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La ‘casa blanca’ y su legado anticorrupción

Transparencia Mexicana pide crear la declaración de conflictos de intereses para funcionarios; la revelación de la casa de la primera dama debe dejar mejores leyes, dice la organización.
Fachada de la casa con domicilio en Sierra Gorda 150, en la colonia Lomas de Chapultepec. (Foto: Cuartoscuro )
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México debe crear la declaración de conflictos de intereses para funcionarios a punto de asumir, dice el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, al referirse a las lecciones que deja la revelación sobre la ‘casa blanca’ de la primera dama Angélica Rivera.

El caso expuesto a la luz pública por el sitio Aristegui Noticias en noviembre pasado debe servir para que el país debata sobre nuevos mecanismos de rendición de cuentas de sus servidores públicos, dice Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, una organización civil que impulsa políticas anticorrupción.

Para empezar, Bohórquez cree que debe haber una versión pública de la declaración patrimonial que todos los funcionarios presentan a la Secretaría de la Función Pública. Hasta ahora, están obligados a entregarla, pero no a publicarla.

Respecto a la creación de la declaración de conflictos, pide debatir el tema antes de las elecciones de junio de 2015.

-¿Qué tanto funciona la declaración patrimonial en el combate a la corrupción?

Sí ha funcionado, pero, claramente, necesita perfeccionarse. Una buena parte de las sanciones administrativas por delitos asociados con corrupción se hacen gracias a la declaración patrimonial. Por eso, nosotros hemos insistido en que tiene que haber una versión pública de la declaración de todos los servidores públicos y sus familiares cercanos. Puede ser parcial, es decir, que haya una versión pública protegiendo los datos personales.

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Actualmente, lo que ocurre es que el contralor interno, en este caso, la Secretaría de la Función Pública o los contralores de las dependencias, conocen esa declaración. Pero hay desconfianza por parte de la ciudadanía en que no se vaya a arreglar la declaración, por eso se ha insistido en que sean públicas.

-¿Cuáles son las limitaciones para acceder a esas declaraciones?

La declaración patrimonial está en la ley. Todo servidor público tiene que presentarla, pero no hacerla pública. Eso es voluntario. Enrique Peña Nieto ofreció hacer pública su declaración patrimonial y fue lo que hizo en el primer año de la administración, la conocimos todos. Él no está obligado por ley a hacerlo público, por eso digo que es un faltante.

-¿Qué otros cambios hacen falta?

Otro es una declaración de intereses y un mecanismo para resolver la existencia o inexistencia de conflictos de interés en operaciones concretas.

(…) Cuando tú eres el jefe de Estado, cualquier relación que tengas como particular te pone en una situación potencial de conflicto de intereses. Cualquiera. Por ejemplo, si yo estoy involucrado con una ONG especializada en asuntos que combaten la desnutrición infantil y soy jefe de Estado, la Cruzada contra la Pobreza podría beneficiar inapropiadamente a una empresa o una organización civil.

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En Chile, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera, que era accionista de la aerolínea LAN al momento de ser electo presidente, constituyó un fideicomiso que administrara sus inversiones en su lugar, mientras él tuviera el cargo público. Eso no quiere decir que haya resuelto los conflictos de interés, sino que se tomaron las medidas preventivas para evitarlo.

-¿Entonces qué es lo que proponen ustedes?

Primero, que se legisle y que, de entrada, tú declares los potenciales conflictos de interés que puedes tener. Tú puedes decir: “Yo voy a ser gobernador. Les aviso que soy dueño de estas empresas para que, si llega la situación potencial de decidir sobre esos temas, me abstenga o me separe de mi condición de accionista de esa empresa mientras dure mi cargo”.

-Sobre el tema de la "casa blanca", ¿tuvo o no tuvo que ser declarada?

Si la primera dama es propietaria de la casa, sí. Es un bien de la primera dama y, por lo tanto, se incluye en la declaración patrimonial del jefe del Ejecutivo.

-Pero no si la propiedad es de la inmobiliaria

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Así es. (...) El análisis que se hizo se centró en la parte de conflicto de intereses, que es complejo de establecer. ¿Hay conflicto de intereses? No lo sé (…) Realmente no tenemos un mecanismo de ley para establecer si eso es cierto de manera concreta.

Se presume que hay una relación inapropiada con una empresa. Entonces, lo que hay que revisar jurídica y políticamente es, en el momento en que se hizo la operación, qué tipo de relación había, si por esos eventos hay una relación que se pueda establecer. Hablar de dos eventos no significa que estén conectados entre sí.

Por eso yo creo que la explicación es de carácter político porque (...) es del interés del propio Ejecutivo dejar explicación plena y satisfactoria de lo que ha ocurrido. De lo que es legal y por qué es legal. Hay que ser cuidadosos, probablemente no haya algo ilegal.

-¿Podría haber una investigación formal de la pareja presidencial?

Una denuncia pública no es denuncia judicial ni administrativa. (…) Por eso, también estamos revisando en el Sistema Nacional Anticorrupción que las investigaciones sean exoficio y no por denuncia, es decir, que por el hecho de que se conozcan los hechos, se inicie una investigación. Nuestro sistema no funciona así.

-¿En qué podría concluir este caso?

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Yo creo que va a concluir en una serie de reformas al sistema anticorrupción para vigilar la relación entre el servidor público y las empresas (…) Necesitamos más instituciones que se sumen a este sistema. Que se sume el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pero con un sentido de anticorrupción, no sólo de transparencia, y que quien sancione no sea la Secretaría de la Función Pública, sino un tribunal especializado en sanción administrativa.

-¿Usted qué espera?

Que antes del proceso electoral de junio en 2015 ya tengamos una discusión de fondo sobre la declaración de intereses. Y que los legisladores que entren a los congresos de los estados tengan que informar sobre su situación patrimonial y tengan que informar sobre los potenciales conflictos de interés que puedan tener.

 

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