El 70% de los militares de Estados Unidos está a favor de eliminar la política que prohíbe el ingreso al ejército de personas abiertamente homosexuales, de acuerdo con una investigación del Departamento de Defensa sobre el posible impacto de abolir la medida.
La mayoría de los consultados en el estudio dijo que el efecto de acabar con la política de sería "positivo, mixto o inexistente".
El diario estadounidense The Washington Post tuvo acceso a los resultados del informe y los publicó en su página web este jueves.
La investigación, que será entregada el 1 de diciembre al presidente Barack Obama, ha llevado a sus autores a concluir que las objeciones a los soldados abiertamente homosexuales se disiparán una vez que los militares convivan y trabajen con ellos.
Obama prometió que acabará con la política de No preguntes y no digas, aunque . La medida fue aprobada por el gobierno del demócrata Bill Clinton en 1993.
Según The Washington Post, el secretario de Defensa, Robert Gates, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, y los líderes civiles y militares de los cuatro cuerpos del ejército recibieron la semana pasada copias del informe, de 370 páginas y dividido en dos secciones. La primera explora si abolir la política dañaría la moral o la disposición del ejército.
Esa sección menciona los resultados de una encuesta enviada durante el verano a 400,000 militares activos y en reserva. Otro cuestionario adicional se mandó a las esposas y los esposos de 150,000 militares.
La segunda parte del informe presenta un plan para acabar con la prohibición, que podría servir de guía si los líderes del ejército están de acuerdo.
La jueza federal Virginia Phillips , un mes después de declarar inconstitucional la medida.
El gobierno apeló el fallo para aplazar el bloqueo de la ley y un tribunal federal de apelaciones .
El tribunal votó a favor de dejar la ley en vigor, mientras revisa si viola la libertad de expresión y el debido proceso de los homosexuales que quieran servir en el ejército. El proceso podría durar semanas o incluso meses.
La Casa Blanca está a favor de una transición ordenada y se opone a una orden judicial que entre en vigor de forma inmediata, algo que, en su opinión, causaría grandes contratiempos en el ejército.