El nuevo gobierno se organiza para iniciar sus funciones. Se retoman algunas ofertas de campaña y se les sacude el tono populista a fin de no exacerbar las expectativas, ahora que culmina el momento de prometer y comienza el de cumplir.
En el terreno económico se reitera que las prioridades son el crecimiento, la generación de empleo y el combate a la pobreza. Sin embargo, algunos temas permanecen empolvados. Es el caso de la desigualdad económica.
En la contienda electoral Andrés Manuel López Obrador le otorgó un lugar destacado a la desigualdad, lo que le sumó una buena cantidad de votos. Desafortunadamente lo hizo de forma maniquea (ustedes los ricos vs. nosotros los pobres) y lo presentó como una lucha, en lugar de un problema que aqueja al país y a muchas otras economías. Después del 2 de julio, se habla poco del asunto.
La pobreza no debe confundirse con desigualdad, la solución de una no es necesariamente la de la otra. La primera tiene que ver con el ingreso necesario para alimentar a las familias mexicanas (740 pesos por persona al mes en áreas urbanas); procurarse un nivel mínimo de educación y salud (910 pesos); o aspirar a satisfactores patrimoniales, vivienda especialmente (1,497 pesos).
La desigualdad se refiere fundamentalmente a la manera como se reparten los ingresos generados por la economía. Grosso modo, 20% de los hogares mexicanos perciben poco más de 50% del ingreso de la economía y 50% de los hogares reciben, en conjunto, apenas 20% del total.
México padece ambos males y aunque se encuentra en vías de superar la pobreza, no así la desigualdad. Según investigación de Miguel Székely, estudioso de ambos fenómenos, la pobreza patrimonial, la más amplia de todas, se redujo de 53 a 47% entre 1984 y 2004. En tanto, la desigualdad permaneció sin cambio.
El repertorio de acciones para reducir la desigualdad económica es muy variado, pero prácticamente ninguna es capaz de resolverla en un horizonte sexenal. Nuestra historia contemporánea las ha ensayado todas: gravar con elevadas tasas la renta de los individuos de mayores ingresos y utilizar la recaudación correspondiente para apoyar (infructuosamente) a los de bajos ingresos; imponer topes de precio a artículos básicos (y lograron desaparecerlos de los anaqueles); controlar por decreto las tasas de interés, lo que redujo el ahorro y el financiamiento a la inversión productiva; instrumentar programas de subsidios masivos, que beneficiaron a sus receptores a costa de un endeudamiento público igualmente masivo, que nos llevó décadas amortizar y obstaculizó la provisión de servicios públicos indispensables, educación y salud, por ejemplo; elevar arbitrariamente los salarios generando desempleo y quiebra de empresas.
La desigualdad económica en México es vergonzosa, pero debe reconocerse que en nuestro país y en el extranjero ha sido prácticamente inmune a los intentos de reducirla mediante la intervención gubernamental. Por ello hay que dudar siempre de aquellos aprendices de brujo que ofrecen solucionarla en el corto plazo, sin caer en el cinismo de los que prefieren ignorarla.
La mejor herramienta para reducir la desigualdad del ingreso es la educación, que casualmente también es instrumento para superar la pobreza. No es accidental que los individuos de mayores ingresos son asimismo los que tienen más de 12 años de escolaridad y los de ingresos bajos los que no terminaron la primaria. Si la escolaridad cuenta para lograr una mejor distribución del ingreso, presumiblemente la calidad de la educación opera en el mismo sentido.
La desigualdad es una razón más que hace inadmisible que 70% de los estudiantes de secundaria apenas califique en nivel básico en español y 80% en matemáticas. La batalla es de largo alcance y no la estamos dando en el terreno adecuado. ¿Será por eso que el expediente se mantiene relegado?
El autor fue director de Grupo Economistas y Asociados.
Comentarios: Mauricio.gonzalez@expansion.com.mx