Ante el estancamiento de la economía el país se enfrenta al dilema de continuar con el modelo actual –en el que el nivel de la discusión se queda en asuntos de toallas, colchones y choferes– o hacer un análisis serio de la realidad política y económica que nos conduzca a una conclusión contundente: tenemos una pérdida brutal de competitividad de obreros, empleados y empresarios frente a la economía global.
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La inmovilización de la economía ya lleva tres años con creciente desempleo y un producto interno bruto por persona reducido en más de 1%.
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Un diagnóstico juicioso de la situación actual debe partir del reconocimiento de los muy importantes avances en inflación y tasas de interés, pero también debe admitir los grandes rezagos en producción y empleo.
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La reducción de las tasas de interés reales y nominales en los últimos años ha construido una plataforma de crecimiento sostenido, lo cual es un logro fundamental del gobierno del presidente Vicente Fox y del secretario de Hacienda Francisco Gil. Pero no todo es miel sobre hojuelas.
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Las evidencias indican que hay un retraso en competitividad; sin embargo, en lugar de discutir sus causas profundas, se evade cualquier responsabilidad y se achaca el problema a factores externos, lo cual es discutible.
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En 2001, 2002 y 2003 la economía estadounidense creció 0.5%, 2.2% y 3.1% en términos reales, con un PIB per cápita acumulado de 4.9%. Por otro lado, en China el PIB por individuo avanzó 6.5% en 2001, 7.25% en 2002 y más de 9% en 2003. Chile en el mismo lapso creció 1.5% anual. Mientras, la economía mexicana cayó en un periodo similar 1.8%.
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Entonces, ¿se puede culpar a factores externos?
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Atraso en mano de obra
La revisión de los datos nos señala que en las respuestas populistas y mentirosas hay dos problemas: el ético y el de una economía política inadecuada y errónea, que surge de un diagnóstico equivocado.
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Si no fue la economía estadounidense y no fue el exterior el causante de la recesión, entonces, ¿quién fue? La respuesta es tan sencilla como difícil es solucionar el caso: la caída en productividad de la mano de obra.
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No es posible tener crecimiento sostenido en el ingreso per cápita sin un mejor desempeño de la productividad laboral.
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El mejor ejemplo de incrementos sostenidos en este renglón es la economía de Estados Unidos, donde los mercados abiertos, transparentes y competitivos, generan una disminución de los precios, incrementos, en la variedad y en la calidad de los productos y un impulso a la innovación.
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Es el caso también de Japón y Finlandia, que en 1921 tenían un PIB individualizado muy semejante al de México y Brasil, pero 73 años después el país oriental había crecido a tasas anuales de 5.6% y el europeo a 4%, mientras que los latinoamericanos registraron crecimientos de 2.4% en el mismo periodo.
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Lo grave es que mientras en México la productividad se ha desplomado, en el mundo los socios y competidores siguen mejorando.
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La productividad de Estados Unidos ha duplicado su tasa de crecimiento de 2 a 4% en los últimos años, en tanto que México ha registrado una caída desde ocho puntos porcentuales a menos de 3%.
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Por lo anterior podemos concluir que el serio problema de competitividad es nuestro y no de factores externos. Mientras otras naciones continúan llevando a cabo reformas para acelerar su productividad, en México no hemos podido lograr ninguna reforma y por eso perdemos capacidad de contender con el exterior.
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Entre un conjunto de razones que explican el porqué de esta caída destacan cinco:
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- Los precios de los energéticos en México están por encima de los internacionales.
- Ha habido una caída de la inversión en infraestructura básica desde aproximadamente 3.6 hasta 3% del PIB, mientras el gobierno ha incrementado el gasto corriente durante la primera mitad de la administración 56%, lo que ha ocasionado también una severa caída de la inversión privada.
- El déficit fiscal, que tanto trabajo había costado mantener en equilibrio e incluso había logrado superávit, ha vuelto.
- Hay una falta de apertura en ciertos sectores, como el agrícola, donde en 1993 se pospuso la liberalización hasta 2008, con el fin de tener tiempo de introducir políticas de cambio y reformas para incrementar la productividad. Han pasado 10 de esos 15 años y no se ha hecho absolutamente nada. En 2007 y 2008 se dirá que el problema es que se negoció mal en 1993.
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Un ejemplo claro es el caso del maíz, un producto en el que por falta de apertura no hay inversión en nuevas tecnologías, en contraste con un sector como el automotriz, donde los beneficios de la apertura saltan a la vista. De no haber abierto este renglón seguiría habiendo, quizá, sólo tres marcas y unos seis modelos en total.
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De 1993 a 2002 el negocio del maíz ha tenido un crecimiento de 2.3%, de acuerdo con el índice de producción por hectárea cosechada, mientras que la producción de automóviles avanzó en el mismo periodo 12%, considerando el índice de volumen de producción entre horas-hombre trabajadas.
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Hace falta un verdadero Estado de derecho. Para que la interacción entre individuos y empresas en los diferentes mercados se lleve a cabo de manera eficiente, es necesario que éstos tengan la garantía de que los derechos de propiedad sobre los recursos que poseen estén garantizados legalmente y protegidos judicialmente.
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Uno de los principales objetivos del marco legal es definir los derechos de propiedad sobre los recursos que cada uno de los agentes económicos posea y permitirles apropiarse del flujo de ingresos que se deriva de su utilización.
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Por lo anterior, para que pueda darse el desarrollo económico, es crucial que en el diseño de las leyes y normas reglamentarias no se entorpezcan el intercambio voluntario y la asignación eficiente de recursos. Estas leyes, además, deben estar limitadas por el respeto irrestricto de los derechos de propiedad.
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En tal sentido, el papel del gobierno es dotar a la sociedad de un conjunto de leyes y reglamentos que induzcan la existencia de mercados competitivos y que garanticen la igualdad de oportunidades de acceso a éstos.
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Para que los individuos tengan la garantía de que sus derechos están protegidos y garantizados, es indispensable contar con un Poder Judicial eficiente, independiente e imparcial.
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En el caso de México, los agentes económicos no cuentan con los incentivos necesarios y adecuados para asignar eficazmente los recursos de los cuales son propietarios.
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Por añadidura, el grado de observancia del Estado de derecho es muy pobre, lo cual incide en tasas bajas de crecimiento económico. Y la definición y protección de los derechos de propiedad es ineficiente.
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Con el fin de lograr mayores tasas de crecimiento económico se requiere una regulación más eficaz de los mercados, con disposiciones claras y transparentes que eviten la interpretación y aplicación discrecional de las sentencias.
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Menciono a continuación algunos ejemplos de la debilidad del Estado de derecho:
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- Los retrasos y la falta de consistencia en la sentencia de un juez tiene paralizada a una enorme empresa de seguros y en una situación jurídica muy delicada a varios niveles de la administración de dicha compañía.
- La debilidad del Estado de derecho permitió que un pequeño grupo de inconformes impidiera la construcción del aeropuerto de la ciudad de México.
- En el sector de licores, la falta de acciones legales en contra de la piratería permite que la mitad, sí el 50% de los licores que se consumen en este país, sean ilegales, con las consecuencias que eso tiene sobre la salud de la población al tomar bebidas sin ningún control sanitario.
- En la industria de televisión por cable, la falta de una legislación ágil para actuar en contra de los piratas permite que por cada 100 suscriptores que pagan haya 67 que se cuelgan de la señal para disfrutar de los servicios sin costo. Y por supuesto, con total impunidad.
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Por lo anterior se puede concluir con la metáfora de Lewis Carroll, en su libro Through the looking glass (A través del espejo) aplicable a la economía mexicana: “Cada vez necesitas correr más para permanecer en el mismo lugar.”
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Razones para el optimismo
A pesar de todo hay razones para ser optimista y pensar que este esquema se puede modificar.
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Por ejemplo: en el tema de infraestructura básica, gracias a una serie de reformas llevadas a cabo hace años, están presentes todos los elementos para corregir su problemática.
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Además, la mayor estabilidad económica y el crecimiento de los recursos administrados por las Afore han generado una creciente demanda por instrumentos de renta fija.
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Al cierre de 2003, las Afore administraban activos por $400,000 millones de pesos, equivalentes a 5% del PIB. Para 2015 se proyecta que esta cifra alcance 20% del indicador.
Las Afore tienen la obligación de invertir en instrumentos de deuda de largo plazo, en pesos y de alta calidad crediticia.
* Doctor en economía, secretario de Hacienda (1988-1994) y director general de Protego Asesores Financieros.