México enfrenta al inicio del siglo XXI una situación paradójica: cuenta con un enorme potencial para generar riqueza, pero registra niveles de pobreza inaceptables y la persistencia de enormes brechas de desigualdad.
Uno de los saldos del largo proceso electoral es el reconocimiento de este estado de cosas y el consenso de las fuerzas políticas en torno a la idea de asignar la máxima prioridad a la construcción de una sociedad más justa.
Ésta fue una de las banderas que capitalizó el candidato de la izquierda, quien fundó su estrategia en la división entre pobres y ricos y advirtió sobre la importancia de impulsar una agenda redistributiva, incluso hasta por razones de gobernabilidad.
También hemos sido testigos en fecha reciente de la ‘promesa’ del hoy presidente electo, en el sentido de que rebasaría a su principal opositor “por la izquierda” con un plan de gobierno de alto contenido social.
Pronto sabremos qué tan seria es esa promesa. Lo veremos, entre otras expresiones, en el discurso político, en el presupuesto y las prioridades del gasto público y en el impulso a ciertos programas.
Para los gobiernos (ya sean de izquierda o derecha), la solución de fondo y de largo plazo al problema de la pobreza se encuentra sobre todo en el impulso a la expansión económica y a una mayor productividad, ya que ambos implican, en un contexto de estabilidad, más y mejores empleos, aumento de las remuneraciones reales y, eventualmente, una reducción en los precios de los bienes que integran la canasta de satisfactores básicos.
En consecuencia, para avanzar en esta dirección, resulta imprescindible construir las condiciones (altos índices de ahorro, un ambiente de certidumbre y un entorno amigable a la inversión, entre otros) que permitan acelerar el crecimiento económico, lo que supone una intensa labor de concertación política que las haga viables.
En este marco, la política social debe tanto contribuir a sentar las bases de una nación más incluyente, como privilegiar la ampliación de las capacidades y oportunidades de los más pobres.
De la evolución reciente de la pobreza y la desigualdad emana una amplia variedad de desafíos para la economía y la sociedad, así como para el funcionamiento de la democracia. Revisemos brevemente algunos de los más importantes.
1. México debe recorrer aún un largo trecho para acercar los niveles de vida de su población a los de los países desarrollados. Nuestra nación ocupó en 2003 el lugar 53 (de un total de 177 países) en el ordenamiento mundial generado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
No hay duda de que para elevar las condiciones de vida de las personas, alcanzar estadios superiores de desarrollo humano e insertarse más favorablemente en los mercados, México deberá continuar realizando cuantiosas inversiones sociales (y mejorar la eficiencia de las mismas) para alcanzar estadios superiores de desarrollo humano.
2. Los datos nacionales ocultan notables desigualdades regionales y su desagregación revela la existencia de “varios Méxicos”. En el ámbito municipal, por ejemplo, la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, ocupó en el año 2000 la primera posición, con un IDH no muy distante del que registran países como Italia y Alemania, en contraste con Metlatónoc, en Guerrero, que detenta la última posición, con un IDH similar al de países como Malawi, Zambia y República del Congo. Para avanzar hacia la igualdad de oportunidades, es preciso impulsar las estrategias regionales y territoriales de la política social y fortalecerlas tanto en el ámbito rural, como en el urbano.
3. En la actualidad, prácticamente la mitad de la población nacional es pobre, aunque la situación más apremiante la vive la quinta parte de los mexicanos, quienes cuentan con un ingreso insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación.
En este contexto de rezagos, no deja de sorprender que seis de cada 10 personas en el país opinen que los pobres lo son porque “no se esfuerzan lo suficiente”. Sin embargo, existe evidencia que revela que las posibilidades de salir de la pobreza guardan relación con la estructura de oportunidades y la acumulación de capacidades y activos. En México, quien accede a (y aprueba algún grado en) la escuela secundaria tiene una probabilidad 24% mayor de evitar la pobreza que quien sólo concluye la primaria (y es incluso 2.7 veces superior entre quienes aprueban el bachillerato y 6.2 veces mayor entre quienes cursan el nivel superior). Estos datos sugieren la necesidad de apoyar la acumulación de capacidades y activos generadores de ingreso entre los pobres y expandir las oportunidades para que puedan utilizarlos productivamente.
4. Además de las marcadas desigualdades regionales, es bien sabido que México tiene una de las distribuciones del ingreso más desiguales del mundo. Basta señalar que una persona ubicada en el 10% más pobre de la población (primer decil) tiene un ingreso 32 veces inferior al de quien se encuentra ubicado en el 10% más rico (último decil).
Esto significa que incluso con un crecimiento de 5% anual en sus ingresos reales, a las personas del decil más pobre les tomaría 72 años alcanzar el nivel de ingresos de quienes integran el último decil. Estas dolorosas asimetrías conspiran contra la formación de un mercado interno cada vez más amplio y, lo que es peor, se encuentran alojadas en la lógica de funcionamiento de muchas instituciones, lo que evidencia la urgente necesidad de llevar a cabo una profunda reforma que coloque la agenda a favor de la equidad en el centro de las prioridades nacionales.
5. Un hecho que llama la atención es que casi la mitad de los ciudadanos en el país opina que sus “padres vivían mejor” de lo que viven ellos hoy en día. Esta creencia es consistente con la idea de que el sistema de movilidad social se ha hecho más rígido. En México pasar de una generación a la siguiente desde el último estrato (jornaleros, ejidatarios y pequeños propietarios rurales) hasta el primero (profesionales, funcionarios y patrones) se ha vuelto cada vez más difícil: antes de 1982, la probabilidad de lograrlo era 20 veces menor comparada con la de quienes procedían intergeneracionalmente del primer estrato; más recientemente, ésta fue 40 veces menor. Este hallazgo sugiere que el papel de las instituciones sociales que operan a favor de una mayor equidad en el sistema de movilidad se ha ido debilitando, al tiempo que revela la necesidad de trastocar su desempeño con base en una adecuada estructura de incentivos. De no hacerlo, se corre el riesgo de que la migración hacia Estados Unidos se intensifique aún más, ya que una de las percepciones más arraigadas en el país es que este desplazamiento constituye el medio más efectivo para mejorar la condición social de las personas y sus familias.
Todos estos asuntos no agotan la agenda social, pero permiten identificar algunos de los más importantes nudos y desafíos que exigirán al próximo gobierno estructurar respuestas resueltas, imaginativas y audaces.
El autor es Premio Nacional de Demografía 2004; investigador del ITAM y fue subsecretario de Desarrollo Social en la actual administración (2002-2006).