'Chuzadas', la palabra que deja Uribe como legado en Colombia
Uno de los considerados “lunares” del recién terminado gobierno de Álvaro Uribe en Colombia fue la interceptación ilegal de conversaciones telefónicas a miembros de la oposición, periodistas y magistrados de las Cortes.
El escándalo de las chuzadas –como se le conoce en Colombia a las interceptaciones ilegales- salió a la luz pública por los medios de comunicación a lo largo de los años del mandato de Uribe y ahora está empezando a comprometer disciplinaria y legalmente no sólo a los principales actores materiales en el caso sino también a altos funcionarios cercanos al entonces presidente Uribe, quienes habrían ordenado esas operaciones.
“Hubo dos periodos de las chuzadas”, le dijo a CNNMéxico Alfonso Cuéllar, editor en jefe de la revista Semana. “El primero, en 2005, cuando hubo la persecución a periodistas y a personas de la oposición por ser de izquierda”, dijo. “Y el segundo periodo fue entre 2007 y 2009 cuando se reveló además el seguimiento a los magistrados de las Cortes”, explicó Cuéllar.
Las chuzadas
El ya extenso proceso ha tenido un protagonista: el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia del estado colombiano.
El DAS ha sido, desde la dirección de Jorge Noguera en 2005, centro de varios escándalos, entre los que se encuentra vínculos con grupos paramilitares. Desde 2005 los principales medios de comunicación en ese país dieron a conocer las supuestas interceptaciones telefónicas a varias personalidades políticas y del periodismo.
En octubre de 2005 Noguera fue destituido y encarcelado por su responsabilidad en la infiltración de paramilitares en el DAS.
El noticiero Noticias Uno reveló en febrero de 2008 una conversación telefónica entre el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia. Desde entonces se prendieron las alarmas en los medios para saber quién estaba detrás de las interceptaciones y con qué motivo.
En febrero de 2009 la revista Semana publicó el reportaje “El DAS sigue grabando”, una investigación que daba cuenta de cómo la agencia grababa conversaciones a figuras de la vida política nacional y las ponía a la disposición de grupos armados ilegales.
Ante la presión de los medios de comunicación, informó Semana, muchos documentos que registraban las grabaciones fueron destruidos, y según los detectives que hablaron con la revista se intentaba “controlar” a personajes como Gustavo Petro, político opositor y luego candidato a la presidencia por el partido Polo, y a Piedad Córdoba , una de las principales opositoras del gobierno de Uribe en el congreso (y quien el 27 de septiembre de este año fue destituida e inhabilitada para cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación por “colaborar” con la guerrilla de las FARC), entre otros.
Uno de los principales blancos de las acciones de las direcciones de inteligencia y contrainteligencia del DAS fue el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, al que le hicieron le hicieron extensivo seguimiento a todas su actividades y le interceptaron 1,900 llamadas telefónicas, reportó Semana.
La razón, dijeron las fuentes de la revista, fue que el entonces presidente Uribe dijo en 2007 que el magistrado Velásquez “fabricó testimonios en su contra” y que presionó al paramilitar alias Tasmania para que relacionara al presidente con los paramilitares. Desde entonces el DAS le hizo seguimiento constante a Velásquez.
Otros cuatro miembros de la Corte Suprema también habían sido ‘chuzados’.
Además de los políticos y magistrados, Semana reveló también que otras víctimas centrales fueron algunos periodistas, como Félix de Bedout de W Radio; Julio Sánchez Cristo, director de W Radio; Darío Arizmendi, director de Caracol Radio; Alejandro Santos, director de Semana; Daniel Coronell, director de Noticias Uno; y además el abogado y columnista de El Espectador Ramiro Bejarano.
Según le dijo un detective de contrainteligencia a la revista, la intención del DAS con los periodistas era saber “en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el hecho y expresó preocupación de que los escoltas del DAS asignados por el Estado para proteger periodistas amenazados “vigilen y documenten las actuaciones de éstos en vez de cumplir estrictamente con su mandato de protección.”
Investigaciones y sanciones
Desde entonces, la Fiscalía asumió la investigación penal del caso y la Procuraduría abrió expediente de investigación.
En agosto de este año (recién finalizado el gobierno de Uribe), cuatro ex funcionarios del DAS involucrados en el escándalo firmaron preacuerdos con la Fiscalía para dar información sobre el origen de las órdenes de las chuzadas: Jorge Lagos (ex subdirector de Contrainteligencia), Fernando Tabares (director de Inteligencia), Martha Leal (ex directora de Análisis) y Alba Luz Flórez (la detective que se encargó de la operación directa de grabación a magistrados).
Esos testigos clave y sus versiones dieron pie a que la Procuraduría General de la Nación sancionara a tres ex directores del DAS (Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Rosario Guerra), al ex subdirector general, José Narváez, al subdirector de Operaciones Carlos Arzayús, a Tabares, a Lagos, al ex director de la Unidad de Análisis Financiero, Mario Aranguren (a quien Uribe defendió) y al entonces secretario general de la Presidencia (de Uribe), Bernardo Moreno.
La sanción es de destitución y de inhabilidad para ocupar cargos públicos, por varios años (Moreno, por ejemplo, por 18 años; Noguera, por 20).
Según el fallo de la Procuraduría, el ex secretario de Presidencia, “se extralimitó de sus funciones” al reunirse con los funcionarios de inteligencia para obtener “información reservada”.
Moreno dijo el 7 de octubre a los medios de comunicación que no sabía qué se hacía en el DAS.
El caso de Moreno es importante y delicado porque sugiere una relación directa entre el gobierno y las interceptaciones ilegales: según dijo Tabares, el ex jefe de inteligencia del DAS, a la Fiscalía, Moreno influyó en las labores de inteligencia del DAS para obtener información sobre la Corte Suprema y Piedad Córdoba.
Tabares además aseguró que Moreno había dicho que esas informaciones eran de “interés” de la Presidencia. El ex subdirector de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos también menciona a Moreno en su testimonio.
El futuro y el papel de Uribe
Para Alfonso Cuéllar, editor jefe de Semana, el fallo de la Procuraduría permite creer las chuzadas no serán actividades recurrentes del ejecutivo en el futuro.
“Es menos probable que un gobierno futuro opte por ese camino”, dijo Cuéllar a CNNMéxico. “El hecho de que la Procuraduría investigue y sancione hace difícil que se siga haciendo”.
El periodista, parte del equipo que recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación este año por el reportaje sobre este caso, aseguró que son importantes las investigaciones que se están llevando a cabo en la Procuraduría y la Fiscalía.
Para los periodistas y políticos que fueron ‘chuzados’, las investigaciones serían entonces una garantía de que esos mecanismos ilegales de control no se repetirán.
“Es un paso para conocer la verdad acerca de estos vergonzosos episodios”, le dijo a Caracol Radio el magistrado César Julio Valencia, uno de los afectados. “Falta que se sepan muchos más hechos, estoy seguro de que si se investiga cómo se debe, se conocerán otras personas”.
¿Es Uribe una de ellas? No se sabe aún. “Hay que determinar si lo que se hizo fue a espaldas de Uribe o no”, dijo Cuéllar.
Para analistas como Dora Montero Carvajal del medio especializado en política LaSillaVacía.com, el fallo de la Procuraduría “no hace más que acercar la responsabilidad de los seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS al ex presidente Álvaro Uribe.”
Sin embargo, al ex presidente Uribe sólo lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (la única con facultad investigar a presidentes o ex presidentes), una comisión ocupada en su mayoría por congresistas uribistas: de los 15 miembros, 11 pertenecen a los partidos que formaron parte de la coalición de gobierno de la administración de Uribe.
Y hasta ahora, en esa comisión no hay ninguna denuncia contra Uribe por este caso particular.
Sólo el avance de las investigaciones puede establecer cuál fue el papel de Uribe en todo el caso.
“Eso está por verse”, dijo Cuéllar.
