de crecer a un ritmo anual de 1.75% para el año 2000.
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¿Cómo le vamos a hacer? Ya desde 1974, en la Conferencia Mundial de Población organizada por las Naciones Unidas, los países participantes se comprometieron a reafirmar el derecho humano de todos los pueblos y todas las personas a decidir libre y responsablemente la cantidad y el espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y los medios de hacerlo. En México, de hecho, este derecho se estipula en el artículo 4o. constitucional, aunque la realidad demuestre que para decidir libremente el tamaño de la familia hay que considerar las condiciones económicas personales y nacionales.
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Entrevistado por EXPANSIÓN, el doctor José Gómez de León, secretario General del Conapo, afirma que el PNP no pretende reducir exclusivamente el crecimiento de la población: "La política demográfica es parte de una política integral de desarrollo social, de combate a la pobreza. Bien aplicado, el Programa de Población pretende hacer accesibles para las parejas la información y los elementos que se requieran para que comprendan los beneficios de la familia pequeña".
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Y es que en México, a pesar de las campañas de planificación familiar puestas en marcha, existen miles de parejas que simplemente no saben que existen métodos de anticoncepción y que, muchas de las veces, tiene que recurrir al aborto por razones diversas para interrumpir un embarazo no deseado. Como en México el aborto está penado por la ley, miles de mujeres tienen que someterse a esta práctica en las condiciones médicas menos adecuadas, lo que en muchas ocasiones llega a costarles la vida.
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No admitir el aborto como medio de planificación. En México y en el mundo uno de los temas más debatidos es el aborto. El documento anual elaborado por la ONU sobre el estado mundial de la población reconoce internacionalmente que el aborto en malas condiciones constituye un grave riesgo de salud. En el documento se sugiere a los gobiernos y organizaciones sociales que adopten medidas que minimicen la incidencia del aborto en malas condiciones y remedien sus consecuencias. En ningún caso -señala el documento- se admite el aborto como medio de planificación familiar; por el contrario, se reconoce que adecuados servicios de salud y planificación familiar contribuirán a disminuir la incidencia del aborto.
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Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que en todo el mundo se realizan más de 40 millones de abortos al año, de los que entre 26 y 31 millones se practican legalmente y 20 millones se efectúan en malas condiciones, causando un promedio anual de 67,000 defunciones.
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Desde los años 50, las banderas liberalizadoras de las leyes en contra del aborto empezaron su recorrido por el mundo, y hoy, a cinco años de que concluya el milenio, las dos terceras partes de la población mundial se rigen por leyes que permiten a la mujer abortar.
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En la Conferencia sobre maternidad sin riesgos realizada en 1993 en Cocoyoc, Morelos, se puso en evidencia la realidad del aborto en México. Virginia Chambers, subdirectora de Programas en América Latina del IPAS, asegura que en México a pesar de que existe un -subregistro de muertes maternas de entre 50% y 75%, el aborto es la tercera o cuarta causa de mortalidad femenina. Por su parte, el doctor Raúl López García, subdirector general médico del Instituto Nacional de Perinatología, al hablar del impacto económico total del aborto ilegal en México asegura que éste es de N$147’625,200 de nuevos pesos; el promedio de días de estancia de todas las formas clínicas de aborto es de 1.8-, el total de camas diarias que se requiere para su atención es de cerca de 1,500 y el total de días cama por año llega al millón. El promedio de incapacidad laboral es de 190 días, y es posible calcular que la pérdida de días laborables al año por este concepto es de aproximadamente 5.5 millones.
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Urge una cultura demográfica. Hasta mediados de 1995 la población en México ascendía a 91.6 millones de habitantes y se estima que al año ocurren 2.3 millones de nacimientos. Con todo y estas cifras, las preferencias por una familia numerosa han reducido notablemente en el país. Datos arrojados en el PNP aseguran que entre 1976 y 1987 hubo una disminución de alrededor de 1.2 hijos en el tamaño promedio deseado de familia. Para las mujeres mayores de 35 anos las preferencias reproductivas superaban en 1976 la cifra de cinco hijos, mientras que en los grupos de menor edad eran de aproximadamente cuatro hijos. En 1987, sólo las mujeres mayores de 44 años declararon desear cuatro hijos.
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Para Gómez de León, las metas propuestas en el Programa de Población de crecer a un ritmo del 1.75% para el 2000 representan un escenario realista y factible, pero significan un gran esfuerzo. "El éxito del programa depende obviamente del presupuesto con que contemos, pero un ingrediente fundamental es convencer a las parejas, persuadirlas y profundizar en la importancia de una cultura demográfica. El programa no se va a aplicar de igual manera en todo el país: -"más bien se nutre de un diagnóstico basado en los diferentes contextos económicos, demográficos y culturales del país; en función de ello se definieron prioridades y una manera diferente de aplicar el programa", señala el funcionario.
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Gómez de León explica también que sin la participación consciente de las parejas ninguna campaña de planificación funcionaría. "Pretendemos promover nuestras acciones en dos grandes campos. Por un lado, la oferta de servicios, y, por otra parte, fuertes campañas de información. Vamos a profundizar en el convencimiento de que una familia pequeña es mejor. Esto es muy difícil porque implica un cambio de mentalidad, un cambio en los patrones reproductivos. Es complejo porque estamos trabajando con valores y con patrones culturales. Todo esto significa que hay que extender la información, la educación sexual y la transmisión de mensajes que propicien que las parejas cambien de mentalidad.
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El secretario de Conapo encabezó la delegación mexicana que participó recientemente en la Conferencia Mundial de la Mujer, en Pekín. Allá se demandó el respeto por los derechos de la mujer, incluido el de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Al respecto, la posición mexicana ha generado un debate en el que hay quienes se preguntan cómo es posible que México diga que defiende los derechos de la mujer y en el país existe una legislación que pena el aborto.
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Gómez de León es enfático al respecto: "Hay grupos que pugnan por legalizar el aborto para evitar que éste se practique en condiciones que puedan costarle la vida a la mujer o poner en riesgo su salud. Hay otros más que enfatizan en la penalización y buscan disuadirlo mediante el castigo. Pero yo nunca he encontrado un grupo que defienda el aborto -per se; se defiende como una decisión última, una condición extrema. Y es así como se toca en la política de población. Debemos impulsar las condiciones para que las mujeres no sufran embarazos no deseados. También nos preocupa que el servicio que se dé a las mujeres que no fueron alcanzadas por las campañas de prevención y planificación, sea un servicio de calidad médica para evitar que el aborto siga siendo un problema de salud pública.
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A juicio del funcionario, el aborto es un asunto del dominio público y los mexicanos tenemos las leyes que nosotros mismos hemos acordado. -"Las leyes son muy claras. El aborto en México está penalizado pero hay causales que exigen la penalización y responden a una legítima exigencia de justicia social y derecho de las mujeres".
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El aborto y la protección del más débil. Antonio Prida, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, organización no gubernamental (ONG) independiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es contundente al manifestar su desacuerdo con el aborto. Y aunque reconoce que es, en efecto, un problema de salud pública que cobra muchas vidas de mujeres, legislar a favor del aborto le haría mucho daño a la moral pública.
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"Aunque fuera positivo legalizar el aborto desde el punto de vista médico -reflexiona-, no sería justo usar los dineros nacionales para matar vidas inocentes. Esto llevaría a un daño moral muy grave". Para Prida, aunque en México está penalizado el aborto, nadie cumple la legislación. Al contrario: "La sociedad reconoce que el aborto es una situación lamentable, reprobable, pero no de un grado suficiente de maldad como para recluir en la cárcel a una madre que tuvo que abortar por la pobreza". Y aunque el presidente de esta ONG reconoce que sería interesante escuchar los argumentos que están en favor de la despenalización, se pregunta ¿a dónde se quiere llegar despenalizándolo? "¿A qué el aborto se convierta en una práctica rutinaria, frívola, que ya no tenga ningún rechazo social o legal, que al que le falló pueda matar libremente? Definitivamente no lo vamos a aceptar. Las leyes deben proteger al más débil, al que no tiene voz para defenderse por sí mismo".
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Con respecto a la planificación familiar, Prida reconoce que esta práctica es la única manera de controlar el crecimiento demográfico de las naciones, pero se manifiesta en contra del establecimiento de una política general de orientación sexual para los niños y para los jóvenes. "La educación sexual que queremos que reciban nuestros hijos es una decisión que compete exclusivamente a la familia y el gobierno no debe establecer ningún tipo de política de educación sexual”, señala.
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Moral privada, ¿discusión pública? "La intolerancia por parte de ciertos grupos de la sociedad es lo que ha permeado el debate en torno al aborto. Se discute el tema como si fuera un asunto de moral pública y por ello se le buscan soluciones de moral pública. El aborto es una decisión privada y las soluciones deben ser individuales", afirma el doctor Juan Guillermo Figueroa, investigador del Centro de Estudios Demográficos de El Colegio de México. Asimismo, señala que no existe en México ningún grupo que esté promoviendo el aborto como una solución, simplemente se pugna porque si una mujer decide abortar por la razón que sea, tenga aseguradas las condiciones médicas para hacerlo sin poner en riesgo su vida. Y recomienda: "Hay que promover acciones paralelas que eviten el aborto, acciones de educación sexual, prevención e información que lleven al aborto a ser la excepción y no la regla".
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A juicio de Figueroa, si los programas de planificación familiar, orientación y prevención se van a apoyar en el derecho de las personas a decidir libremente el número de hijos que quieren tener, son necesarias profundas transformaciones económicas y sociales, "La decisión de cuando y cuántos hijos se van a tener solamente puede ser libre y responsable cuando las personas tienen asegurados los mínimos de bienestar. Y ese es el nuevo enfoque que debería dársele a los programas de salud reproductiva: una visión social en la que lo central sea que los hombres y las mujeres tengan vivienda, alimento, salud y educación para realmente poder decidir con libertad cuantos hijos quieren tener, y no lo decidan en función de que estos hijos serán un soporte económico más adelante".
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Una de las organizaciones que más ha trabajado en cuestiones de aborto y salud reproductiva es el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) bajo la batuta de la antropóloga Marta Lamas. "Cuando se habla de aborto -dice en entrevista con EXPANSIÓN-, yo creo que todas las personas aspiramos a lo mismo: a que ninguna mujer se vea en la necesidad ni en la obligación de tener que recurrir al aborto. Pero para que eso suceda se requieren una serie de condiciones económicas y sociales que en México todavía no están dadas".
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En las naciones desarrolladas, en las que se practica la educación sexual, en los que hay un mayor acceso a los métodos anticonceptivos, hay un menor número de embarazos no deseados y por tanto la curva de aborto es menos pronunciada. Lamas asegura que si en México se sigue como hasta ahora, con abortos ilegales, caros y muy riesgosos, las consecuencias serán de tres tipos: "Hay una consecuencia de injusticia social ya que las mujeres que pueden pagar abortan en las mejores condiciones y sin ningún riesgo para su vida; hay una consecuencia de salud pública ya que muchas mujeres que abortan sin la atención adecuada a la larga tiene que ser hospitalizadas en instituciones públicas con grandes costos para el hospital; hay también una consecuencia en términos económicos y de productividad ya que las mujeres que abortan son, en su mayoría, mujeres trabajadoras que a consecuencia del aborto tiene que dejar de trabajar varios días".
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Lamas también está de acuerdo en que es urgente tener programas de información y educación sexual para la población en general, pero si aún con información la mujer decide interrumpir un embarazo debe hacerlo en las mejores condiciones que garanticen su salud y su vida. "Hay que promover la educación sexual en casa, en la escuela, hay que prevenir el embarazo si este no se desea, pero si se da, hay que resolverlo", afirma.