Política industrial: hágala usted mismo

Los sectores manufacturero, en particular, y empresarial, en general, no deben esperar de las autoridades un plan de rescate industrial o un traje hecho a la medida con detalles de modernidad, petición que de manera reiterada se hace para instrumentar una política industrial. Y no es para menos, pues a eso nos acostumbraron anteriores gobiernos.

No es cuestión de planificación, pues el entorno actual nos obliga a guiarnos bajo la directriz de lo que en economía se llama “la mano invisible” y reorientar nuestras estrategias hacia mayores ventajas competitivas. En un escenario como el actual, volver al paternalismo sería tan grave como querer resguardar ineficiencias.

Para participar en el mundo global las empresas deben tener acceso a herramientas y medios que permitan su competitividad. En este sentido, una vez puesto en marcha el Programa de Apoyo a la Economía y el Decálogo para la Competitividad por parte de la Secretaría de Economía (SE) —ambos se dieron a conocer durante el primer trimestre de este año— es oportuno hacer algunas reflexiones sobre su posible impacto en la industria.

En principio, instrumentar una política para contrarrestar la recesión en la economía de Estados Unidos (EU) resulta importante para darle viabilidad al país en lo que resta de este año. Igual de trascendente es para un importante porcentaje de pequeñas y medianas empresas (pymes) manufactureras y de servicios penetrar en mercados regionales como el formado por México, eu y Canadá, u otros poco explorados como los de la Unión Europea (UE), África y Asia.

Para las empresas de menor tamaño existen, aunque parezca un tanto duro decirlo, los criterios de supervivencia y modernización, que son conceptos que van de la mano con las políticas de fomento industrial, las cuales, en muchos casos, no son directamente aplicables a la gran empresa, pues en la práctica no las necesitan.

El verdadero desafío es para las pymes y aquellas compañías que siguen pensando que la globalización está más allá de las fronteras y no en el propio territorio nacional, no sólo en términos de la plantilla laboral (técnicos y administrativos), sino más importante aún, en términos de capacitación, orientación y recursos tecnológicos y financieros indispensables para su desarrollo y expansión.

Tal desafío es crucial para su subsitencia. Con una pequeña dosis de sentido común es fácil coincidir en que dinamismo, tamaño, agilidad y apertura a la innovación son alcanzables en las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), ya que pueden adaptarse a las condiciones reinantes en el mercado y, como resultado, generar empleo y renovar su plataforma industrial. Sin embargo, aunque el tamaño les brinda flexibilidad, necesitan contar con apoyos públicos y privados para reforzar sus limitados recursos.

Es cierto, constantemente se menciona sobre la necesidad de impulsar el desarrollo de las empresas de menor tamaño por razones de todos conocidas: se encuentran distribuidas prácticamente en todo el país y alejadas de las grandes ciudades, además de ser grandes generadoras de empleo —tan sólo en el sector manufacturero se emplea a cerca de 50% de los trabajadores del país—.

De ahí que cuando hablemos de participación en la economía global, de tratados comerciales y de políticas para el fomento a la empresa no sólo debemos pensar en términos de dinero.

SIN PRETEXTOS

Existen facilidades para realizar análisis y pruebas de laboratorio, así como transferencia, adquisición y asimilación de tecnología y equipo a través de institutos de investigación y desarrollo como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); esto, independientemente de echar mano de las bolsas de tecnologías transferibles o de subcontratar procesos o acudir a los llamados Centros de Articulación Productiva (CAP´s), que en su mayoría son apoyados por la se.

Las mismas ramas industriales como la del calzado, electrónica y automotriz se han visto en la necesidad de poner en marcha, a través de las asociaciones y la academia, centros de desarrollo sectorial para apoyar a las pymes con pruebas de calidad, análisis y desarrollo de producto.

En cuanto al tema comercial, es claro el deseo de las autoridades y el sector privado de trabajar de forma conjunta en el impulso de la planta industrial y de las empresas prestadoras de servicios para incursionar en nuevos mercados y diversificar, en la medida de lo posible, los ya existentes.

De alguna manera, estamos aprendiendo a salir en busca de mercados diferentes a los que comprende el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y ya se perciben resultados positivos en términos de promoción de exportaciones —en los 80 exportábamos alrededor de 22 mdd en productos manufacturados al año y hoy cerca de 219,000 mdd —.

La problemática financiera de las empresas ha sido una constante en los últimos 30 años. Tradicionalmente, la asistencia ha sido mediante el otorgamiento de créditos y préstamos en forma limitada y a corto plazo, con renuencia a conceder préstamos a proyectos no echados a andar. Afortunadamente, ya hay mecanismos para garantizar el acceso a recursos por medio de instituciones clave como Nacional Financiera (Nafin) y el recién reestructurado Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), hoy ProMéxico. Aún así, las empresas carecen de crédito, ya que la mayoría (70%) se apalanca con sus mismos proveedores, lo cual vuelve muy endebles a las cadenas.

Respecto a cuestiones de administración corporativa, como sucede en diversos países de la ue, la interacción de empresas es de vital importancia si se desea consolidar la posición que ya se tiene en el mercado, en la planta industrial o en los sectores comercial y de servicios.

La orientación fundamental es la de constituir empresas integradoras —también se les conoce como tractoras o gacelas— para el suministro de materias primas e insumos, así como la adquisición de maquinaria y equipo y la comercialización de productos y servicios.

El gobierno federal y la iniciativa privada le están dando prioridad a ramas indust0n innovación. La razón es encaminar a México hacia procesos de mayor valor agregado incorporando para ello tecnología; esto es fácil de entender: se pretende generar mayor productividad, mano de obra altamente calificada y, por tanto, mejores salarios. Ahora toca el turno a un elemento siempre importante y en constante controversia: el aspecto laboral dentro de una política de fomento industrial.

Frecuentemente se menciona la necesidad de poner en marcha un acuerdo en materia de productividad, sin embargo, más allá de ese proyecto de alcance nacional, éste debe plantearse por giro de actividad, para fijar objetivos comunes de capacitación técnica y profesional, en tanto, instrumenten talleres de trabajo, seminarios y cursos de actualización.

Varias de las acciones tomadas por las autoridades mexicanas registraron un tipo de renacimiento empresarial de las pymes en países similares al nuestro en su estructura productiva; Italia, España y el sureste asiático son ejemplo de ello.

En suma, México requiere una política industrial de mediano y largo plazos que se constituya en un pilar de la competitividad industrial y ponga en marcha estrategias que fomenten el fortalecimiento de las cadenas de valor, definiendo la vocación industrial de México y estructurando incentivos a la inversión y el empleo.

Bajo una óptica de política pública, aplicar estas acciones revertirían la tendencia de deterioro de nuestra estructura industrial y la incompetencia económica —por no decir cuasi dependencia exportadora—. En suma, la modernización de la empresa es tarea del propio empresario, siendo labor del gobierno brindar las herramientas necesarias para construir su propio plan industrial.

Afortunadamente, aún sectores como el textil o zapatero, que han sido afectados por la llegada de productos asiáticos, están reorganizando sus cadenas, con el objetivo de compartir información en cuestión de diseño, moda, confort, etcétera.

El autor es economista y director del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIMME).