Pronto podrían arrancar las obras para hacer un hospital en Chihuahua que estaba programado desde 2005, pero que no salió a concurso por el riesgo que ven en ello constructoras e inversionistas; lo mismo podría suceder en Torreón, Acapulco y Querétaro. Con la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) aprobada por el Congreso en diciembre pasado, dependencias federales y gobiernos estatales podrán encontrar en empresas y bancos los recursos para cubrir su déficit de hospitales, universidades, carreteras y plantas de tratamiento de agua.
Para el Consejo Coordinador Empresarial, impulsor de la ley, se detonarán entre 30,000 y 40,000 millones pesos (MDP) de inversión privada para infraestructura, principalmente por los cambios que otorgan mayor certeza a inversionistas. "La nueva ley da el mensaje de que al gobierno ahora sí le interesa el largo plazo", comenta Alonso Quintana, vicepresidente de Administración y Finanzas de ICA.
Una de las modificaciones es la claridad en caso de rescisión del contrato. La falta de claridad en su resolución generaba desconfianza y los bancos, que fondean entre 70 y 80% del costo del proyecto, aplicaban tasas más altas en sus créditos. Lo primero para el inversionista es saber si le podrán pagar y cómo resolver las cosas si hay un pleito, y con las leyes actuales (de Obras Públicas y de Adquisiciones), situación que esta ley tiene bien definida, dice José Luis García Cantú, experto en financiamiento de proyectos de infraestructura.
La inversión privada en infraestructura inició a finales de los 90, pero después de 2000 los esquemas conocidos como asociaciones público-privadas empezaron a adoptarse en México, aunque sin leyes apropiadas. La diferencia con los contratos que emerjan de la nueva ley es que las empresas obtienen recursos para construir obras públicas y luego las operan hasta por 40 años; en ese tiempo, la oficina de gobierno contratante paga una cuota mensual por la inversión hecha y por sus servicios.