¿Una internacionalización natural?
México realiza una carrera vertiginosa en términos de libre comercio. Hoy, no sólo es una de las naciones que cuenta con más acuerdos comerciales (sólo superada por Israel), sino que además sigue en pie de lucha y busca concretar, por los menos, un par de tratados más en el corto plazo.
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Las intenciones de las autoridades en esa materia, en los estrictos terrenos de la teoría, son más que plausibles. Sin embargo, ya entrados en la zona académica, el problema gira, precisamente, en torno a la calidad educativa de las personas que ocuparán las vacantes que surjan como producto del libre comercio de México con el mundo.
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Más complicado aún. Hasta la fecha, no existe una política de largo plazo que garantice la formación de profesionales capaces de satisfacer las necesidades de recurso humano que las empresas nacionales y extranjeras demandarán en los próximos años.
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En otras palabras, la globalización y el libre mercado ya emitieron la convocatoria para participar en la apertura comercial y detallaron las reglas del juego. No obstante, tal y como ocurre en otros sectores boyantes a escala mundial (telecomunicaciones, sistema financiero o software, por ejemplo), México reacciona lento y llega tarde con su estrategia. Lo más grave es que, en esta ocasión, ni siquiera tiene un proyecto rústicamente elaborado.
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“No creo que andemos bien en México en términos de una educación que responda a los retos de la apertura comercial. Y no lo estamos porque no existe una política educativa de internacionalización a escala nacional. La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha hecho una política abierta de internacionalización. Tiene un programa de Movilidad en América del Norte pero que mueve a muy pocos estudiantes, menos de 1% de la matrícula de educación superior. Incluso, lo suspendieron dos años; son programas muy incipientes. En realidad, en México no existe un programa de desarrollo educativo que cuente con una línea de internacionalización”, menciona Jocelyne Gacel-Ávila, presidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI).
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A decir de la especialista, autora de dos libros y varios artículos escritos sobre el tema, la mayoría de los países, en particular los llamados del primer mundo, colocan a la internacionalización como una prioridad de sus políticas educativas. En México, sin embargo, dicho asunto sólo se escucha en los discursos pero, al momento de analizar los programas nacionales, no aparece nada en concreto.
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Y es que, en términos generales, los estudiantes mexicanos se dividen en dos grandes bloques: los egresados de escuelas públicas y los graduados de instituciones privadas. Es decir, mientras que los primeros observan un importante rezago en cuanto al conocimiento de los mercados internacionales, los segundos tienen una información dispar debido al enfoque heterogéneo que existe entre una universidad y otra. “Creo que todas las actividades que ha desarrollado México tienen muy poco impacto en la transformación del perfil del egresado. En el fondo, se entiende muy poco el concepto de internacionalización”, dice Gacel-Ávila.
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¿Y qué significa entonces? “Es un cambio de cultura, inclusive institucional. Es integrar elementos internacionales en toda la vida de la universidad, en el perfil de los docentes, en los estudiantes y en el contenido de los cursos. La internacionalización es el contrapeso a la globalización. La globalización se refiere al flujo de comunicación y personas por encima de las fronteras, en cambio, la internacionalización es una respuesta, de parte de los universitarios, para promover su propio sistema educativo; su propia cultura e identidad”, responde la presidenta de AMPEI.
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Hasta aquí, la historia no deja bien parados a los funcionarios públicos que ocuparon la SEP en los últimos tres sexenios. Incluso, parece que mientras México corría hacia un lado en materia económica y comercial, las autoridades del sistema educativo nacional, en particular las responsables del nivel superior, miraban otro rumbo. De hecho, aquellos personajes tenían en su mente un país diferente, una distinta realidad. Un concepto que se refleja en sus actuales funciones.
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“Las funciones del gobierno son múltiples. Por ejemplo, tiene que cuidar que haya una oferta y demanda para la educación superior, tanto pública como privada. Todo lo que el gobierno hace, de hecho, incide directa o indirectamente en ambas. Sin embargo, salvo algunos cuantos casos de instituciones que constituyen una franca minoría, el gobierno no imparte educación superior, sólo la apoya, fomenta y regula. No es el gobierno el directamente responsable de la conducción o administración de los programas educativos”, explica Daniel Reséndiz Núñez, subsecretario de Educación Superior.
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¿Y qué hay sobre la existencia o no de una política de internacionalización para las universidades del país? “No hay una política específica para cada disciplina –responde el funcionario–. Eso implicaría meterse en facultades que el gobierno federal, en esa materia, no tiene. En el caso de las instituciones públicas, son los Congresos locales los directamente responsables de que exista una educación superior de buen nivel. Ahora, por el lado de las privadas, alguien puede quejarse sobre su nivel académico, sin embargo, esa gente debe saber que el gobierno no tiene facultades para intervenir. Y nosotros sólo hacemos lo que marca la ley”.
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A pesar de la “estrechez” de su campo de acción, en 1995, la SEP comenzó un programa de movilidad estudiantil en América del Norte que tiene como andamiaje una serie de consorcios educativos que los tres países miembros (Estados Unidos, Canadá y México) apoyan para fortalecer los programas de intercambio y vinculación entre universidades. Hasta la fecha, cada nación destinó alrededor de $500 millones de pesos para su sustento.
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Otra actividad que absorbe la atención de la subsecretaría es el Programa para el Mejoramiento del Profesorado. Su objetivo: incrementar la experiencia y conocimientos de los maestros, vía posgrados o becas, para que alcancen estándares internacionales. En términos generales, dice el subsecretario, las funciones que las leyes mexicanas establecen para la SEP son satisfactorias. En particular, porque no distan mucho respecto de lo que otros países legislan en la materia.
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“La internacionalización –agrega Reséndiz– es muy importante para generar negocios, pero existen otros aspectos que incluso tienen una prioridad mayor. El primero sería la mejora del cuerpo docente; como segundo punto, el mejoramiento de la infraestructura en los renglones de bibliotecas, laboratorios o tecnologías de la información; y, como tercero, afinar detalles en materia de regulación de la educación superior, tanto pública como privada. La internacionalización, insisto, es sólo una parte del problema que se resolverá en cuanto los otros ya no sean pendientes”.
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¿Y cuánto tiempo llevará resolver las prioridades mencionadas? “Aunque no soy bueno para las predicciones, México podría resolver esos pendientes, antes de 20 o 25 años. Para eso necesitamos de la presión social. Que la sociedad se interese en el asunto y que se discutan con una mínima base de lo que es la educación superior en el mundo para que surjan críticas constructivas, no flagelantes o destructivas”.
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Para el funcionario, “debemos abandonar la idea de que la calidad de una escuela depende de su tamaño. En realidad, no hay una correlación y, si existe, diría que es a la inversa. La calidad no se logra con base en el tamaño. De hecho, creo que la regulación en México tendría que pulirse para acotar la dimensión de las instituciones con el propósito de mejorar la calidad de la educación superior”. ¿Para quién sería el mensaje?