El autor está trabajando en un libro sobre la Reforma del Banco de México.
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Una característica obvia del actual gobierno, aunque difícil de reconocer, es su carencia de una política económica propia. De hecho, nunca la ha tenido, con excepción, es cierto, del breve periodo que antecedió a la devaluación, o sea del 1 al 19 de diciembre del año pasado.
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En esos días, el gobierno tuvo tiempo para pronosticar un crecimiento de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1995, presentar un proyecto de presupuesto ante el Congreso (que los diputados priístas tuvieron a bien aprobar después de la devaluación) y calcular un déficit en la cuenta corriente de $30,000 millones de dólares, sin precedentes en la historia.
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Como sabemos, esa fantasía duró bien poco: los diputados priístas volvieron a repetir el acto de votar un nuevo plan económico; ante los reclamos de los banqueros extranjeros, el presidente Ernesto Zedillo cambió a su secretario de Hacienda y, de mayor importancia, el gobierno en su conjunto entro en crisis. Más bien, en una especie de parálisis, ¡sólo rota para anunciar que los funcionarios públicos restringirían su uso de teléfonos celulares!
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Desde entonces, el gobierno no tuvo capacidad de proponer ninguna iniciativa para destrabar la crisis o, siquiera, para frenar la caída del peso. Fue el presidente Bill Clinton cl que tuvo que intervenir (enero 12) y, nuevamente, volver a intervenir (enero 31) para evitar la quiebra financiera del gobierno.
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Pero incluso el que el presidente de Estados Unidos se hiciera cargo del rescate de nuestro gobierno no bastó para que, durante los siguientes días al anuncio de que México recibirla un paquete de asistencia por mas de $50,000 millones de dólares, los mercados respondieran de manera favorable. El valor de la moneda todavía cayo casi 30% más del nivel en que se encontraba en ese momento (cerca de N$6 nuevos pesos por dólar).
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El restablecimiento de una relativa estabilidad de la moneda todavía tuvo que esperar a que el gobierno mexicano, varias semanas después, anunciara un severo plan de ajuste financiero, cuyas implicaciones sociales varios banqueros extranjeros (de la tradición de Margaret Thatcher) llegaron incluso a considerar excesivamente brutal.
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En cualquier caso, tampoco se trató de un programa económico diseñado por el gobierno de Zedillo. Respondió a su necesidad (y voluntad) doble de: 1) pagar los Teso bonos y 2) erradicar este año el problema del déficit en cuenta corriente. Claramente, el plan de ajuste fue el producto de las garantías que se vio obligado a ofrecer el gobierno mexicano a la Tesorería estadounidense a cambio de su paquete de asistencia, aunado a lo que "fuera necesario hacer" para reducir el déficit externo a prácticamente cero.
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El plan de ajuste no puede ser considerado, pues, como un programa económico que responda a las necesidades de los mexicanos, pues apenas fue la respuesta inmediata de un gobierno urgido ante la gravedad de la crisis y la falta de iniciativas para iniciar una recuperación. El espacio de maniobra que, sin embargo, el plan de ajuste financiero le ha brindado al gobierno de Zedillo (y que se refleja en la mejoría relativa de algunos indicadores macroeconómicos en la últimas semanas) no puede descontarse.
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Al contrario, es lo único que explica la nueva perspectiva que existe en la sociedad con respecto al gobierno e, incluso, la que priva dentro del gobierno con respecto a sí mismo. Pero no es suficiente en ninguno de los dos casos. El gobierno no es fuerte, ni mucho menos popular.
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Y no podrá ser ninguna de las dos cosas hasta que, finalmente, elabore su propio programa económico, en el que se coloque como representante de los intereses nacionales y, en concreto, cree una perspectiva de recuperación real para la mayoría de la población. Sin programa propio no habrá crecimiento, mucho menos "bienestar para las familias".