Este lunes, en España, entró en vigor la nueva ley del aborto, que permite a las jóvenes mayores de 16 años interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin informar a sus padres, desatando y ya con demandas ante el Tribunal Constitucional (TC).
voluntariamente dejará de ser un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho, justo cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa, en 1985, que ha permitido abortar a 1.3 millones de españolas.
La nueva norma, que ha generado una fuerte oposición de los sectores y de la Iglesia Católica, establece el hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto; siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
El conservador Partido Popular (PP, principal fuerza de la oposición) y el gobierno de la región de Navarra pidieron ante el TC la suspensión cautelar de ocho de sus artículos por entender que el "aborto libre" es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Carta Magna.
Asociaciones de médicos y discapacitados presentaron este lunes un recurso de amparo ante el Alto Tribunal, con el argumento de que la nueva legislación establece una diferencia “jurídicamente insostenible” sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior, a cuya vida se puede poner fin en el .
En la ley “no hay ninguna preocupación ni ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas, que han sido quienes han movido esta ley”, dijo el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), Javier María Pérez Roldán, tras registrar el recurso de amparo.
Ante esa reacción, el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que los recursos interpuestos contra la ley no crean ninguna "inseguridad jurídica", y se mostró convencido de la constitucionalidad de la norma.