Durante esta década se ha observado una creciente participación privada en actividades antes reservadas al Estado, especialmente en infraestructura básica y provisión de servicios municipales. En México, este proceso se ha reforzado con los esfuerzos por otorgarle a los estados y municipios una mayor autonomía administrativa y financiera.
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Existen diversos argumentos de por qué sería deseable que el sector privado participara en estas actividades. La llegada de capital privado aligeraría presiones sobre el presupuesto público, permitiendo mantener finanzas sanas sin descuidar programas sociales cruciales. En el caso de servicios municipales, también se permitiría abatir el rezago en su provisión, lo que ha afectado las condiciones de vida de la población al no contar aún con una cobertura adecuada en el suministro de agua potable, alcantarillado o tratamiento de desechos sólidos. También se esperaría que la participación de empresas extranjeras permitiera la transferencia de tecnología y métodos administrativos más modernos. Finalmente, podría reducirse sustancialmente el manejo político asociado en muchas ocasiones a estas actividades. Sin embargo, aún existe oposición por parte de diversos grupos, ya sea por desinformación o por algunas experiencias negativas recientes en nuestro país.
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Se cree que este proceso significa una privatización de actividades públicas. Esta idea es correcta si se da una transferencia permanente de derechos de propiedad hacia el sector privado. Sin embargo, en muchos casos, la participación privada se realiza mediante mecanismos que implican sólo una transferencia temporal, manteniendo el Estado los derechos de propiedad. Es el caso de los arrendamientos, concesiones o cualquier combinación de éstos. Desgraciadamente, la opinión desfavorable proviene más de los fracasos en el pasado, lo cual involucra errores en los procesos, falta de transparencia y de reglas claras, carencia de un marco institucional adecuado y factores externos negativos que terminan por agudizar los errores propios del proceso. Hay experiencias exitosas que deben ser consideradas. Es el caso de la participación privada en la provisión de agua potable en Francia. Esta experiencia cuenta con una larga trayectoria desde finales del siglo pasado, la cual se ha exportado a otros países mediante la participación de las compañías francesas. Gran parte de este éxito se debe a una estructura institucional en donde los dos actores principales son los municipios y las empresas y en donde se conjuga la eficacia del mercado y de la acción pública. La legitimidad que poseen las autoridades municipales ante sus electores ha sido una pieza clave. Es importante que nuestro país retome las enseñanzas de estas experiencias y de sus propios errores. El beneficiado sería el consumidor final quien podría gozar de más y mejores servicios públicos.